La Carta de Derechos Digitales nace con la intención de «no dejar a nadie atrás en la transformación digital»

El Gobierno de España ha presentado oficialmente la Carta de Derechos Digitales coincidiendo con la clausura del curso «La Protección de los Derechos en la Sociedad Digital: garantías para tiempos de crisis«, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Gabeiras para el Derecho y la Cultura.

«No dejar a nadie atrás en la transformación digital»

El documento no tiene carácter vinculante y tiene como objetivo adaptar los derechos básicos de la Constitución española a las nuevas dinámicas de la sociedad digital.

Susana de la Sierra, directora del curso, ha participado en el grupo de expertos consultados para elaborar la aludida Carta de Derechos Digitales. Durante su ponencia en el encuentro académico, ha señalado que con la digitalización “se corre el riesgo de que se abra una brecha entre personas o colectivos” y ha apuntado que el texto tiene como objetivo “no dejar a nadie atrás en la transformación digital”.

Susana de la Sierra, directora del curso «La Protección de los Derechos en la Sociedad Digital: garantías para tiempos de crisis» (FUENTE: UIMP)

¿Qué es la Carta de Contenidos Digitales?

Con la intención de profundizar en el contenido del documento inédito en el marco jurídico europeo, E&J se ha puesto en contacto con Susana de la Sierra para poder conocer de primera mano qué novedades aporta la Carta de Contenidos Digitales.

«La Carta de Derechos Digitales es un documento que insta a adoptar medidas normativas y políticas públicas. La igualdad es el frontispicio de toda la Carta y se pretende afrontar las brechas digitales en todas sus manifestaciones: de género, por edad, por discapacidad o en el entorno rural», razona De la Sierra.

«La igualdad es el frontispicio de toda la Carta»

Asimismo, «en la Carta conviven derechos clásicos, como la libertad de expresión e información, actualizados a los nuevos contextos, con derechos y principios de nuevo cuño, como los relativos a la inteligencia artificial o a las neurociencias. Un lugar destacado ocupan los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas, donde se reconoce el derecho a tener una alternativa analógica a los trámites digitales o el derecho a conocer cómo se han tomado las decisiones cuando se ha utilizado un algoritmo en el proceso», concluye la experta.

«La presentación de la Carta de Derechos Digitales ha coincidido con la clausura del curso». (FUENTE: UIMP)

Contenido

La Carta está formada por seis ejes de derechos en 28 apartados, que se estructuran en: derechos de libertad; de igualdad; de participación; laborales; derechos digitales en entornos específicos y garantías y eficacia.

Durante su intervención en el acto de presentación de la Carta, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno ha destacado la necesidad de “digitalizar el país”, un proceso que “conlleva unos riesgos” que deben de mitigarse. “Se trata de reconocer y ampliar los derechos de la ciudadanía”, ha recalcado Sánchez.

“Hay que garantizar el carácter humano en la transición tecnológica”, ha subrayado.

Por su parte, De la Sierra ha indicado que el punto de partida es “asegurar la dignidad de la persona”, un proceso que se conoce como digitalización humanista, un elemento en el que según ha señalado “es pionero” en Europa.

«No se ha reconocido el derecho al anonimato en la red»

En la misma línea, ha subrayado el derecho a “ser quien quiera uno ser” en la red, en relación a  la creación de perfiles en diferentes plataformas, así como el derecho al pseudonimato. “No se ha reconocido el derecho al anonimato en la red, porque si se comete un delito, tiene que responder alguien”, ha advertido.

Además, la experta ha destacado el derecho a la alternativa analógica. “Se consagra el derecho en que en los entornos digitales siempre haya una alternativa analógica, ya que el acceso a la digitalización no es igual en todos lados”, destacando que así “no se deja a nadie atrás”.

Por último, ante el posible escenario de que se formulen juzgados específicos para la resolución de litigios digitales, la experta ha considerado que “es difícil” y se ha mostrado en contra, aunque ha apuntado la necesidad de “que se genere una mayor especialización de los órganos judiciales” en temas digitales.