Embarazada, sin trabajo y con un alquiler que no vale: confirman su desalojo
La Audiencia de Alicante confirma que debe dejar la vivienda de Banco Sabadell en Elda, aunque admite que el juzgado sentenció antes de tiempo
(Imagen: E&J)
Embarazada, sin trabajo y con un alquiler que no vale: confirman su desalojo
La Audiencia de Alicante confirma que debe dejar la vivienda de Banco Sabadell en Elda, aunque admite que el juzgado sentenció antes de tiempo
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Una mujer desempleada, embarazada y sin otro lugar donde vivir alquiló el 5 de mayo de 2025 una vivienda en Elda (Alicante) a alguien que se presentó como propietario. Es su versión de los hechos; para el tribunal, ese contrato no sirve frente al banco. La casa era de Banco Sabadell, que la demandó por precario, y la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado que debe dejarla. La Sala admite, sin embargo, que el juzgado cometió un error de procedimiento: dictó sentencia antes de tiempo.
La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), de la Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Susana Martínez González, desestima el recurso contra la resolución del Tribunal de Instancia de Elda de 8 de junio de 2026. Esta estimó íntegramente la demanda, concedió 20 días para dejar la vivienda libre y condenó en costas a la demandada.
El banco acudió a los tribunales contra «ignorados ocupantes» de un inmueble de su propiedad, al que atribuía ocupación sin título y sin pago de renta. La mujer no discutió que la casa fuera del banco ni que ella la ocupara. Alegó el contrato firmado con un tercero, su buena fe y su situación de vulnerabilidad económica y social, y pidió que intervinieran los servicios sociales y que no se le impusieran las costas.
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La sentencia que llegó antes de tiempo
Su única prueba era un oficio a los servicios sociales del Ayuntamiento de Elda. Un auto de 27 de mayo de 2026 la inadmitió, declaró innecesaria la vista y dejó el pleito listo para sentencia. La mujer recurrió en reposición, pero el juzgado sentenció sin resolver ese recurso.
En ese punto la Audiencia le da la razón. En los procedimientos iniciados tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, el artículo 438.10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) obliga a decidir por auto si hace falta vista y da efecto suspensivo a la reposición contra ese auto. Por eso, afirma la resolución, «no procedía dictar sentencia hasta que aquel hubiera sido resuelto».
Irregularidad sí, nulidad no
La irregularidad, sin embargo, no anula las actuaciones. Los artículos 225.3 y 227.2 de la LEC exigen que haya podido producirse indefensión, es decir, un perjuicio real y efectivo para la defensa. Para la Sala, el oficio no era una prueba decisiva: no iba dirigido a acreditar un título que legitimara la posesión ni a desvirtuar la titularidad del banco.
Cita la doctrina constitucional (STC 121/2004, de 12 de julio), según la cual la denegación de una prueba solo adquiere relevancia cuando su práctica pudo conducir a otra resolución. Tampoco cambia el panorama el informe social que la mujer aportó con el recurso, ni la ausencia de vista: no propuso interrogatorio, testifical ni pericial, sino solo un oficio que podía practicarse fuera de ella.
La vulnerabilidad no es un título
La ratio decidendi descansa en una distinción. La vulnerabilidad de quien ocupa una vivienda, aunque llegue a probarse, no es un título posesorio oponible al propietario ni suple la falta de legitimación de quien firmó el contrato. La Sección recuerda su criterio, recogido en la sentencia 44/2025, de 21 de enero, y en otras de 2024: el arrendamiento celebrado con quien no es propietario ni consta facultado para ceder la posesión no vale frente al titular que ejercita el precario, sin perjuicio de las acciones del ocupante contra quien contrató con él.
(Imagen: E&J)
La vulnerabilidad tiene su cauce en el artículo 441 de la LEC, que prevé la comunicación a las administraciones competentes y, en su caso, medidas de protección o suspensión. La Audiencia lo deja anotado: antes de ejecutar el lanzamiento, el tribunal de primera instancia debe comprobar que se han cumplido esas comunicaciones y valorar el informe social a los efectos que legalmente correspondan. La sentencia no ordena suspender el desalojo.
Costas y recurso
Las costas de primera instancia se mantienen. El artículo 394.1 de la LEC las impone a quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo serias dudas de hecho o de derecho, que la Sala no aprecia. La situación económica de la parte vencida no figura entre las excepciones. Si tiene reconocida la asistencia jurídica gratuita, ese derecho puede incidir en la exigibilidad de las costas (artículo 36 de la Ley 1/1996), pero no en su imposición. A ello se suman las costas de la apelación y, en su caso, la pérdida del depósito para recurrir.
Contra la sentencia cabe recurso de casación en veinte días, con un depósito de 50 euros del que están exentos, entre otros, los beneficiarios de justicia gratuita.
Dos lecciones prácticas
El caso deja dos enseñanzas. La primera, procesal: sentenciar con una reposición pendiente es una irregularidad, aunque no siempre causa de nulidad. La segunda, sustantiva: quien alquila a quien no es dueño no obtiene un título frente al propietario, y su situación personal solo puede pesar en las medidas de protección y en el momento del lanzamiento.
