PremiumAsufin reclama una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fuerte que cumpla su deber disuasorio contra las malas prácticas
Destaca que el organismo ha de dotarse de una financiación adecuada para que pueda desempeñar con eficacia sus funciones
"Sin músculo económico, nos exponemos a que corra la misma suerte que los juzgados especializados, sin capacidad resolutiva y auténtico embudo de procedimientos", señala la presidenta de Asufin, Patricia Suárez. (Imagen: Asufin)
Asufin reclama una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fuerte que cumpla su deber disuasorio contra las malas prácticas
Destaca que el organismo ha de dotarse de una financiación adecuada para que pueda desempeñar con eficacia sus funciones
"Sin músculo económico, nos exponemos a que corra la misma suerte que los juzgados especializados, sin capacidad resolutiva y auténtico embudo de procedimientos", señala la presidenta de Asufin, Patricia Suárez. (Imagen: Asufin)
La Asociación Usuarios Financieros (Asufin) ha vuelto a reclamar hoy una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fuerte que cumpla su deber disuasorio contra las malas prácticas. Un Proyecto de Ley al que el Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde, de nuevo, tras decaer por el adelanto electoral y que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Con la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, podrán presentar reclamaciones ante la Autoridad las personas físicas o jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por el Tribunal Supremo (TS) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o en su caso, hayan sido inscritas con tal carácter en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
Podrán presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atenderá las reclamaciones de forma ágil, en un plazo máximo de 90 días, y gratuita
La Autoridad de Defensa del #ClienteFinanciero integrará las funciones de los servicios de reclamación de lo distintos organismos supervisores.
➡️Los clientes podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita y ágil y se atenderán en un plazo máximo de 90 días. pic.twitter.com/FVR1nmoJl0
— Economía, Comercio y Empresa (@_minecogob) March 19, 2024
«Ahora sale adelante en un contexto de prórroga presupuestaria que tendrá que ser salvado con una ampliación extraordinaria que, exigimos, colme las expectativas creadas», señala la presidenta de Asufin, Patricia Suárez. «Sin músculo económico, nos exponemos a que corra la misma suerte que los juzgados especializados, sin capacidad resolutiva y auténtico embudo de procedimientos», advierte.
Por ello, reclama que la Autoridad Bancaria «se dote de protagonismo, independencia y, sobre todo, recursos, económicos y humanos, para que pueda servir a su propósito: evitar la judicialización de las reclamaciones de los usuarios bancarios y disuadir a las entidades de cometer malas prácticas».
«Las asociaciones de consumidores recibimos de manera constante ejemplos de malas prácticas que de manera indefectible pasan a formar parte del trabajo ingente de los juzgados, lo que crea un auténtico embudo, con procedimientos que tardan años y años en resolverse», expone Suárez, y denuncia que «esto da como resultado que miles y miles de consumidores que se vean disuadidos de reclamar, máxime cuando son cantidades de dinero poco relevantes». Según explica, lo ven a diario con los gastos hipotecarios, por ejemplo.
El Gobierno ha recuperado el mismo texto, sobre el que Asufin reitera su observación sobre la tasa que financiará el organismo, uno de los elementos que considera clave para asegurar el desempeño «con eficacia» de la Autoridad. «Finalmente, en vez del pago fijo de 250 euros por reclamación, decidió modularse dicha cuantía, por lo que nos parece que es necesario que se asegure la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios», señala Suárez.
Por otra parte, indica que el texto «diluyó» la presencia de las asociaciones de consumidores en el consejo consultivo de la Autoridad, reduciendo de tres a uno sus miembros, siendo ocupados los otros dos por asociaciones de mayores y de discapacitados. «Consumidores somos todos y la representación que ejercemos las asociaciones de consumidores es inclusiva e integradora», subraya Asufin.
Tarjetas de crédito. (Imagen: E&J)
También pone el foco en que el dinero que se recaudará de las multas a las entidades financieras será ingresado en el Tesoro, «sin mención alguna que se tenga que destinar a ningún fin en pro de la mejora de la educación financiera o similar».
Esta asociación ve positivo que las reclamaciones de la Autoridad que finalmente pasen a ser vistas en los juzgados se harán en el fuero del cliente. Es decir, serán competentes los juzgados de primera instancia que tengan su sede en la capital de la provincia del domicilio del cliente.
En general, también le parece positivo «la gran observancia para con los asuntos que atañen al colectivo de los mayores, discapacitados y otros colectivos en riesgo de exclusión. Y muy especialmente todas las mejoras en torno al cumplimiento de la legalidad a la hora de contratar las cuentas básicas de pago».
Asimismo, celebra que se haya llegado a un acuerdo con los documentos pedidos para abrir las cuentas básicas a los colectivos más vulnerables, como los que se encuentran en situación irregular en nuestro país, pero no pueden ser expulsados. En esos casos, de manera excepcional y con autorización de los servicios sociales, las entidades que integran a estos colectivos podrán emitir certificados de exclusión financiera para facilitar y agilizar esos procesos de aperturas de cuenta.
