Bruselas acuerda impulsar la reforma del mercado eléctrico para buscar más estabilidad en los precios de la energía

Los ministros de Energía de la UE han alcanzado un acuerdo largamente esperado sobre la llamada reforma del mercado eléctrico, destinada a proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios y acelerar el despliegue de las energías renovables.

Las conversaciones llevaban meses estancadas por el enfrentamiento entre Francia y Alemania en torno a los llamados Contratos por Diferencia (CfD), contratos a largo plazo que permitirían a los gobiernos captar los ingresos extra que recibían las eléctricas al subir los precios.

La reforma, que aún debe negociarse con el Parlamento Europeo, promete dar estabilidad a largo plazo a los mercados eléctricos de la UE, al tiempo que evita picos inesperados en las facturas de los consumidores.

«Me enorgullece decir que hoy hemos dado un paso estratégico para el futuro de la UE. Hemos logrado un acuerdo que habría sido inimaginable hace sólo un par de años», aseguraba Teresa Ribera vicepresidenta en funciones del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica.

«Gracias a este acuerdo, los consumidores de toda la UE podrán beneficiarse de unos precios de la energía mucho más estables, de una menor dependencia del precio de los combustibles fósiles y de una mayor protección frente a futuras crisis. También aceleraremos el despliegue de las energías renovables, una fuente de energía más barata y limpia para nuestros ciudadanos», añadió.

El objetivo de la reforma es hacer que el coste de la electricidad dependa menos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, proteger a los consumidores de las subidas bruscas de precios, acelerar la implantación de las energías renovables y mejorar la protección de los consumidores.

Juristas expertos en el sector de la energía y profesionales vinculados al derecho de consumo hacen su valoración para Economist & Jurist de esta reforma del mercado de la electricidad de la UE que también incluye un Reglamento centrado en mejorar la protección de la Unión contra la manipulación del mercado mediante la mejora del el seguimiento y la transparencia (RITME).

Hará falta un desarrollo regulatorio intenso

Ignacio Grangel dirige el Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Es abogado del Estado y cuenta con una amplia experiencia profesional en todos los ámbitos vinculados con las Administraciones Públicas y los sectores regulados, en especial, el energético. A su juicio, “el anuncio del acuerdo alcanzado por el Consejo europeo para la reforma del mercado de electricidad puede analizarse únicamente desde una perspectiva general”.

A su juicio, “esto es debido a que se ha llegado a un pronunciamiento de principios y medidas que precisan ser redactados, unificados y seguramente excepcionadas en muchos puntos, a fin de llegar a un texto definitivo, vinculante y que requerirá, además, un desarrollo regulatorio intenso y prolongado en los próximos años”.

En su opinión, “la única medida que previsiblemente sea posible aplicar a corto plazo, teniendo en cuenta la intención de la presidencia española de culminar la aprobación del conjunto de este paquete normativo antes de fin de año, es la relativa a la posibilidad de los Estados miembros de aplicar un tope a los ingresos de productores inframarginales, como las instalaciones de energías renovables, hasta el 30 de junio de 2024”.

Este experto señala que “uno de los principales objetivos es aumentar la contratación a plazo a través de examinar y eliminar los procedimientos y cargos que obstaculizan su desarrollo y crear sistemas de garantía públicos y privados. En consecuencia, se acoge una pretensión tradicional en el mercado ibérico, cual es aumentar la contratación y liquidez del mercado de futuros”.

“También se ha acordado que los esquemas de financiación públicos deberán articularse a través de contratos por diferencias (básicamente el productor tiene la garantía de recibir el precio fijado en el contrato debiendo devolver el exceso si el precio de mercado es superior), aplicables a inversiones en nuevas instalaciones de tecnología eólica, solar, geotermia, hidroeléctrica fluyente, así como nucleares”, apunta.

Ignacio Grangel (Foto: CMS Albiñana & Suárez de Lezo)

Desde su punto de vista, “la aplicación de este sistema, similar al ya contemplado en las últimas subastas a precio fijo en el sistema eléctrico español, se aplicaría con carácter obligatorio en un plazo de tres años desde la entrada en vigor del futuro Reglamento. El acuerdo prevé ingresos a favor de los sistemas eléctricos nacionales ya que contempla su destino a fin de compensar las facturas de los clientes finales”.

Grangel destaca que “debe atenderse a que estas medidas no suponen una modificación del sistema de fijación de precios del mercado marginalista, sino más bien la adopción de medidas para que nuevas instalaciones no se vean beneficiadas por el mismo y la reducción de la exposición de una parte de la energía comercializada a los precios de los mercados mayoristas”.

“Se parte, en consecuencia, de una premisa cual es que el consumidor debe asumir un coste a fin de que el aumento de los precios del mercado mayorista no le apliquen al igual que la reducción del mismo. Es una tendencia que se ha ido produciendo en la regulación europea en los últimos meses y que responde a la coyuntura del aumento de precios de determinadas materias primas como el gas”, comenta.

También señala que “en la misma línea se recupera bajo el nombre de ‘mecanismo de capacidad’, lo que tradicionalmente se ha articulado como ‘pagos por capacidad’ permitiendo que se abonen a instalaciones de combustibles fósiles, incluyendo carbón, hasta 2028”.

Desde su punto de vista, “esta medida está orientada a mantener en el mix energético las instalaciones que deberían acatar obligaciones de servicio público (remuneradas) para mantener la seguridad del suministro eléctrico. Responde a la necesidad producida por el menor precio marginal de las instalaciones renovables y su intermitencia y si bien no modifica el mercado, supondrá trasladar un coste al consumidor en su factura”.

Para este experto, “es difícil evaluar el impacto real de estas medidas hasta el conocimiento pormenorizado de su redacción que a su vez será resultado de las negociaciones aún por culminar. Debe tenerse presente el voto en contra de Hungría y el difícil equilibrio alcanzado por los distintos intereses de Francia y Alemania, entre otros”.

“De este modo, la prevención general a efectuar es que hasta su aprobación e incluso, concreción regulatoria en cada uno de los Estados miembros, no se podrá valorar el impacto en el precio del mercado y en la garantía de suministro, objetivo final de estas medidas, entre las que las energías renovables han perdido su tradicional y lógico protagonismo en la regulación de los últimos años”, advierte.

Frenar la escalada de precios energéticos

Por su parte, Ramon Vázquez del Rey, socio de Derecho Público y Regulatorio de Fieldfisher en España, explica que “la razón de dicha reforma parte de la crisis energética padecida en 2022 en la que se aumentó bruscamente los precios de la energía que llegaron a un promedio de 339 euros/MWh, un 222% más que en el mismo período un año antes, que se sumó al incremento de la demanda post-Covid”.

A su juicio, “técnicamente, la propuesta forma parte de una reforma más amplia de la configuración del mercado de la electricidad de la UE propuesta por la Comisión en marzo de 2023”.

Este abogado subraya que “según la información disponible hasta la fecha, la posición del Consejo confirma la naturaleza marginalista intrínseca del mercado mayorista, puesto que se sigue abogando por un mercado diario e intradiario que no sea discriminatorio con los productores y los compradores”.

Sobre la reforma, indica que “la principal novedad que ha surgido es la promoción de la contratación a plazo para las nuevas inversiones en generación renovable (y nucleares) que perciban apoyo público”.

A este respecto, “se da carta de naturaleza en bloque a los Contratos por Diferencias (CfD, por sus siglas en inglés). Estos CfD, habituales en el Reino Unido, se firman entre un generador y una autoridad estatal por un periodo prolongado (hasta 15 años), y con unas bandas dentro de las cual los precios de la electricidad pueden fluctuar libremente, sin penalizaciones. Ya también tenemos conocimiento por su precedente de las subastas de renovables ya celebradas en nuestro país”, comenta.

Ramón Vázquez del Rey (Foto: Fieldfisher)

Vázquez advierte que “estos CfD serán obligatorios en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la reforma (con ampliación a cinco años para determinados proyectos híbridos off-shore)”. Además, revela que “en definitiva, se trata de ayudas del Estado, por lo que han de someterse a la normativa exigente sobre éstas, lo que favorece la competencia y la competitividad de la economía UE”.

También indica que “los Estados miembros también han de fomentar la suscripción de PPAs (contratos de energía a largo plazo, que ya son bien conocidos en España), otorgando preferencia en el otorgamiento de ayudas públicas a proyectos con PPAs renovables ya comprometidos, escenarios normativos revisables cada tres años. Ya se prevé en España el otorgamiento garantías estatales para el sector industrial electrointensivo”.

Al mismo tiempo, subraya que “resulta especialmente relevante los avances referidos a los mercados de capacidad, que dotan de mayor flexibilidad y suponen un respaldo para la garantía de suministro especialmente relevante para dar respaldo a la penetración de renovables contemplada en el PNIEC y al almacenamiento”.

“Sobre este particular, se elimina su temporalidad a 10 años, lo que supone dotar de certidumbre para los ciclos combinados. El Consejo ha introducido una excepción a los requisitos existentes en relación con los límites de emisiones de CO₂ para que los generadores reciban apoyo de los mecanismos de capacidad, en condiciones estrictas y hasta el 31 de diciembre de 2028”, comenta.

Para este jurista “desde luego una última medida muy necesaria es agilizar los procedimientos de aprobación de los mecanismos de capacidad. Actualmente rondan unos diez años”. En su opinión, “este acuerdo permite la apertura de negociaciones (con sus detalles) en el trílogo, cuyo resultado deberá ser adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento. Todo para antes de las elecciones europeas de 2024”.

“Lamentablemente la vulnerabilidad de las redes (gasoductos Nord-Stream y Balticconnector) y el conflicto en Gaza e Israel abundan en la necesidad de alcanzar acuerdos que tiendan a rebajar su exposición a la evolución de los precios de los combustibles fósiles”, indica.

El impacto en los consumidores

Sobre el impacto en los consumidores de esta reforma del mercado eléctrico en la, Carmen Redondo, responsable de relaciones Institucionales de HISPACOOP, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y consejera en el Consejo Consultivo de Electricidad (CNMC), señala que “la reforma del mercado eléctrico europeo promete dar una mayor estabilidad a largo plazo a los mercados eléctricos de la Unión, al tiempo que pretende evitar los picos inesperados de los precios que se han venido produciendo en los años previos, especialmente en el 2022, donde todos hemos estado atónitos ante los continuos incrementos de los precios de la energía eléctrica, que se han traducido en un aumento exacerbado de las facturas de electricidad de los consumidores domésticos, perjudicando especialmente a los vulnerables”

A su juicio, “lo cierto de todo esto es que luchar contra la volatilidad es una tarea fácil de plantear, pero difícil de trasladar a la realidad”.

“En cuanto a las personas consumidoras, se ha pactado reforzar su protección estableciendo la libre elección del suministrador y la posibilidad de acceder a precios dinámicos de la electricidad, además de contratos de duración determinada y contratos de precio fijo, salvo que los suministradores no ofrezcan contratos fijos, y siempre y cuando no se reduzca la disponibilidad global de estos contratos fijos”, comenta.

Al mismo tiempo, Redondo indica que “igualmente, se ha acordado la protección de los clientes vulnerables ante las posibles desconexiones de suministro mediante la introducción de los sistemas de “proveedor de último recurso”, garantizando la continuidad del suministro eléctrico, al menos a los clientes domésticos, cuando no existan tales sistemas”.

Asimismo, comenta que “entre otras cuestiones, también se acordó que todos los derechos de los consumidores se harían extensivos a todos los clientes finales que participaran en los sistemas de uso compartido de la energía (esto es, utilizar, compartir y almacenar la energía que se autogenera)”.

Carmen Redondo (Foto: HISPACOOP)

Redondo comenta que “esta reforma pretende impulsar los contratos de suministro eléctrico a largo plazo, con el fin de favorecer unos precios mucho más predecibles y con una menor volatilidad, que repercuta considerablemente en los consumidores domésticos”.

“Así, con los beneficios conseguidos gracias a estos contratos, se tendrá una mayor flexibilidad, y lo relevante es que los países podrán decidir si van a parar a los consumidores finales, o, por el contrario, encaminarlos a reducir los costes de la electricidad”, afirma.

Para Carmen Redondo, “otro de los propósitos de esta reforma es acelerar el despliegue de las energías renovables como una fuente de energía más barata y limpia para todos”

A su juicio, “a la vista del acuerdo alcanzado, se aprecia cierto respaldo público a las energías nucleares, novedad considerable, en especial, por las presiones de Francia, y al mantenimiento del carbón y del gas, en el caso alemán”.

¿Cómo afecta la reforma a España?

Desde su punto de vista, “España no está tan predispuesta a su apuesta por la energía nuclear, pese a la incertidumbre que existe con respecto al ritmo de cierre de las nucleares y al actual PNIEC”.

“En líneas generales, se plantea el mantenimiento del sistema marginalista, como el modelo más adecuado para las energías renovables y sobre todo para el proceso de descarbonización”.

En su opinión, “a nivel nacional hay incertidumbre con respeto a las fechas en el mercado de capacidad. Además, habría que hacer un análisis de cómo hacer frente al riesgo de suministro del abastecimiento energético, por lo que conviene debatir esta cuestión ya que nos enfrentados a mercados muy volátiles y en los que juegan también otras tecnologías (ciclos combinados del gas…)”.

Desde su punto de vista, “tampoco queda claro a nivel nacional el ritmo de las subastas de las energías renovables, sobre las que tiene que pronunciarse el Gobierno, además de los PPAs, y se presentan ciertas incertidumbres por las dificultades en su tramitación y en la financiación de la energía solar y la eólica, pese a su fomento”.

Al final, comenta que “la cuestión que nos planteamos es cómo estos cambios que plantea la reforma del mercado de la UE afectarán a España en la práctica”. Para Redondo, “habrá que ver lo que se acuerde finalmente con el Parlamento Europeo, pero lo cierto es que el gas seguirá siendo muy volátil, por lo que continuará marcando la marginal la mayoría de las horas y por muchos años”.

Al mismo tiempo indica que “otros aspectos que quedan muy en el aire son las interconexiones, una clara necesidad para el mercado ibérico, pero sigue siendo muy incierto y no se aprecia un ritmo de desarrollo esperado”.

Prioridad del semestre europeo

Desde la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) que dirige David Sánchez, “una de las prioridades del semestre de presidencia de España en la UE era precisamente preparar la reforma del mercado único europeo de electricidad”.

Para esta asociación, “esto se ha conseguido con este acuerdo del Consejo de Ministros de Energía que abre la vía para que iniciar desde este mismo viernes los llamados trílogos sobre la reforma del mercado eléctrico”.

“El objetivo es alcanzar una reforma que permita precios de la energía mucho más estables, menor dependencia de los combustibles fósiles y una mejor protección frente a futuras crisis, en el actual contexto de inestabilidad internacional”, aclaran.

David Sánchez (Foto: Confederación Española de Consumidores y Usuarios)

CECU señala que “no podemos valorar cómo afectará a las personas consumidoras esta reforma porque aún no se ha desarrollado. La negociación parece que tendrá algunos temas más difíciles que otros de consensuar, como el apoyo financiero a las nucleares o los contratos por diferencias CFDs”.

Desde esta asociación indican que han aprovechado cada una de las oportunidades de interlocución “con nuestros responsables políticos para hacerles llegar nuestras propuestas, que se pueden consultar en nuestra web y que se ven recogidas en el documento La voz de las personas consumidoras en el sistema energético”.

En este documento-resumen se recogen los principales ejes de trabajo de CECU en materia de energía: respuesta a la crisis de precios, promoción de la eficiencia energética, apuesta por las renovables, denuncia de la pobreza energética y demanda de una tarifa social; así como las principales propuestas que lanzamos para defender y ampliar los derechos de las personas consumidoras en este contexto de crisis energética.