Confió en quien le rellenó el formulario de la ayuda al alquiler: pierde la subvención y paga las costas
El TSJ de la Comunidad Valenciana rechaza que el error atribuido a una mancomunidad anule la resolución
(Imagen: E&J)
Confió en quien le rellenó el formulario de la ayuda al alquiler: pierde la subvención y paga las costas
El TSJ de la Comunidad Valenciana rechaza que el error atribuido a una mancomunidad anule la resolución
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Pidió una ayuda al alquiler, la Administración le tuvo por desistido y, casi cuatro años después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le ha cerrado la puerta. El motivo: quien firma una solicitud de subvención debe comprobar que está bien rellenada, aunque la haya cumplimentado otra persona.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo desestima, en su (disponible en el botón ‘descargar resolución’), el recurso de un hombre al que la Conselleria de Vivienda tuvo por desistido de la ayuda al alquiler del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 por no subsanar a tiempo los defectos de su solicitud. Además, le condena en costas, con un límite de 1.500 euros.
Un formulario mal rellenado, según el demandante
El demandante pidió la ayuda de la convocatoria de 2022 a través de la Mancomunitat del Turia, con sede en el Ayuntamiento de Serra. Su versión es que dos empleadas de la mancomunidad cumplimentaron mal el apartado de las personas que formaban la unidad familiar. En 2021, sostenía, convivía con su hija y su yerno, cuyos ingresos netos según la renta de ese año eran de 16.625,61 euros, y con ellos habría alcanzado el umbral exigido.
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Pidió anular la resolución del director general de Vivienda de 18 de noviembre de 2024, que rechazó su recurso de reposición contra la de 29 de diciembre de 2022, y reclamó 4.800 euros de indemnización con intereses y actualización conforme al IPC.
La Sala parte de las bases de la convocatoria, aprobadas por la Orden 4/2022, de 21 de junio. Allí, la unidad de convivencia es el conjunto de personas empadronadas en la misma vivienda en el momento de la solicitud, tengan o no lazos familiares. Quienes tienen su domicilio habitual en la vivienda deben acreditar, en conjunto, unos ingresos mínimos de 0,3 veces el IPREM, que la sentencia cifra en 2.372,58 euros para 2021.
Lo que el tribunal dio por acreditado
Los hechos que la Sala considera probados le fueron adversos. En su solicitud, el recurrente se declaró único integrante de la unidad de convivencia, y el certificado del padrón lo confirma. Con los datos de la Agencia Tributaria, los ingresos de esa unidad no alcanzaban el mínimo.
La Administración le requirió expresamente que acreditara que sí lo alcanzaba. Él aportó las vidas laborales y las declaraciones de IRPF de otras personas, pero sin prueba alguna de que vivieran con él. De hecho, los certificados de vida laboral que constan en el expediente corresponden a dos personas con domicilios distintos al suyo.
La obligación de revisar la instancia
Sobre el error que atribuía a la mancomunidad, la respuesta del tribunal es directa: la obligación del recurrente era rellenar y, en su caso, revisar que la instancia estuviera correctamente cumplimentada.
La Sala enmarca esa conclusión en la naturaleza de la subvención, que define, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como una donación modal: quien la recibe asume la carga de cumplir todas las obligaciones de la norma que la regula. Por eso es básico comprobar que concurren los requisitos que dan derecho a ella. Recuerda también que, según el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, pueden ser beneficiarias las personas que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión o cumplan las circunstancias previstas en las bases.
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Sin causa de nulidad, no hay indemnización
La demanda planteaba además la nulidad de pleno derecho de la resolución y la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la mancomunidad. El tribunal rechaza ambas vías. Subraya que el demandante no alegó ninguna causa concreta de nulidad ni indicó qué precepto se había vulnerado, y que se limitó a citar el artículo 62 de la Ley 30/1992, norma sustituida por la Ley 39/2015.
Las causas de nulidad se enumeran con carácter taxativo en el artículo 47 de esta última, y quien las invoca debe alegar alguna de ellas. Por eso la Sala confirma la resolución y rechaza la pretensión indemnizatoria.
Casación y lectura práctica
La sentencia no es firme. Cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del propio TSJCV. Debe prepararse en treinta días desde el siguiente a la notificación, con un depósito de 50 euros.
La lectura práctica para quien solicita ayudas públicas es doble. Un error en el formulario, aunque lo haya cometido quien ayudó a rellenarlo, recae sobre el solicitante. Y para sumar los ingresos de otras personas hay que poder demostrar que figuran en el mismo domicilio, porque el padrón es el criterio que cuenta.
