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Jurisprudencia

Análisis técnico-jurídico del Auto dictado por el TJUE sobre IPRH

El Alto Tribunal Europeo resuelve, sin previo aviso, la cuestión prejudicial planteada por el Magistrado de Barcelona, Francisco González de Audicana

(Foto: Hispanidad)

Tiempo de lectura: 6 min



Jurisprudencia

Análisis técnico-jurídico del Auto dictado por el TJUE sobre IPRH

El Alto Tribunal Europeo resuelve, sin previo aviso, la cuestión prejudicial planteada por el Magistrado de Barcelona, Francisco González de Audicana

(Foto: Hispanidad)



La Sala Novena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto, mediante auto de 17 de noviembre de 2021, la cuestión prejudicial planteada a finales del pasado año por el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona.

Los primeros expertos consultados ya adelantan que el Tribunal de Justicia viene a respaldar la doctrina sentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en noviembre de 2020.

Ponemos en contexto



En julio de 2001, un consumidor suscribió con Bankia un contrato de préstamo hipotecario por un importe de 132.222,66 euros, bajo la única finalidad de financiar la adquisición de una vivienda.

Una de las estipulaciones allí previstas, en concreto, la titulada “Tipo de interés variable” tenía el siguiente literal: “El tipo de interés pactado se determinará por períodos semestrales, contados desde la fecha de firma del contrato, siendo durante el primer semestre el que figura en el apartado de la cláusula financiera tercera. Para semestres sucesivos, el tipo a aplicar será el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, de Cajas de Ahorro, vigente en el momento de la revisión, que el Banco de España publica oficial y periódicamente en el BOE para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda, [redondeado] por exceso a un cuarto de punto porcentual, incrementado en 0,25 puntos porcentuales”.

Disconforme con lo allí previsto, el consumidor presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona, peticionando, entre otros extremos, la declaración de nulidad de la cláusula controvertida por ser supuestamente abusiva.

En febrero de 2018, el mencionado Juzgado planteó al TJUE tres cuestiones prejudiciales, a las que el Alto Tribunal Europeo respondió en la conocida Sentencia de 3 de marzo de 2020 (Asunto C-125/18).

Ciutat de la Justícia de Barcelona. (Foto: El Periódico)

No obstante, Francisco González de Audicana Zorraquino, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Barcelona mencionado, tras considerar que persistían ciertas dudas sobre los efectos de la interpretación del Derecho europeo en el litigio principal, decidió suspender el procedimiento y “replantear” al TJUE hasta seis cuestiones prejudiciales.

Así las cosas, el Alto Tribunal Europeo resuelve ahora esas cuestiones prejudiciales mediante Auto motivado de fecha 17 de noviembre de 2021.

Cuestiones prejudiciales: preguntas y respuestas

  • Primera y segunda

El Juzgado de Barcelona preguntó si el art. 5 de la Directiva 93/13 y la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, en el marco de un contrato de préstamo hipotecario, deben interpretarse en el sentido de que permiten al profesional no incluir en tal contrato la definición completa del índice de referencia que sirve para calcular un tipo de interés variable o no entregar al consumidor, antes de la celebración de ese contrato, un folleto informativo que recoja la evolución anterior de ese índice, por la razón de que la información relativa al mencionado índice es objeto de publicación oficial.

Después de citar varios apartados de su Sentencia de 3 de marzo de 2020, el Alto Tribunal Europeo interpreta que el profesional está habilitado para no incluir en el referido contrato de préstamo hipotecario la definición completa del índice de referencia que sirve para calcular un tipo de interés variable o no entregar al consumidor, antes de la celebración del repetido contrato, un folleto informativo que recoja la evolución anterior de ese índice que es objeto de publicación “siempre que, habida cuenta de los datos públicamente disponibles y accesibles y de la información facilitada, en su caso, por el profesional, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estuviera en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del índice de referencia y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras”.

  • Tercera

González de Audicana pregunta si los arts. 3.1, 4.2 y 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional nacional considera que una cláusula contractual que tiene por objeto la fijación del modo de cálculo de un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario no está redactada de manera clara y comprensible, le incumbe examinar si esa cláusula es o no abusiva en el sentido del art. 3.1 de dicha Directiva.

Después de apuntar que la respuesta a esta cuestión puede deducirse de la STJUE de 26 de enero de 2017 (Asunto C-421/14), el Alto Tribunal Europeo recuerda que “la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo”. Así, incumbe al juez nacional determinar si, dadas las circunstancias concretas del caso y sin perder de vista el momento de la celebración del contrato en cuestión, esa cláusula cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia establecidas por la reiterada Directiva.

  • Cuarta

En cuarto lugar, el Juzgado de Barcelona pregunta si el art. 6.1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que obliga al juez nacional a ofrecer al consumidor la posibilidad de optar entre, por un lado, la revisión de un contrato mediante la sustitución de una cláusula contractual que fija un tipo de interés variable declarada abusiva por una cláusula que se remite a un índice previsto por la ley con carácter supletorio y, por otro lado, la anulación del contrato de préstamo hipotecario en su conjunto, cuando este no pueda subsistir sin esa cláusula.

De nuevo, tras aludir que la respuesta a tal cuestión prejudicial se desprende de otro pronunciamiento europeo, en este caso, de la STJUE de 3 de octubre de 2019 (Asunto C-260/18), el Tribunal de Justicia advierte que el juez nacional “no está obligado a excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado por dicho juez, manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula, otorgando así un consentimiento libre e informado a esa cláusula”.

Eso sí, cuando el consumidor prefiera no valerse de este peculiar sistema de protección, el mismo no se aplicará.

  • Quinta

González de Audicana pregunta si los arts. 6.1 y 7.1 de la repetida Directiva europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula abusiva que fije un índice de referencia para el cálculo de los intereses variables de un préstamo, el juez nacional sustituya, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 67 de la STJUE de 3 de marzo de 2020, dicho índice por un índice legal, aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, cuando ambos índices se determinan por un método de cálculo de un nivel de complejidad equivalente y el Derecho nacional contempla esta sustitución en los supuestos pacíficos en los que se pretende el mantenimiento del equilibrio de las prestaciones entre las partes.

(Foto: Economist & Jurist)

Pues bien, en opinión del Alto Tribunal Europeo, la Directiva 93/13 excluye de su ámbito de aplicación las cláusulas contractuales que reflejen “disposiciones legales o reglamentarias imperativas”, quedando allí comprendidas “no solo las disposiciones de Derecho nacional que se aplican a las partes contratantes con independencia de su elección, sino también las que tiene carácter supletorio, esto es, las que se aplican por defecto cuando las partes no hayan pactado otra cosa”.

Así, como el IRPH Entidades es un índice establecido en una disposición de Derecho nacional, el mismo queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva europea citada.

Por consiguiente, en palabras del Tribunal de Justicia, “una cláusula contractual que incorpore un índice de este tipo no puede ser objeto de control respecto a su carácter supuestamente abusivo, ya que refleja un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos establecido por el propio legislador”.

  • Sexta

Por último, el sexto interrogante planteado por el Juzgado de Barcelona trataba sobre si el art. 6.1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto deja al consumidor expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, el juez nacional puede subsanar la nulidad de dicha cláusula sustituyéndola por una disposición supletoria del Derecho nacional, debiendo producirse la aplicación del tipo resultante del índice sustitutivo en la fecha de esa sustitución o en la de celebración del contrato.

Pues bien, tras confirmar que la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional es conforme con el objetivo del mencionado precepto, el Alto Tribunal Europeo estima que la cláusula abusiva inaplicada quedará sustituida por la disposición nacional supletoria en la fecha de celebración del contrato, ya que sería “contradictorio” que el mencionado contrato pudiese devengar intereses durante un período y no hacerlo tras la adopción del índice sustitutivo.

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