Jueces, fiscales y LAJs piden mejoras en la Justicia y renovar el CGPJ siguiendo el modelo de 1980

En esta efeméride del Día de la Constitución, que cumple 45 años de vida, Economist & Jurist ha querido conocer el pulso de los diferentes operadores jurídicos que permiten que la Administración de Justicia esté operativa. Jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia (LAJs), abogados, procuradores y funcionarios del cuerpo general hacen un balance de la trayectoria de este texto normativo.

El papel de estos profesionales es clave para garantizar el contenido del artículo 24 de la Constitución, que subraya el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, que no siempre queda garantizada por la lentitud de la justicia y la falta de medios de los juzgados 

En este primer reportaje, damos voz a representantes del poder judicial, de la fiscalía y del colectivo de letrados de la Administración de Justicia, que explican sus inquietudes ante esta conmemoración que hoy se celebra en todo el país.

El Congreso de los Diputados acogerá hoy el acto institucional por el Día de la Constitución (Imagen: archivo)

Jueces y el CGPJ 

Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, hace una valoración “excelente» en estos 45 años Constitución, que demuestra «el acierto de los redactores de su contenido y el alto nivel técnico jurídico de los mismos”.

Desde su punto de vista, “ha sobrevivido a muchos vaivenes quedando inmune a los ataques y venciéndoles». Afirma que «una norma que lleva tantos años fijando las líneas a seguir en un país es una prueba contundente de que se hizo bien para perdurar en el tiempo, como así ha sido”.

Este magistrado no cree que se deban hacer cambios en una norma, que ha sido «santo y seña» de nuestro ordenamiento jurídico, y que ha sido «respetada y acatada por todos, con independencia de motivaciones políticas». «No hace falta tocarla, no sería bueno hacerlo ahora mismo”, manifiesta. 

La aprobación de la Carta Magna le cogió “haciendo el COU en los Maristas de Murcia, con mucha ilusión por empezar al año siguiente la carrera de Derecho», por lo que sucedió «en el mejor momento, en el que un joven empieza a dar el paso de entrar en la universidad y da sus primeros pasos en el mundo del Derecho». “Nunca podría imaginar que 45 años después yo estaría nada menos que en el Tribunal Supremo de mi país”, señala. 

Natividad Roldán. (Imagen: Archivo)

Natividad Roldán, juez decana de Dos Hermanas (Sevilla), donde hay siete juzgados, explica que la visión que tiene de la Constitución es diferente como ciudadana a juez en ejercicio. «A nivel de ciudadana, los avances son indudables y un paso necesario de donde veníamos. Fue un mecanismo que ayudó a realizar la transición política de manera importante y hasta la fecha un periodo de convivencia notable”, afirma.

Como magistrada, su percepción es que  “urgen reformas profundas en la justicia para garantizar la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución, y plantearse que la transferencia de competencias en materia de justicia en CCAA como Andalucía no ha funcionado». «De hecho, estas disfunciones están generando una justicia a dos velocidades que perjudica a muchos ciudadanos”, manifiesta. 

Desde su punto de vista, este modelo de justicia descentralizada no ha funcionado todo lo bien que se esperaba. A su juicio, es fundamental hacer un análisis de lo que se ha hecho hasta la fecha para saber si merece la pena seguir con el modelo existente en el coexiste la gestión del Ministerio de Justicia en parte del territorio junto con las CCAA con competencias asumidas. 

Otra cuestión que esta jurista plantea es la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también fijada en la Carta Magna, en su artículo 122. “Habría que volver al modelo de 1980. Este cambio es necesario para que la elección de los vocales del CGPJ, o por lo menos los doce que indica la Constitución, se haga por los jueces. Lo está pidiendo todo el mundo, desde la UE al GRECO que lucha contra la corrupción”, subraya.

Constitución y Ministerio Fiscal 

Dentro del título VI Poder Judicial de nuestra Constitución, el artículo 124 habla del Ministerio Fiscal. En él se fijan sus competencias y el nombramiento del fiscal general del Estado.

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, señala que el texto constitucional hace mención a la justicia desde dos perspectivas. “Una, sobre el poder judicial, donde el cambio que se ha hecho de la elección de los vocales del CGPJ ha sido negativo, porque empezó un proceso de politización de la justicia. Esa elección que ahora se pide que se cambie está distorsionando el sistema. Hoy la justicia está politizada de forma manifiesta”, declara. 

Salvador Viada. (Imagen: Archivo)

Respecto a la figura del fiscal general del Estado indica que el texto constitucional «no se ha atrevido» a desvincular al máximo responsable de la Fiscalía del Gobierno. «Lo hace sobre el papel, al integrarlo en el título del Poder Judicial, pero lo nombra el Gobierno. Esa situación híbrida hace que condicione el nombramiento del Ministerio Fiscal, lo que la convierte en otra institución politizada”, sostiene. 

A su juicio, la división de poderes «no está muy clara». «Los ciudadanos eligen al poder legislativo y éste al ejecutivo. Sin embargo, por lo que vemos en los últimos años, es el ejecutivo el que manda sobre el legislativo y quiere generar una gran influencia sobre el poder judicial. Ahora, las amenazas al poder judicial pueden poner en peligro los valores constitucionales. El futuro es problemático”, argumenta.

En cuanto a los cambios relacionados con la Constitución, afirma que “debería quedar claro que los vocales del CGPJ fueran elegidos entre los jueces y por jueces, esos doce vocales, y que el fiscal general lo nombraría el Gobierno a propuesta de una terna elaborada desde las Cortes Generales». «Habría que irlo desvinculando del poder ejecutivo. Se trata de buscar contrapesos en la Administración de Justicia”, apunta.

Susana Gisbert, fiscal de violencia de género y delitos de odio de Valencia, afirma que si no hubiera habido un régimen constitucional como el que arrancó en 1978, no hubiera sido fiscal. Reconoce que costó mucho alcanzar ese consenso aquel año y dice que hay que valorarlo en su justa medida. “En una dictadura nunca lo hubiera sido», indica Gisbert, a quien la parte que más le gusta de su trabajo es la de defender los derechos de los ciudadanos. 

Como destaca, el papel del Ministerio Público viene reflejado en el artículo 124 de la Constitución, donde se habla que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. 

Constitución Española. (Foto: Congreso de los Diputados)

Es precisamente la atención a las personas más vulnerables lo que ha hecho que Gisbert se haya dedicado a las personas vulnerables, trabajar contra la violencia de género y los delitos de odio. Ahora, le preocupa «la llegada de distintos partidos políticos que niegan los derechos humanos a ciertos colectivos. Y afirma que cambiaría de la Constitución el hecho de que se prefiera el hombre a la mujer en la sucesión al trono o en la jefatura del Estado. 

Desde su punto de vista, también se podría revisar el régimen autonómico “a un modelo más abierto», pero afirma que «hay que verlo desde un gran consenso político porque no dejan de ser complicados este tipo de cambios». «Ese consenso que hizo que se aprobase la Constitución hace 45 años o la Ley de Violencia de Género parece complicado de lograr en la actualidad por el enfrentamiento de los partidos políticos en estos momentos”, lamenta. 

LAJS y reformas en la justicia 

Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, (CNLAJ), pone en valor que la Constitución «ha sido clave para que se impulsase la convivencia democrática en nuestro país para llegar a la situación actual, donde se hacen lecturas de este texto que se alejan de su espíritu inicial y de la transición que la puso en marcha”. 

Casado considera que el Estado de Derecho «está en riesgo» y que los principios esenciales, recogidos en los primeros artículos, como el de seguridad jurídica, igualdad o el de la unidad de la nación española, que viene en el artículo 2, «se quieren socavar». Igual pasa, añade, con el Título VIII de la Carta Magna que habla de la administración de nuestras autonomías». Se habla de reformas, pero hay que hacerlas con grandes consensos”, manifiesta. 

El presidente del CNLAJ considera que la revisión que se haga del texto constitucional «hay que hacerla con una visión de Estado y a través de los partidos mayoritarios, que deben de hacer ese análisis». «En ese contexto, se deben seguir las pautas que se marcan en la Constitución para esos cambios que se indican. Se trata de evitar cualquier tipo de reforma constitucional encubierta que no cuente con las grandes mayorías. Por ejemplo, todos los españoles estaríamos de acuerdo o una parte importante de la reforma del sistema electoral”, expone.

Por otra parte, afirma: «A lo largo de estos años, nuestro papel como colectivo ha sido clave en la organización del trabajo en la oficina judicial y en aportar fe pública en nuestra actividad en los juzgados. Lo he visto en los 33 años que llevo en este cuerpo. Se ha producido una reorganización de la justicia necesaria a todos los niveles”.

Patricia Gimeno. (Imagen: Archivo)

Por su parte, Patricia Gimeno, letrada de la Administración de Justicia y nuevo miembro del Consejo del Secretariado, destaca el valor de la Constitución, «al lograrse de un gran acuerdo de personas de diferente procedencia en aquella década de los setenta que supuso pasar de una dictadura a un régimen democrático sin demasiados traumas».

“No creo que esté pensada para que sea inamovible. Hubo una modificación del artículo 135 para encauzar nuestra deuda pública. Debería evolucionar la Carta Magna al igual que lo hace nuestra sociedad. Los cambios que se hagan deben ser sopesados y con gran consenso para mantener su estabilidad como texto normativo que rija nuestra convivencia”, declara.

Considera que “los cambios deben llegar a la Administración de Justicia, para garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos del artículo 24 de la Carta Magna». También ve importante «que el nuevo equipo ministerial refrende el proyecto ya en marcha de Justicia 2030, a nivel tecnológico, para mejorar la accesibilidad y agilidad de los juzgados». «Es fundamental que se cuente con los recursos materiales y humanos para que realmente se consigan los objetivos”, subraya.

Asimismo, destaca el papel de los LAJs en la oficina judicial. “Se trata de que los cambios que se incorporen a la organización judicial mejoren la productividad de todos los órganos judiciales. Nuestro trabajo es acompañar los principios de la Constitución, pero también de los cambios necesarios que la sociedad demanda en su relación con la propia Administración de Justicia», concluye.