Irene Montero vuelve a atacar al CGPJ, al que acusa de que “no hace su trabajo”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha caracterizado su labor al frente de este ministerio por sus constantes enfrentamientos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en particular. Estos enfrentamientos se han traducido en ataques velados y críticas abiertas que han provocado algunos choques institucionales.

El último se ha producido a cuenta de la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la conocida como Ley del aborto. La norma va a llegar al Congreso para su tramitación parlamentaria sin el informe del CGPJ. En unas declaraciones a Radio Nacional de España, Montero argumentó que “no se puede paralizar un proyecto porque el CGPJ no hace su trabajo y no cumple con los plazos establecidos para emitir informes”.

El pasado 17 de mayo, el Consejo de Ministros vio en primera vuelta el anteproyecto. En ese momento la responsable de Igualdad consiguió que la tramitación del mismo se realizara por el procedimiento de urgencia. Esto permite que los plazos se acorten a la mitad. De esta forma, por ejemplo, el plazo de un mes que tiene el CGPJ para emitir un informe sobre la norma se ve reducido a 15 días. El anteproyecto llegó al CGPJ para que emitiera un informe sobre el mismo el 14 de junio pero, después de pedir una prórroga del plazo que fue rechazada por Igualdad, no ha presentado su informe en el plazo establecido.

La tramitación urgente de una norma es una prerrogativa del Gobierno, pero para poder aplicarla tiene que estar justificada. El problema con este anteproyecto de ley es que el Ministerio no ha explicado el porqué de la urgencia.

A este respecto, cabe señalar que todas las leyes tienen que ir acompañadas de un documento, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que recoge una amplia información sobre la norma, que va desde la justificación de la misma hasta el contenido jurídico, pasando por la descripción de la tramitación. Aunque en este último apartado se consigna que la tramitación de la ley se va a hacer por la vía de urgencia, en las 45 páginas de la Memoria de este anteproyecto no aparece la justificación de la urgencia, a la que solo se puede recurrir cuando hay que cumplir plazos impuestos por la normativa europea o cuando concurran una serie de circunstancias extraordinarias e imprevistas que exijan la aprobación urgente de la norma.

Reunión del Consejo General del Poder Judicial. (Foto: CGPJ)

Choques habituales con el CGPJ

En cualquier caso, este no es el primer encontronazo de la ministra con el CGPJ, que suele mostrarse muy crítico con el contenido de las normas que desarrolla este Departamento. La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans (Ley Trans) ya fue otro motivo de polémica.

El CGPJ aprobó por unanimidad el informe sobre el anteproyecto de ley trans. En el este informe advertía sobre determinados puntos que podrían vulnerar derechos de las mujeres y propone que se eleve a los 18 años la edad para que una persona pueda solicitar el cambio de sexo en el registro sin aval judicial. De este modo, el órgano de gobierno de los jueces instaba a endurecer la propuesta del ministerio de Igualdad, que en su anteproyecto de ley trans contempla que a partir de los 16 años no haya limitación alguna.

Para el CGPJ, el anteproyecto contenía disposiciones que «contradicen el derecho fundamental a la igualdad» en la medida en que propician el «indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales». También mostraba sus «dudas» de que una ley de carácter «integral y transversal» sea «la herramienta adecuada» para conseguir el objetivo que proponen.

La respuesta de Montero a este duro informe no se quedó corta. Poco después de que fuera aprobado, la ministra de Igualdad publicó un mensaje en sus redes sociales en el que decía: “El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa. Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley».

En declaraciones a los medios, llegó a afirmar que el CGPJ siempre se ha opuesto a las leyes feministas y puso como ejemplos su posición sobre la ley del matrimonio igualitario, que dijeron que era como casar a una persona con un animal, -esta afirmación terminó siendo retirada de su informe- o la ley de violencia de género, sobre cuya constitucionalidad plantearon dudas.

También resuenan aún en las paredes del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) las palabras de la ministra en las que acusaba a la Justicia española de «patriarcal» porque representa un «obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de todos sus derechos» y al Poder Judicial de haberse «opuesto» a todas las normas que avanzan en los derechos de las mujeres.

«También resuenan aún en las paredes del Colegio de la Abogacía de Madrid» (ICAM) (Foto: ICAM)