El número de denuncias y detenciones durante el estado de alarma lanza la sospecha de posibles abusos policiales

Desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, fuentes policiales estiman que se han producido cerca de 100.000 denuncias y 1.000 detenciones por delitos contra el orden público relacionados con actos de desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad. Estos delitos incluyen penas hasta un año de prisión y pueden imponerse multas de entre 100 hasta 30.000 euros.

Con cerca de un recuento oficial de 245.000 afectados por el Coronavirus y más de 25.000 muertos a día de hoy 3 de  mayo, muchos ciudadanos siguen sin ser conscientes del riesgo que acarrea salir de casa incumpliendo el confinamiento impuesto.

Sin embargo, están saliendo a la luz algunos casos de actuaciones y detenciones realizadas por la Policía que han generado revuelo mediático, por lo que asociaciones pro-derechos humanos han comenzado a denunciar estas actuaciones para que el estado de alarma no sea una excusa para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando se ha demostrado que, en ciertos supuestos, existen causas justificadas para el abandono del domicilio familiar.

Denuncian, por ejemplo, detenciones como la del joven que es abofeteado por la Policía al ser registrado y encontrarle lo que parece una barra para abrir coches, el cual, no presenta ningún tipo de resistencia.  Estas actuaciones ponen en duda el desempeño que están desarrollando las fuerzas del orden, arriesgando su salud para salvaguardar nuestra seguridad.

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina de Ospina Abogados ha destacado que “la labor de la Policía y Guardia Civil está siendo encomiable, pues dan su vida por nosotros. Sin embargo, hay que ser muy prudentes a la hora de condenar si ha producido una actuación arbitraria por parte del poder público, en un escenario ya de por sí difícil. De ser así, España es un Estado de Derecho, por lo que se podrá ir ante un juez para revisar si esa actuación, detención o denuncia se ha realizado conforme a derecho, con la legislación vigente en mano. Por la vía administrativa se podrán realizar los recursos oportunos y por la penal, se plantearán distintas líneas de defensa”.

Juan Gonzalo Ospina, como abogado penalista, sigue trabajando para garantizar el derecho a la defensa de sus clientes durante el escenario de alarma por Coronavirus.

Una vez fue decretado el pasado lunes 30 de marzo la suspensión de actividades no esenciales, se produjeron durante las primeras 24 horas 76 detenciones y 10.000 actas de sanción, poniendo de manifiesto las carencias de un sistema de prevención que dista de ser perfecto.

“España se encuentra en el tercer puesto del ranking europeo de seguridad ciudadana. Con tan solo 46 delitos por cada 1.000 habitantes, creemos firmemente en la profesionalidad de nuestros agentes. Aun así, queda analizar si las denuncias o detenciones han sido justificadas atendiendo a la explicación que se le ofreció al policía”, continua Ospina.

El abogado denuncia que puedan llegarse a criminalizar ciertas conductas humanas, sosteniendo que el proceso penal debería ser la última herramienta para penalizar una conducta por desobediencia. “Antes de la vía penal está la administrativa. Junto a la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana pueden interponerse sanciones de hasta 30.000 euros que no tendrían por qué resolverse con detenciones o ingresos en prisión.”