Defenda denuncia «la vulneración del derecho a la desconexión y conciliación» sufrida por un abogado estando de boda 

La asociación de abogados Defenda ha denunciado «la vulneración del derecho a la desconexión y conciliación que padeció un letrado el pasado sábado, 16 de marzo, por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel». Según explica, «se encontraba de boda en Málaga y recibió una amenaza de prisión para su cliente si no asistía a una comparecencia el martes». El caso le ha ocurrido al abogado murciano José Luis López Cano.

El pasado viernes, una vez concluida su jornada laboral, se marchó a Málaga para asistir a la  boda de un familiar y, además, aprovechar el viaje para reunirse con un cliente en Benalmádena, por lo que había reservado un hotel del viernes al martes, día 19, festivo en gran parte del territorio nacional.

«El sábado por la mañana, sobre las 11:00, cuando se disponía a salir de su alojamiento para desplazarse al lugar de celebración de la boda, recibió una llamada del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, que se encontraba de guardia, en la que el funcionario le indicó que el día anterior le había enviado un señalamiento para el martes, 19 de martes –en Aragón no fue festivo–, a través de la plataforma Avantius, para realizar una comparecencia de transformación de diligencias previas a diligencias urgentes sobre un caso que lleva», relata a Economist & Jurist la presidenta de Defenda, María Amparo Martínez Marián, quien no da crédito que el compañero sin estar de guardia recibiera esta llamada urgente por no abrir una notificación en Avantia para notificarle telefónicamente que el martes están citados el abogado y su cliente.

«¿Desde cuándo las urgencias judiciales invaden nuestro tiempo personal?», se pregunta indignada, y reclama a «funcionarios, jueces, fiscales que «respeten el descanso de los letrados, porque también tienen derecho a la conciliación y desconexión digital».

Según expone, el abogado, «ante el desconcierto de recibir una llamada no urgente un sábado, y tras asimilar el sentido de la misma», comunicó al funcionario que le era «imposible» asistir el martes, porque estaba en Málaga en una boda de un familiar y no regresaba hasta el mismo martes por la tarde a su casa. 

María Amparo Martínez, presidenta de Defenda, también denunció el pasado mes de diciembre en este diario que una juez le «rebajó» de 6.000 euros a 300 una indemnización por daño moral por ser letrada. (Imagen: María Amparo Martínez)

No era causa con preso ni urgente, por lo que se podía posponer a otro día, destaca Defenda

También le indicó que cuando salió el viernes del despacho, a las 11:00 de la mañana, no le habían notificado nada y que presentaría un escrito solicitando un nuevo señalamiento recogiendo los argumentos pertinentes, ya que tenía tres días para abrir la notificación y a su vuelta, martes, aún estaría en plazo para hacerlo. Asimismo, manifestó al funcionario que el señalamiento «no adolecía de urgencia ni se trataba de una causa con preso, sino de un mero trámite que podía celebrarse otro día posterior».

El funcionario le contestó que se lo trasladaría al juez, «pero que presentase el escrito esa misma mañana», a lo que José Luis López Cano contestó que «le era imposible al estar de camino a una boda y sin medios informáticos para ello, aunque le mostró su voluntad de hacer todo lo posible para presentarlo el lunes», relata María Amparo Martínez.

Poco después, sobre las 12:41 horas, volvió a recibir otra llamada del funcionario, transmitiéndole las palabras del juez. Defenda critica, que «lejos de mostrar empatía alguna con el compañero, el juzgador dijo –de acuerdo al funcionario–, que no era su problema que estuviese en Málaga y tuviera un hotel pagado, que el viernes le enviaron una citación, independientemente de que no la haya abierto aún, y que si no se presentaba el martes, le darían por no comparecido y dictaría auto para ingresar en prisión a su cliente, por lo que sería por su culpa, y que de ningún modo iba a poner otra fecha».

Estos hechos «amargaron la boda al abogado, así como los días posteriores en Málaga y tuvo que pagar 300 euros para que le sustituyera un compañero en la vista», informa María Amparo Martínez, y subraya que «este tipo de intromisiones y vulneraciones del derecho a la conciliación y desconexión no se pueden consentir, máxime cuando el acto que se iba a celebrar no es ni causa con preso ni urgente y se podía posponer a otro día para su realización». 

Defenda hace hincapié en que las resoluciones se han de comunicar, según prescribe la ley, de forma electrónica, en este caso por Avantius Aragón, homólogo a LexNET, pues la comunicación es a un letrado; que los abogados tienen tres días de plazo para abrir las notificaciones de Avantius-LexNET, por lo que, «este compañero podía abrir la notificación hasta el mismo martes y en ese caso, la citación para ese día no cumpliría con los plazos preceptuados en la ley de comunicación de un mínimo de antelación».

Y condena que «se haya amenazado a este letrado diciéndole que si no asiste a la citación su cliente ingresaría en prisión por su culpa, pues esa notificación es nula de pleno derecho, ya que no está notificada en forma, no es una notificación válida y los plazos están para cumplirlos».

La presidenta de Defenda junto a su compañera Rosalía Pascua, vocal de la Junta de la asociación, en la manifestación de abogados y procuradores del turno de oficio del pasado 3 de febrero en Madrid. (Imagen: Defenda)

«Ha sido el funcionario el que ha citado mal, bien por responsabilidad suya, bien por una orden caprichosa del juez, pues no ha citado en forma y en un intento de enmendar su error quieren solucionarlo con su superioridad al precio que sea, en este caso fastidiando el fin de semana familiar del abogado, sin importarle que esté de boda en Málaga, que tenga que cancelar sus dos noches de hotel o que tenga que pagar a un compañero para que asistiera en su nombre el martes», critica.

Defenda ha pedido al ICAMUR que ampare a este compañero y ha presentado una queja ante el CGPJ

Esta asociación denuncia que no es aceptable recibir llamadas fuera del horario laboral para notificaciones. «¡Basta ya de imposiciones! ¡Basta ya de maltrato instituciona!, ¡Basta ya de amenazas!», declara. En nombre del compañero afectado, Defenda ha pedido al Colegio de la Abogacía de Murcia (ICAMUR) que le dé amparo colegial en este asunto, «pues este tipo de conductas deben ser erradicadas por completo».

También ha puesto los hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el que ha presentado una queja «por la actuación realizada por el citado órgano judicial», y ha pedido que se tomen medidas hacia las personas responsables de dichas actuaciones. 

Señala que podríamos estar ante una infracción grave

Defenda recuerda que «todos los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital para garantizar el respeto de su tiempo de descanso, así como de su intimidad personal y familiar», y que no respetar el derecho a la desconexión digital podría encuadrarse dentro de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social como infracción grave, con sanciones que van desde los 751 euros a los 7.500 euros. 

«No vamos a permitir que los funcionarios de los juzgados nos traten como si fuéramos sus esclavos, sin ningún tipo de respeto y con unas exigencias que vulneran nuestro derecho a la desconexión digital y a poder conciliar. Los abogados, como cualquier otro trabajador tenemos unos derechos que hay que respetar y su vulneración debe tener consecuencias y debe ser castigada», concluye Defenda.

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