Una tribunal de Málaga permite recuperar una vivienda alquilada pese a la oposición del inquilino por la duración del contrato
La justicia confirma que firmar un nuevo documento de arrendamiento no implica necesariamente iniciar otro periodo de cinco años
(Imagen: E&J)
Una tribunal de Málaga permite recuperar una vivienda alquilada pese a la oposición del inquilino por la duración del contrato
La justicia confirma que firmar un nuevo documento de arrendamiento no implica necesariamente iniciar otro periodo de cinco años
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La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torremolinos, Plaza n.º 3, ha dictado la sentencia n.º 380/2026, de 28 de septiembre, por la que estima una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual, declarando extinguido el arrendamiento y condenando al inquilino a desalojar la vivienda, abonar las rentas devengadas hasta su efectiva entrega y satisfacer las costas procesales.
El pronunciamiento resuelve una cuestión habitual en los arrendamientos de larga duración: si la firma de un documento posterior obliga, en todo caso, a computar un nuevo plazo mínimo legal. El Juzgado concluye que no, cuando las partes han pactado válidamente mantener la antigüedad de la relación.
Una relación arrendaticia de más de 15 años y un nuevo contrato en 2023
El litigio afecta a una vivienda de Benalmádena arrendada desde 2009, sobre la que se habían suscrito diversos contratos. El 1 de junio de 2023 las partes firmaron un nuevo documento que fijaba una duración de cinco años desde el 1 de noviembre de 2020, con vencimiento el 30 de octubre de 2025.
La cláusula cuarta disponía que el documento sustituía al anterior, salvo en cuanto a la fecha de inicio, cuya antigüedad se conservaba expresamente. Los propietarios comunicaron fehacientemente y con antelación su voluntad de no renovar; pese a ello, el arrendatario permaneció en el inmueble al vencimiento.
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La controversia jurídica: ¿nuevo contrato o continuidad del anterior?
El inquilino defendió que el documento de junio de 2023 constituía un contrato nuevo y que debía disfrutar de cinco años adicionales de permanencia, hasta junio de 2028. También sostuvo que la cláusula sobre la antigüedad era abusiva, vulneraba la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y no había comprendido sus efectos.
Por el contrario, la representación de los propietarios —que ha estado a cargo de esta letrada— alegó que el acuerdo no inauguraba una relación arrendaticia distinta, sino que reconocía expresamente la fecha de inicio pactada.
La magistrada consideró clara la estipulación y rechazó su nulidad, al no existir prueba de que el inquilino la desconociese o no hubiera entendido su contenido.
Duración mínima y preaviso conforme a la LAU
El artículo 9 de la LAU prevé, con carácter general, una duración mínima de cinco años cuando el arrendador es persona física y de siete años si es persona jurídica. El artículo 10 regula las prórrogas y los preavisos necesarios para evitar la renovación del contrato.
La sentencia precisa que la firma de un documento posterior no determina automáticamente el inicio de otro plazo de cinco años: deben valorarse la naturaleza del acuerdo, la relación previa y la voluntad de las partes, respetando las normas imperativas.
En este caso, el Juzgado entendió válida la conservación de la fecha inicial de 1 de noviembre de 2020 y constató que los propietarios habían enviado un burofax en mayo de 2025, recibido por el arrendatario el 10 de junio, comunicando la no renovación dentro del plazo legal. Por ello, declaró procedente la extinción contractual.
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La vulnerabilidad del arrendatario no determinó la suspensión
El demandado invocó su situación de vulnerabilidad económica y social para solicitar la suspensión del desahucio al amparo de la normativa extraordinaria de protección. Sin embargo, la alegación de vulnerabilidad no comporta por sí sola la paralización automática del procedimiento: deben concurrir y acreditarse los requisitos legalmente exigidos.
Mediante auto de 8 de abril de 2026, el Juzgado desestimó la suspensión solicitada, por lo que el procedimiento continuó hasta juicio y sentencia. La resolución distingue así entre la causa legal de extinción del arrendamiento y las eventuales medidas de protección que pueden afectar a la tramitación o ejecución del desahucio.
Resultado del procedimiento y relevancia de la sentencia
La sentencia n.º 380/2026 estima sustancialmente la demanda interpuesta en representación de los propietarios y declara resuelto el contrato de arrendamiento, condenando al inquilino a desalojar la vivienda, bajo apercibimiento de lanzamiento. Asimismo, establece la obligación de abonar 550 euros mensuales en concepto de rentas hasta la efectiva entrega del inmueble e impone las costas procesales a la parte demandada.
Esta resolución pone de manifiesto la importancia de una adecuada redacción de los contratos de arrendamiento, especialmente cuando existen relaciones contractuales prolongadas y se suscriben documentos posteriores que modifican o actualizan determinadas condiciones.
En un contexto de creciente conflictividad en materia de vivienda, resulta fundamental distinguir entre las legítimas garantías de estabilidad reconocidas a los arrendatarios y el derecho de los propietarios a recuperar la posesión de sus inmuebles cuando el contrato ha finalizado válidamente.
(Imagen: E&J)
La protección legal del inquilino no puede interpretarse al margen de los pactos válidamente alcanzados entre las partes, del mismo modo que la libertad contractual encuentra sus límites en las disposiciones imperativas de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La sentencia de Torremolinos evidencia que no toda modificación o renovación documental de un arrendamiento supone necesariamente el nacimiento de un nuevo periodo mínimo de duración. Para determinarlo resulta imprescindible analizar la naturaleza del acuerdo y las circunstancias particulares de la relación arrendaticia.
En definitiva, este pronunciamiento recuerda un principio esencial del Derecho arrendaticio: la seguridad jurídica exige tanto la protección de los derechos del inquilino como el respeto a los acuerdos contractuales válidos y a las facultades que la ley reconoce al propietario.
