García Castellón rechaza un nuevo recurso del caso ‘Tsunami Democràtic’ por alteraciones «incompatibles con la vida»

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha denegado el recurso presentado por una de las investigadas en el caso de Tsunami Democràtic (TD) en contra de la personación en el proceso de dos agentes de policía gravemente heridos durante los incidentes del 18 de octubre de 2019 en la Plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras la sentencia del procés.

La investigada, Marta Molina, sostenía en su recurso, respaldado por el Ministerio Fiscal, que los actos no eran imputables a Tsunami, sino a los Comités de Defensa de la República (CDR), por lo que no debían vincularse al caso de los agentes. El juez, en su fallo, argumenta que este punto no puede eximir de responsabilidad a Tsunami, como si la presencia de unos invalidara completamente la responsabilidad de otros.

García Castellón afirma que Tsunami no fue un mero «invitado» en las movilizaciones que afectaron diversas ciudades catalanas, incluyendo los violentos sucesos en la Vía Laietana y la Plaza Urquinaona de Barcelona. El magistrado recuerda que Tsunami había anunciado en redes sociales la convocatoria de una huelga general para protestar por la sentencia del procés, y que bajo el pretexto de esta ‘huelga’ se produjeron «alteraciones graves de la paz social y del orden público».

La resolución destaca indicios de la participación de TD en esos hechos, mencionando una conversación entre Carles Puigdemont y uno de los investigados, donde Puigdemont parece asumir “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad”.

En este sentido, el juez resalta la gravedad de las lesiones sufridas por los agentes, causadas por objetos contundentes arrojados durante las manifestaciones, resultando en la fractura del casco de uno de ellos. El magistrado añade que como consecuencia de la brutalidad del impacto se produjo la fractura del casco protector de uno de los agentes que se desplomó en el suelo, inconsciente, sufriendo una serie de lesiones que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión.

El magistrado concluye que la acción y sus graves consecuencias, incompatibles con los derechos a la vida e integridad física, no pueden minimizarse. La repercusión pública y el interés mediático llevaron incluso al presidente del Gobierno en funciones a visitar a los agentes hospitalizados. En consecuencia, se ha rechazado el recurso presentado.