Concedida la incapacidad permanente absoluta a una autónoma tras más de seis años de solicitudes denegadas

Una trabajadora autónoma ha conseguido la Incapacidad Permanente Absoluta después de más de seis años intentándolo y tras cuatro denegaciones por parte de la Seguridad Social. Finalmente, el Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid ha dado la razón a la actora, con un grado de discapacidad del 65% reconocido y un importante cuadro pluripatológico.

Tras un tedioso proceso, en el que incluso los tribunales le denegaron su solicitud tras haber recurrido las resoluciones del INSS, la sentencia dictada en primera instancia ha aplicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que obliga a considerar todas las patologías en su conjunto. En este caso, la mujer regentaba en solitario un comercio al por menor de muebles, lo que le suponía mover y transportar objetos pesados teniendo hasta nueve enfermedades físicas y psíquicas, además de un dolor crónico generalizado.

Esta sentencia, tal y como explica el laboralista Ismael Istambul, socio director de Iberum Abogados, sienta precedentes debido a que “en sede judicial se suelen otorgar aún menos incapacidades que en la Administración”. El despacho, que ha defendido a la autónoma, también ha conseguido la estimación del recurso de suplicación presentado para que se retrotraiga la fecha de efectos de la Incapacidad Permanente Absoluta a la fecha de denegación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

“El resultado es doblemente positivo tras haber conocido la estimación de este recurso. Nuestra cliente inició en 2017 la solicitud de la incapacidad y desde entonces se le denegó hasta en cuatro ocasiones sin poder recibir la prestación correspondiente, viéndose obligada a seguir ejerciendo su trabajo bajo las limitaciones provocadas por su estado de salud y pidiendo constantemente la baja laboral”, sostiene Istambul.

Ismael Istambul, socio director de Iberum Abogados (Foto: Iberum Abogados)

Seis años de solicitudes denegadas

La trabajadora ha sido diagnosticada de poliartrosis; lumbalgia irradiada a MMII secundaria a patología degenerativa vertebral y estenosis del canal lumbar; bloque facetario cervical; posible conectivopatía; artritis en brotes; VIH con buena respuesta antirretriviral; VHC curada; y trastorno adaptativo a dolor crónico. Dichos padecimientos le producían un déficit funcional por dolor crónico generalizado.

La Consejería de políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid reconoció en 2018 a la actora un grado total de discapacidad del 65%, por hallarse afectada de nueve enfermedades y patologías. Sin embargo, en el año 2020, el INSS dictó resolución denegándole a la mujer la prestación por Incapacidad Permanente, alegando que las lesiones que padecía no alcanzaban un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral.

Por lo que la autónoma demandó al INSS, demanda que ha sido estimada por el Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid al fallar que, “todas las patologías que presenta la actora configuran un cuadro clínico respecto del que no puede inferirse la existencia de una capacidad real de trabajo”. Por ende, el juzgador ha declarado la situación de Incapacidad Permanente Absoluta de la mujer, derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una prestación en cuantía equivalente al 100 por 100 de la base reguladora mensual.

El representante de la trabajadora en el despacho Iberum Abogados, Marcos Rey, especializado en la tramitación de incapacidades permanentes, ha aclarado que “para denegar la incapacidad debe haber una posibilidad de realizar las tareas profesionales con profesionalidad, rendimiento y eficacia, sin un esfuerzo extraordinario y con capacidad de continuidad durante toda la jornada laboral y considerando también el eventual incremento del daño físico propio o ajeno”,

Desde Iberum Abogados, como expertos en asesoramiento a directores generales, consejeros delegados u otros altos cargos, lamentan que “cada vez sea más común encontrarse con este tipo de situaciones de indefensión de los trabajadores por parte de la Administración, aunque esta sentencia nos demuestra que se puede lograr hacer justicia”, consideró su socio director Ismael Istambul.