Enrique Belda, catedrático de Derecho Constitucional y diputado: “La amnistía sería una burla al artículo nueve de la Constitución”

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla la Mancha y recién nombrado diputado del PP por Ciudad Real, Enrique Belda, asegura que plantear una ley de amnistía a cambio del apoyo de los partidos independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez, sería “una burla al artículo 9 de la Constitución”, que establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantiza el principio de seguridad jurídica.

Aunque existen lecturas contrarias y hay juristas de reconocido prestigio como Pérez Royo que se han manifestado a favor del encaje constitucional de una ley de amnistía, también hay quien considera que, además del artículo 9, supondría una vulneración del artículo 14, relativo a la igualdad o incluso el 117, sobre la potestad jurisdiccional. La propia vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, jurista afirmó ayer que una iniciativa de este tipo, que aún no se ha planteado oficialmente, no presentaría ningún problema constitucional. No sería la primera ley de amnistía en nuestra historia democrática.

Belda, que ha vuelto al Congreso en el que ya estuvo entre 2000 y 2004, considera un despropósito que “pasando por encima de lo que ha decidido el poder judicial, una mayoría parlamentaria pueda evitar que una persona sea juzgada atendiendo a un Código Penal absolutamente democrático. Nadie está por encima de la ley y no se puede poner encima de la mesa esa condición. No es ajustado a la Constitución. Una amnistía basada en una serie de circunstancias previamente establecidas con todas las garantías jurídicas, que no tengan que ver con perdonar a una persona a cambio de un voto, pues eso habría que estudiarlo y el derecho de gracia figura en la Constitución, pero renunciar a juzgar no está en ninguna constitución democrática”, afirma en una entrevista con Economist & Jurist.

Por lo demás, también se muestra partidario a reformar la ley del indulto pero “la reforma debe venir marcada por una necesidad de la sociedad, no por una necesidad de naturaleza política. No se puede legislar para uno o dos o tres, sino sobre un problema genérico”, dice en clara alusión a la situación derivada de las exigencias de Junts y Esquerra.

“La única reforma urgente es la del artículo 49, en materia de personas con discapacidad”

Según este catedrático y diputado, “no hay ninguna reforma constitucional urgente porque la Constitución no es la culpable de ninguno de los males que hay España. Está bien hecha y bien pensada. Las cuestiones de reforma que habría que afrontar son de naturaleza simbólica, pero es inviable si no se obtienen unas mayorías”. La actual realidad parlamentaria hace muy complicado que se apruebe una reforma constitucional por la vía del artículo 167 y mucho menos por el procedimiento reforzado para los aspectos esenciales, que contempla los derechos fundamentales, del 168.

“Lo más urgente es reiniciar el proceso de reforma del artículo 49 de la Constitución, en materia de personas con discapacidad, para lo que existía acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Aprovechar los trabajos que se han hecho en la anterior legislatura Sería lo único que sería urgente porque tiene que ver con la dignidad de las personas”, sostiene Belda.

Preguntado sobre el Consejo General del Poder Judicial, este diputado popular dice que “urge una reforma legal para cambiar la forma de elección del CGPJ, pero mientras esta no se produzca, el Consejo es plenamente legal y plenamente legítimo. No se puede utilizar una reforma legislativa por cuestiones políticas. Aquí lo que hace falta es voluntad política”.

“Si se habla en la Cámara en una lengua que no entendamos y no hay traducción, se vulneran nuestros derechos”

Sobre la posibilidad de expresarse en la Cámara Baja en cualquiera de las lenguas cooficiales, Belda apunta que “si se queda en lo simbólico no es un problema, pero si lo es si los representantes del pueblo español hablan en una lengua en la que no les podamos entender”. A su juicio, la necesidad de establecer un servicio de traducción simultanea si cada uno puede hablar en la lengua cooficial en su comunidad “supone una falta de ponderación de la realidad porque hay una lengua común que conocen todos los diputados”. “La CE reconoce las lenguas cooficiales, pero jamás pensó el constituyente que la lengua española fuese un elemento de desunión o distorsión de la convivencia”, concluye.