Aceptó figurar como administrador por hacer un favor y terminó acusado de cinco delitos fiscales
La Audiencia de Bizkaia lo absuelve porque Hacienda y la Fiscalía no demostraron que dirigiera realmente la empresa ni conociera el fraude
(Imagen: E&J)
Aceptó figurar como administrador por hacer un favor y terminó acusado de cinco delitos fiscales
La Audiencia de Bizkaia lo absuelve porque Hacienda y la Fiscalía no demostraron que dirigiera realmente la empresa ni conociera el fraude
(Imagen: E&J)
Aceptar aparecer como administrador de una sociedad que realmente dirige otra persona puede parecer una simple formalidad. Sin embargo, quien presta su nombre asume unos deberes y se expone a responder por decisiones que quizá ni siquiera conoce.
Un trabajador terminó acusado de cinco delitos contra la Hacienda Pública, con una petición fiscal de doce años y medio de prisión y multas superiores a 6,5 millones de euros, después de aceptar figurar como administrador único de varias empresas de su jefe.
La Audiencia Provincial de Bizkaia lo ha absuelto porque aparecer en las escrituras, en las declaraciones tributarias y en el Registro Mercantil no demuestra por sí solo que participara conscientemente en el fraude. El cargo formal constituía un indicio importante, pero faltaba acreditar que el acusado dirigiera realmente la sociedad o conociera sus operaciones.
Una comercializadora en el centro de la trama
El procedimiento se refería a Nortedison Electric, S.L., una comercializadora de electricidad que presentó autoliquidaciones de IVA correspondientes a 2015, 2016 y 2017 y del impuesto especial sobre la electricidad de 2015 y 2016 sin efectuar los ingresos debidos. Las cantidades reclamadas por las acusaciones superaban conjuntamente los 2,2 millones de euros.
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El acusado figuraba como administrador único de Nortedison desde mayo de 2013. También aparecía al frente de otras sociedades relacionadas con la operativa investigada.
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Según explicó durante el juicio, trabajaba para otro empresario realizando gestiones de cobro de impagados cuando este le pidió que apareciera como administrador de algunas compañías porque él no podía hacerlo por razones de competencia. Aceptó, acudió al notario y continuó percibiendo el mismo salario.
Apariencia documental frente a la realidad de los hechos
La apariencia documental señalaba directamente hacia él. Pero la prueba practicada no demostró que hubiera administrado realmente Nortedison.
La Audiencia no encontró contratos, facturas, libros contables, movimientos bancarios, correos electrónicos o comunicaciones con clientes y proveedores que acreditaran su intervención. Tampoco compareció ningún trabajador, directivo, asesor o responsable de las compañías vinculadas que pudiera situarlo al frente de la actividad.
Uno de los representantes de Nortedison ante la Administración tributaria declaró que solo sabía que el acusado era administrador porque así constaba en los documentos, pero nunca lo había visto ni había hablado con él. El inspector de Hacienda tampoco pudo acreditar que el procesado hubiera dirigido la operativa empresarial.Incluso existían documentos esenciales en los que aparecía una firma junto a su nombre cuya autenticidad no había podido comprobarse.
La defensa solicitó una prueba pericial caligráfica, pero fue denegada. Para el tribunal, esa incertidumbre reforzaba la imposibilidad de atribuirle personalmente la presentación de las declaraciones tributarias.
La Sala considera acreditada la existencia de una operativa fiscal irregular desarrollada desde Nortedison, pero no que el acusado participara consciente y voluntariamente en ella. Lo describe como un administrador puramente formal o posible testaferro, colocado al frente de varias sociedades sin capacidad real de decisión.
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Responsabilidad mercantil versus responsabilidad penal
El núcleo de la cuestión consiste en distinguir la responsabilidad mercantil vinculada al cargo de la responsabilidad penal personal. Un administrador asume obligaciones de diligencia, vigilancia, formulación de cuentas y cumplimiento tributario.
Sin embargo, para condenarlo por un delito fiscal debe probarse que intervino en la defraudación, que la conocía o que cooperó dolosamente con quienes la ejecutaron.
La responsabilidad penal no puede nacer automáticamente de una escritura pública. El nombre del administrador constituye un punto de partida para investigar, pero no sustituye la prueba de su conducta y de su conocimiento.
Un favor con graves consecuencias
La sentencia tampoco convierte en inocuo prestar el nombre. Quien acepta administrar formalmente una empresa que no controla puede sufrir reclamaciones tributarias, mercantiles o civiles y terminar sentado en el banquillo por actuaciones realizadas por terceros.
En este caso, aunque fue absuelto, tuvo que defenderse de una acusación que solicitaba penas de prisión por cinco delitos fiscales, multas millonarias y la pérdida del derecho a obtener ayudas o beneficios fiscales.
La resolución es la Sentencia 156/2026, de 13 de abril, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia, con ponencia del magistrado Alberto de Francisco López. Corresponde al procedimiento abreviado 17/2021 y está identificada con el ROJ SAP BI 1002/2026, el ECLI:ES:APBI:2026:1002 y el CENDOJ 48020370022026100130.
La sentencia no es firme y puede recurrirse en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La absolución protege la presunción de inocencia: nadie puede ser condenado únicamente porque su nombre aparezca en los documentos de una sociedad. Ahora bien, aceptar ser administrador por amistad, obediencia o conveniencia ajena nunca es un favor sin consecuencias.
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