Antes o después Hacienda deberá responder por los perjuicios generados a muchos ciudadanos

El Tribunal Constitucional estudia anular el valor de referencia, base mínima usada por Hacienda para calcular el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) desde el año 2022.

La Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal introdujo el “valor de referencia” como valor mínimo fiscal a efectos de tributos cedidos.

Ha sido admitida a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este alto tribunal considera que el valor de referencia tiene por base una metodología oscura que concluye en valores imprecisos y que no coinciden con el valor real de mercado. Esta imprecisión ha provocado que muchos contribuyentes pagaran más de lo debido. En estos supuestos, Hacienda habría generado muchos perjuicios a los contribuyentes.

Si, como parece posible en base a criterios de técnica jurídica, el Tribunal Constitucional anula el valor de referencia, los perjudicados podrán exigir la devolución de cantidades pagadas indebidamente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• Que la operación se haya perfeccionado a partir del 1 de enero de 2022.

• Que el valor de referencia utilizado fuera superior al valor real de mercado del inmueble.

• Que el contribuyente haya utilizado el valor de referencia en su declaración o Hacienda lo hubiera considerado en la liquidación.

• Que el procedimiento no esté concluso o se encuentre en vía de revisión.

(Imagen: E&J)

Conclusión

Lo realmente grave es que nuestra autoridad fiscal siga sometiendo a los ciudadanos españoles a una inseguridad jurídica propia de un país subdesarrollado, sin que nadie se haga responsable de los perjuicios económicos que se generan a los contribuyentes. El Impuesto de Sucesiones, que la mayoría de países de nuestro entorno han suprimido por implicar una doble tributación, no solo atenta “per se”, por su propia naturaleza, contra nuestro orden constitucional, sino que, además, por si fuera poco lo dicho, su aplicación a supuestos concretos está gobernada por una especie de arbitrariedad medieval que, aun sin probablemente ser intencionada, genera efectos tan dañinos como si lo fuera.

España cuenta con un cuerpo de Inspectores y Subinspectores de Hacienda admirable por su preparación. Es imperdonable que no tengan a su alcance una normativa precisa, justa y clara para realizar su función.

Lo que es evidente es que, antes o después, se pedirán responsabilidades por los perjuicios generados a muchos ciudadanos desde la tribuna del poder fiscal. La ciudadanía merece siempre respeto, y en especial de aquellos que ostentan el poder.