Negó su contrato de alquiler en 2019 y en 2025 lo mostró para no irse: procede el desahucio
Ordenado el lanzamiento de un ocupante cuyo contrato de 2013 expiró en 2018 y que no acreditó pagos de renta
(Imagen: E&J)
Negó su contrato de alquiler en 2019 y en 2025 lo mostró para no irse: procede el desahucio
Ordenado el lanzamiento de un ocupante cuyo contrato de 2013 expiró en 2018 y que no acreditó pagos de renta
(Imagen: E&J)
Una persona ocupa desde 2013 una vivienda gestionada por una empresa. Cuando se la reclaman, enseña un contrato de alquiler firmado ese año. Pero en un pleito anterior, en 2019, había negado que ese contrato existiera. La Audiencia Provincial de Alicante ha dado la razón a la gestora: el ocupante tiene que irse.
La Sección Quinta revoca la decisión del Juzgado de Dénia y estima el desahucio por precario que había planteado Alquileres Residenciales y Turísticos Blue Hills, S.L., gestora del inmueble por cesión de su propietaria.
La gestora sostenía que el demandado permanecía en la vivienda sin título que legitimara su posesión. Él se defendió con un contrato de arrendamiento suscrito el 28 de mayo de 2013 con la anterior gestora del inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia de Dénia le dio la razón el 16 de junio de 2026. Entendió que el contrato era título suficiente para excluir el precario, que nadie había acreditado su extinción ni la voluntad de no renovarlo, y que no cabía descartar la tácita reconducción. Condenó en costas a la gestora.
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Diez años sin un solo recibo
La Audiencia Provincial toma otro camino. Reconoce que el contrato demuestra cómo empezó la ocupación, pero no que la relación arrendaticia siguiera viva más de diez años después. La doctrina del Tribunal Supremo, recogida en la STS 557/2013, de 19 de septiembre, permite hablar de precario sobrevenido cuando un arrendamiento deja de operar en la práctica, sin pago de renta ni otros actos propios de su ejecución.

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Eso es lo que aprecia aquí. La Sala subraya que no consta ningún recibo, transferencia o consignación de renta, ni actualización de su importe, ni reclamación de cantidades, ni comunicaciones entre las partes. Tampoco se trata de considerar extinguido el contrato por la mera falta de recibos, aclara.
Pero, una vez acreditado el derecho de la gestora a recuperar la posesión, correspondía al demandado probar que su título seguía vigente y que pagaba la renta, hechos que estaban a su alcance.
La contradicción de 2019
El elemento más llamativo está en el historial judicial del propio demandado. En un procedimiento anterior de desahucio por falta de pago, seguido en 2019, negó que existiera relación arrendaticia. En este nuevo proceso invoca precisamente el contrato de 2013 como título de su posesión.
La Audiencia no convierte esa incoherencia en una aplicación automática de la doctrina de los actos propios. Afirma que la contradicción no impide, por sí sola, aportar y valorar el contrato. Pero la califica de dato probatorio relevante, difícil de conciliar con la supuesta subsistencia de un arrendamiento efectivo durante todo ese tiempo.
El propio contrato juega en su contra. Se pactó por un año, prorrogable hasta un máximo de cinco, y al término de ese plazo el arrendatario debía abandonar la vivienda sin necesidad de requerimiento. El periodo máximo concluyó el 28 de mayo de 2018.
La Sala añade un argumento subsidiario: aunque después hubiera operado alguna prórroga legal o tácita reconducción, la demanda de 2019 contra el mismo demandado constituye una manifestación inequívoca de voluntad contraria a la continuación de la posesión, incompatible con la aquiescencia exigida para esas renovaciones.

(Imagen: E&J)
Qué ordena el fallo
La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución) declara que el demandado ocupa la vivienda sin título vigente y le condena a dejarla libre, vacua y expedita, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hace en el plazo legal. Las costas de ambas instancias corren a su cargo y se devuelve a la gestora el depósito constituido para recurrir.
Contra la resolución cabe recurso de casación en el plazo de veinte días, con un depósito de 50 euros, salvo en los supuestos de exención legal.
La resolución deja una lección para quienes alquilan y para quienes gestionan viviendas. El contrato escrito no basta si no se acompaña de la conducta que lo acredita. Conservar justificantes de pago y mantener una posición coherente entre procesos pesa tanto como el papel firmado hace años.


