Feijóo se desvincula del pacto sobre el Poder Judicial firmado por la anterior directiva

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desvinculado totalmente del pacto suscrito en octubre del 2021 por el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños para reformar la Ley del Poder Judicial. En declaraciones a los medios en el transcurso de una visita a la localidad gallega de Porto do Son (A Coruña), el líder del Partido Popular ha quitado valor al documento puesto que «no ha sido tratado en el comité de dirección actual ni en el anterior«.

En concreto, Feijóo ha explicado que “lo que me han referido miembros del comité de dirección anterior, a través del señor [Esteban] González Pons, es que en ningún comité de dirección se habló de ningún documento ni de ninguna cuestión firmada entre el ministro [de Presidencia, Félix Bolaños] y el ex secretario general del partido”. “Cuando despaché con [Pablo] Casado, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo”, ha explicado Feijóo, que de este modo estaría acusando al anterior líder del Partido, Pablo Casado, de haberle ocultado información cuando se realizó el traspaso de poderes en la formación política.

Cuando se produjo la filtración del acuerdo, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Pedro Rollán, comparecido ante los medios de comunicación y, tras acusar al Gobierno de hacer “un ejercicio de trilerismo político” porque, a su juicio, había filtrado el acuerdo, aseguró que el Gobierno prefirió no dar validez de ningún tipo a ese documento. El dirigente popular basaba su afirmación en que ningún miembro del Ejecutivo había hecho referencia al mismo ni lo había puesto en valor desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido.

Sin embargo, parece que el Gobierno habría dado más importancia al acuerdo de lo que afirma Rollán. Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, realizó ayer declaraciones a Onda Cero y TVE en las que reconoció que Félix Bolaños le enseñó ese documento “y otros”. Sin embargo, aclara que lo rechazó porque, según su versión, Bolaños le dijo que era un acuerdo “secreto” y no le comunicó a Feijoo que existía. “El Partido Popular, en temas del Consejo General del Poder Judicial, no admite documentos secretos”, ha declarado con rotundidad.

Esteban González Pons (Foto: PP)

Tanto González Pons, ayer, como Feijóo hoy han reiterado que la intención de la dirección actual del PP fue iniciar desde cero las conversaciones con el Ejecutivo cuando se renovó la estructura de la formación. A este respecto, el líder popular ha recordado que el Gobierno tiene desde el 11 de julio la propuesta de su partido para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Feijóo ha recordado que en este documento se incluyen una serie condiciones de las que ha citado cuatro.

La primera es que los jueces que sean nombrados para cargos de elección política no puedan reingresar en el servicio activo hasta que no hayan transcurrido dos años. En segundo lugar, que no puedan nombrarse vocales en el CGPJ a quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años inmediatamente anteriores. También, que los presidentes de sala tengan una antigüedad de 25 años. Y, por último, la creación de un millar de nuevas plazas de juez en los próximos cinco años.

El rifirrafe que se está produciendo a cuenta de la filtración del acuerdo puede suponer que se aleje aún más la posibilidad de que ambos partidos lleguen a un acuerdo para renovar el CGPJ, cuyos vocales cumplieron su mandato en diciembre de 2018. El problema es que, si no se encuentra más o menos pronto una solución, esta situación de bloqueo amenaza con enquistarse aún más.

La precampaña para las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán en la primavera de 2023, no parece que sea el mejor ambiente para pactos. El acuerdo siempre precisa de la cesión de las partes, y ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a mostrar la más mínima imagen de debilidad que pueda ser aprovechada por Unidas Podemos o VOX para arañarles votos.