El TSJEx confirma cinco años y medio de cárcel a un procurador que se apropió de 1,5 millones de euros de clientes

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado cinco años y medio de prisión a un procurador de Cáceres que se apropió de cerca de 1,5 millones de euros de clientes.

Por un delito de apropiación indebida se le ha impuesto la pena de cárcel y una multa de 4.800 euros, y por uno de deslealtad profesional, una multa de igual cantidad.

Además, tendrá que indemnizar a más de una veintena de particulares, ayuntamientos y empresas con cantidades que van desde los 600 euros hasta los casi 700.000 euros.

La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres le impuso el pasado mes de julio.

El condenado alegaba inaplicación de la circunstancia atenuante de reparación del daño, argumento que ha sido rechazado por el tribunal, al considerar que “no se esforzó económicamente en reparar parcialmente el daño causado, pero tampoco en aminorarlo moralmente”. Además, le reprocha, como hizo la Audiencia, que no haya dado a conocer el destino exacto de todo el dinero apropiado.

El caso

En el ejercicio de su profesión de procurador se encargaba de la recepción directa de mandamientos de pagos de cantidades que, por diferentes conceptos, les eran entregadas en los Juzgados y Tribunales y que debía entregar a sus clientes por los medios acordados.

Según los hechos probados, en los últimos años, actuando con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, comenzó a quedarse para sí mismo diferentes cantidades de dinero que el Juzgado o Tribunal correspondiente le entregaba a fin de que, a su vez, fueran remitidas a sus mandantes, ocultando estas entregas de dinero a sus representados.

Este modo de actuar se vino manteniendo desde 2012, incrementándose de forma superlativa en los siguientes años, hasta que el descubrimiento, en 2019, de esta forma de actuar por parte de varias personas y entidades por él representadas determinaron la presentación de varias querellas y/o denuncias contra el mismo, siendo el montante final reclamado cercano a 1.500.000 euros.

La sentencia, dictada el pasado 23 de enero (5/2024), María Félix Tena Aragón (presidente), Antonio María González Floriano, y Manuela Eslava Rodríguez (ponente).

La sentencia no es firme. Contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.