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Europa tendrá el primer ordenamiento jurídico en el mundo que obligue a las empresas a detectar y retirar contenido pornográfico

El ICAM presenta la sección de infancia apelando al consenso e instando a la especialización

Presentación Sección Infancia. (Imagen: Óscar Peña/ E&J)

Pablo Montes

Periodista




Tiempo de lectura: 5 min

Publicado




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Europa tendrá el primer ordenamiento jurídico en el mundo que obligue a las empresas a detectar y retirar contenido pornográfico

El ICAM presenta la sección de infancia apelando al consenso e instando a la especialización

Presentación Sección Infancia. (Imagen: Óscar Peña/ E&J)



El europeo será el primer ordenamiento jurídico que podrá obligar a las empresas a detectar, reportar y retirar contenido pornográfico y peligroso para los menores en internet. Lo ha anunciado el coordinador intergrupo sobre derechos de la infancia del Parlamento Europeo, Emilio Puccio, durante la presentación de la sección de infancia del Colegio de la Abogacía de Madrid. Para Puccio, los asuntos relativos a menores “no deberían tener ningún color” y deben ser protegidos, en un mundo cada vez más globalizado, a nivel europeo.

“No existe diferencia entre mundo online y offline, puesto que para los jóvenes no existe: el mundo real y el mundo digital son lo mismo”, afirma este experto. Para abordar los riesgos, “una ley no puede ser el único instrumento, pero es el mejor arma que tenemos”. En este sentido, ha destacado las enmiendas introducidas en la propuesta de reglamento sobre derechos digitales, con disposiciones específicas para los niños (artículos 14, 34 y 35) y la propuesta reglamento contra abusos sexuales a menores online. Esta última norma permitirá obligar a las empresas a detectar, reportar y retirar contenido pornográfico en internet: tanto el material ya clasificado, como el que se genera de forma constante.



Emilio Puccio. Coordinador intergrupo sobre los derechos de la infancia en el Parlamento Europeo (Imagen: Óscar Peña/ E&J)

Así, si sale adelante esta norma -en un plazo aproximado de un año y teniendo en cuenta los cambios que pueden suponer las elecciones- las empresas deberán establecer un sistema para poder identificar los riesgos. “Todos los Estados están de acuerdo en la necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas para detectar los riesgos, pero no hay un consenso rotundo en cuales deben ser exactamente esas herramientas por posibles conflictos económicos”, ha explicado.



El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desarrollar una ley integral de protección de infancia y adolescencia en internet marca la actualidad y marcó la presentación de la sección de infancia del Colegio de la Abogacía de Madrid, en la que se han hecho constantes llamamientos a la especialización, al consenso y a la implicación de toda la sociedad, en un asunto en el que, literalmente “nos jugamos el futuro”. “Nos jugamos lo que más queremos: nuestros hijos”, terminó anoche su presentación el decano del colegio, Eugenio Ribón, que afirmó que el avance en materia de menores “no admite de disputas políticas” y que, en un momento como este, debemos prestar especial atención a los riesgos que entraña el entorno digital.



La presidenta de la Sección de Infancia, Ana Caballero. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

En ese medio es experta la presidenta de la sección, Ana Caballero, que también es vicepresidenta de la Asociación Europea para la transición digital. Ella subraya que el trabajo de una sección como esta resulta especialmente importante en un “momento de evolución significativa de la legislación” y que “necesitamos la implicación de toda la sociedad”. Para eso, se cuenta con un comité asesor formado por 14 expertos en distintas áreas y trabajará conjuntamente con otras secciones del ICAM. Caballero también ha incidido en la necesidad de implicar a los menores en la elaboración de las normas que les afectan.

El secretario de Estado de infancia, Rubén Pérez, también ha participó en la presentación y se mostró categórico cuando aseveró que “no puede haber beneficios empresariales que justifiquen la falta de protección de los menores”, en relación a las empresas de pornografía, cuyos contenidos en internet les permiten facturar millones de euros. “Los datos son dramáticos: con uno de cada cuatro menores de 12 años accediendo a contenido pornográfico y con un aumento del 116% en las agresiones sexuales por parte de menores el panorama es alarmante. Por eso, una ley órgánica de protección del menor en internet como la que anunció el presidente del Gobierno parece especialmente oportuna”. La Ley Orgánica para la Protección de la Infancia y la adolescencia se antoja insuficiente en el actual escenario, teniendo en cuenta la evolución experimentada en el ámbito digital. Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia van a empezar a trabajar con otros departamentos porque son necesarios cambios en diferentes ámbitos; entre ellos, en el de la Administración de Justicia. “El Estado español puede liderar el trabajo de protección de los menores en internet a nivel mundial”, enfatizó. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado esta misma mañana, en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, mañana que ya se ha empezado a trabajar en este sentido en «una estrategia multidisciplinar que recoge una perspectiva educativa y de igualdad» en la que se deben implicar todas las administraciones, expertos y asociaciones. «Es un acuerdo intergeneracional que debe dar respuesta a una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad».

Rubén Pérez, secretario de Estado de Infancia (Imagen: Óscar Peña/E&J)

En ese trabajo conjunto entre diferentes expertos está jugando un papel esencial la directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España, que trabaja desde hace años en un sistema de verificación de edad para acceder a determinadas páginas web. España considera las familias no son conscientes del riesgo que entraña internet para los menores. “A nadie se le ocurre ponerle un chupito a un niño pequeño, pero les ponemos un móvil en las manos”, subraya. “El 98% de adolescentes utilizan redes, en su mayoría antes de los 11 años, sin ningún tipo de reglas. Nos estamos jugando el neurodesarrollo de la infancia”, lamenta. Además, la directora de la AEPD afirmó que “están coordinando esfuerzos en este sentido con diferentes países. Aquí, en España, están implicados los colegios de médicos, psicólogos, pedagogos, CNMC, FNMT”. Igualmente, en el desarrollo del sistema de verificación de edad se ha trabajado en coordinación entre distintos ministerios y con la implicación de Fiscalía.

Por su parte, la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, especializada en asuntos de familia, ha celebrado la creación de esta sección y ha insistido en la necesidad de que se creen juzgados y secciones especializadas de infancia, familia y capacidad. “Dada la situación de riesgo absoluto para la infancia que se ha puesto de manifiesto, los asuntos relativos a menores deben ser abordados con profesionales especializados”, ha afirmado. No solo los abogados, sino también los jueces, psicólogos, médicos o fiscales. “La sociedad va a tal velocidad que necesita recursos y personas altamente especializados para abordar correctamente estos temas”, ha añadido.

La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

Ese comité está integrado por juristas, académicos, especialistas en tecnología y políticas públicas, psicólogos o pediatras. Formarán parte de este órgano la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, y el director de Innovación de la AEPD, Luis de Salvador Carrasco. También las abogadas especializadas Delia Rodríguez, María Giráldez de Luis, Sonsoles Vidal Herrero–Vior, María Pilar Tintore y Ana Rudilla, así como el letrado Gerardo Rodríguez–Acosta. Desde la academia, integran el Consejo Nieves Moraledo Imbernón, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, y María Marcos González, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá de Henares. José Antonio Luengo, catedrático de Enseñanza Secundaria y presidente del Colegio de la Piscología de Madrid; María Angustias Salmerón Ruíz, pediatra y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria; Agapito Pageo, consultor de asuntos públicos; y Alejandro Villena Moya, psicólogo, sexólogo e investigador clínico, completan el equipo.

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