«Los tribunales no pueden sustituir la prueba de los hechos por la reiteración de acusaciones», sostiene Manuel Chamorro Pavón, socio fundador de Aznar & Chamorro

Los conflictos por la ocupación de viviendas llevan años en el centro del debate jurídico y social en España, y también en el de las empresas que intervienen en ellos. Dos sentencias absolutorias dictadas en 2026 por órganos judiciales distintos, una del 9 de febrero y otra de septiembre, han vuelto a poner el foco en los límites del delito de coacciones cuando una compañía como Brigada Desokupa interviene para tratar de recuperar una vivienda en Madrid. Ambas resoluciones giran sobre una cuestión de fondo: qué pruebas se exigen para condenar cuando una misma controversia posesoria se multiplica en numerosas denuncias y procedimientos.

Para analizarlas, Economist & Jurist (E&J) ha hablado con Manuel Chamorro Pavón, abogado colegiado en el ICAM y socio fundador del despacho Aznar & Chamorro, Estudio Jurídico, que asesora a empresas y particulares en Derecho penal, civil y mercantil. Con perfil vinculado al Derecho procesal y al ejercicio de la abogacía, y formación en la Universidad CEU San Pablo y en mediación y solución de conflictos, Chamorro ejerció la defensa en estos procedimientos.

En la entrevista, el letrado explica la estrategia de defensa, centrada en analizar de forma individual cada denuncia y la participación concreta de cada acusado, y subraya que denunciar varias veces no equivale a haber sufrido varios delitos. Detalla el valor de las declaraciones de los agentes de Policía Nacional y de una grabación cuya fecha y protagonistas la denunciante no supo precisar, y distingue entre una actuación legítima de negociación y una conducta constitutiva de coacciones según el artículo 172 del Código Penal. También aborda los límites que deben respetar las empresas del sector, los riesgos penales de los propietarios que intentan recuperar su vivienda por su cuenta y las vías legales ante una ocupación que se considera ilegítima.

(Imagen: E&J)

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Economist & Jurist (E&J).- ¿Podría resumir los hechos que dieron lugar al procedimiento judicial?

Manuel Chamorro Pavón (M. C. P.).- El procedimiento tuvo su origen en un conflicto relacionado con la posesión de una vivienda en Madrid, respecto de la cual una de las personas implicadas contrató los servicios de nuestro cliente Brigada Desokupa para intentar alcanzar una solución negociada.

A partir de ese momento, la ocupante de la vivienda comenzó a interponer numerosas denuncias contra personas vinculadas a la empresa, atribuyéndoles supuestas conductas de coacciones, amenazas e intimidación. Esto es muy habitual, puesto que esta estrategia es usada a modo disuasorio por los okupas, al efecto de llamar a la policía e informar de la existencia de una denuncia por supuestas amenazas y coacciones.

De hecho, el 9 de febrero de 2026, otro órgano judicial ya había dictado una sentencia absolutoria respecto de dos de los denunciados, por unos hechos distintos relacionados con la misma vivienda.

Por tanto, estamos ante un conflicto que generó una pluralidad de actuaciones policiales y judiciales, pero en el que las dos resoluciones que conocemos han terminado descartando la responsabilidad penal de nuestros defendidos.

E&J.– ¿Cuál fue la estrategia de defensa y qué elementos consideró más relevantes?

M. C. P.- Nuestra estrategia tuvo dos ejes fundamentales. El primero fue demostrar que las actuaciones que realmente podían considerarse acreditadas no reunían los requisitos necesarios para constituir un delito de coacciones. El segundo fue poner de manifiesto la necesidad de analizar individualmente cada denuncia, cada episodio y la participación concreta de cada acusado.

Considero especialmente relevante este segundo aspecto porque nos encontrábamos ante una denunciante que había formulado numerosas denuncias relacionadas con un mismo conflicto posesorio.

Desde la defensa entendíamos que no podía permitirse que la acumulación de denuncias generase, por sí misma, una apariencia de criminalidad que no estuviera respaldada por pruebas suficientes. Que una persona denuncie cinco veces no significa que haya sufrido cinco delitos. Cada denuncia exige su propia acreditación y cada acusado tiene derecho a que se determine qué conducta concreta se le atribuye y sobre qué pruebas se sostiene esa imputación.

Además, las declaraciones de los agentes de Policía Nacional resultaron especialmente importantes, porque no constataron directamente actos de violencia, amenazas o daños materiales.

La sentencia anterior también resultaba significativa, pues otro juzgado ya había advertido las dificultades para individualizar la participación de los denunciados en unos hechos distintos.

En definitiva, nos centramos en evitar que la reiteración de imputaciones terminase sustituyendo la prueba efectiva de las conductas denunciadas.

E&J.- ¿Qué diferencias jurídicas existen entre una actuación legítima de recuperación de un inmueble y una conducta constitutiva de coacciones?

M. C. P.- La diferencia fundamental se encuentra en los medios utilizados. Una empresa puede intervenir legítimamente en un conflicto posesorio, establecer contacto con sus ocupantes, intentar negociar una salida voluntaria o proponer acuerdos para recuperar el inmueble. Lo que no puede hacer es utilizar violencia, intimidación o mecanismos ilegítimos para doblegar la voluntad de quienes residen en él.

Ahora bien, solicitar que alguien abandone una vivienda no constituye automáticamente un delito.

Precisamente, las dos sentencias analizan actuaciones relacionadas con peticiones de abandono del inmueble y concluyen que los hechos enjuiciados no justificaban una condena penal. Y esto demuestra que debemos diferenciar entre una situación que puede resultar incómoda para su destinatario y una conducta que realmente posee relevancia penal.

El Derecho penal no castiga las situaciones de incomodidad, sino las conductas que reúnen los elementos exigidos por la ley para constituir un delito.

(Imagen: E&J)

E&J.- ¿Qué elementos deben concurrir para apreciar el delito de coacciones en este tipo de situaciones?

M. C. P.- El artículo 172 del Código Penal exige, esencialmente, una conducta ilegítima de violencia o compulsión dirigida a impedir que otra persona haga algo que la ley no prohíbe o a obligarla a realizar algo contra su voluntad.

La violencia puede manifestarse de distintas formas y no tiene por qué consistir necesariamente en una agresión física. Puede comprender determinadas conductas intimidatorias o actuaciones sobre las cosas, como impedir el acceso a una vivienda mediante el cambio de cerraduras o cortar suministros para forzar su abandono.

Sin embargo, hay que dejar claro que no cualquier discusión, visita o petición de abandono reúne esos requisitos. Es imprescindible analizar la intensidad de la conducta, su finalidad, su carácter ilegítimo y la existencia de pruebas suficientes para atribuirla a una persona determinada.

En los dos procedimientos que conocemos, los órganos judiciales consideraron que no existía fundamento probatorio suficiente para condenar.

E&J.- ¿Qué valor probatorio tuvieron las declaraciones de las partes y los testigos?

M. C. P.- Tuvieron una importancia decisiva. En el procedimiento más reciente, dos funcionarios de Policía Nacional prestaron declaración y explicaron que no habían apreciado directamente amenazas ni daños materiales. Uno de ellos describió a los trabajadores de la empresa como personas tranquilas y colaboradoras durante la intervención policial.

Pero hay otro aspecto muy interesante que aparece en la sentencia anterior, de febrero de 2026. En aquella ocasión, el juzgado destacó que ni las testificales practicadas ni las manifestaciones de la denunciante permitían individualizar adecuadamente las conductas atribuidas a cada denunciado. Algo que, por otro lado, es muy habitual. Siempre se denuncia una violencia o un acoso desmesurado, pero, pese a ser un edificio con varios vecinos, nadie ve nada…

Esto conecta con una cuestión fundamental del Derecho penal: la responsabilidad es personal y no puede construirse mediante atribuciones colectivas o genéricas.

No basta con afirmar que varias personas acudieron a un domicilio. Hay que determinar quién hizo qué, cuándo lo hizo y qué prueba permite sostenerlo.

En mi opinión, esta fue una de las principales debilidades de las acusaciones.

E&J.- ¿Qué importancia tuvieron las grabaciones, comunicaciones u otras pruebas disponibles?

M. C. P.- Las grabaciones y documentos tuvieron relevancia, aunque lo verdaderamente importante fue determinar qué hechos permitían acreditar.

En el procedimiento resuelto en septiembre, la acusación aportó una grabación respecto de la cual la propia denunciante manifestó desconocer su fecha y no poder identificar a los denunciados que aparecían en ella.

Este aspecto es importante porque una grabación, por sí sola, no acredita necesariamente una conducta delictiva ni permite atribuirla automáticamente a una persona concreta.

Lo mismo ocurre con las denuncias y los atestados policiales. Una denuncia acredita que una persona ha comunicado determinados hechos a las autoridades, pero no significa que esos hechos hayan quedado judicialmente demostrados.

(Imagen: E&J)

E&J.- ¿Cuáles fueron los principales argumentos jurídicos que sustentaron la defensa?

M. C. P.- El argumento principal fue la ausencia de acreditación suficiente de los elementos constitutivos del delito. Pero también considero esencial destacar la importancia del principio de presunción de inocencia y la individualización de las responsabilidades.

Nos encontrábamos ante una situación en la que una misma persona había promovido diferentes procedimientos penales relacionados con un conflicto común, atribuyendo actuaciones delictivas a diversas personas vinculadas a una empresa.

Desde nuestra perspectiva defensiva era fundamental evitar que esa pluralidad de denuncias pudiera interpretarse como una demostración de culpabilidad. Una denuncia no refuerza automáticamente otra. Y la existencia de varios procedimientos tampoco permite prescindir del análisis de las pruebas correspondientes a cada uno.

De hecho, la primera sentencia ya había concluido que no existía prueba suficiente para identificar qué actuación concreta habría realizado cada acusado. La segunda resolución profundiza en la cuestión y concluye que no se acreditaron actos violentos o intimidatorios, daños, invasión de la vivienda ni impedimentos de acceso.

Por tanto, ambas resoluciones, dictadas por órganos judiciales distintos, coinciden en descartar la responsabilidad penal de nuestro cliente.

E&J.– ¿Qué razonamiento judicial considera más relevante para comprender la resolución?

M. C. P.- Me quedaría con dos razonamientos, uno de cada sentencia. El primero es el de febrero de 2026, cuando el juzgado concluye que no había quedado desvirtuada la presunción de inocencia, poniendo especialmente el acento en las deficiencias de la prueba y en la imposibilidad de individualizar determinadas conductas.

El segundo es el de septiembre de 2026, cuando el magistrado explica que la mera presencia de trabajadores de Brigada Desokupa en la vivienda y la petición de que la denunciante la abandonara no constituyen, por sí mismas, una infracción penal.

Creo que ambos razonamientos tienen un denominador común: los tribunales no pueden sustituir la prueba de los hechos por la reiteración de acusaciones o por los prejuicios que pueda suscitar una determinada actividad profesional. Y esto adquiere especial relevancia en un asunto como el presente, en el que una misma controversia dio lugar a numerosos procedimientos.

E&J.- ¿Qué límites deben respetar las empresas y profesionales que intervienen en conflictos de ocupación?

M. C. P.- Las empresas dedicadas a este ámbito deben actuar siempre dentro de los límites establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. Pueden desarrollar labores de mediación, negociación y búsqueda de soluciones voluntarias, pero no pueden ejercer violencia, intimidar, amenazar o realizar actuaciones dirigidas a impedir ilegítimamente el disfrute de una vivienda.

Una cuestión importante es que la propia denominación de una empresa o el sector al que se dedica no determinan su responsabilidad penal. Lo que debe examinarse son sus actuaciones concretas.

La sentencia de septiembre resulta especialmente significativa porque el magistrado analiza precisamente el funcionamiento de este tipo de empresas y distingue entre su actividad mediadora y las conductas que, por sus características, pueden llegar a constituir un delito.

(Imagen: E&J)

E&J.– ¿Qué riesgos penales pueden asumir los propietarios si intentan recuperar por su cuenta la posesión del inmueble?

M. C. P.- El hecho de ser propietario de una vivienda no permite recuperarla mediante cualquier procedimiento. Incluso cuando existe una ocupación ilegítima o un incumplimiento contractual, deben respetarse los cauces legales.

De lo contrario, determinadas actuaciones pueden constituir delitos de coacciones, amenazas o incluso allanamiento de morada, dependiendo de las circunstancias. Tampoco debe olvidarse que la contratación de una empresa no elimina necesariamente la responsabilidad penal de quien ordena o participa en una actuación delictiva.

Ahora bien, también debemos evitar interpretar que la contratación de una empresa de mediación constituye por sí misma una conducta ilícita. En el procedimiento de septiembre quedó acreditado que se había contratado a Brigada Desokupa para intentar resolver el conflicto, sin que el órgano judicial encontrara pruebas suficientes de actuaciones penalmente relevantes.

En resumidas cuentas, contratar una empresa para que medie o llegue a un acuerdo con las partes no es ilegal, sea cual sea el ámbito.

E&J.- ¿Qué vías legales recomienda a quienes se encuentran ante una ocupación que consideran ilegítima?

M. C. P.- Lo primero es determinar la naturaleza jurídica de la ocupación. No es lo mismo una entrada inconsentida en una morada, una usurpación de un inmueble que no constituye morada o un conflicto derivado de un contrato de arrendamiento o subarrendamiento.

En función de las circunstancias, existen distintas vías civiles y penales para reclamar la recuperación de la posesión.

También puede resultar útil intentar una solución negociada, siempre que se haga voluntariamente y dentro de los límites legales. En este asunto, de hecho, las propias sentencias recogen que finalmente la denunciante formalizó un contrato directamente con el propietario de la vivienda.

Esto evidencia que los conflictos posesorios pueden presentar circunstancias jurídicas complejas y que no siempre se resuelven mediante una condena penal. Por ello, considero esencial analizar cada situación antes de decidir la estrategia jurídica más adecuada.

E&J.- ¿Qué conclusiones prácticas extraería de este procedimiento para abogados y ciudadanos?

M. C. P.- La principal conclusión es que el Derecho penal no puede convertirse en un instrumento para trasladar a los tribunales cualquier desacuerdo relacionado con una vivienda.

Este caso tiene una particularidad especialmente significativa: una misma denunciante interpuso numerosas denuncias relacionadas con un mismo conflicto y, en los dos procedimientos cuyas sentencias hemos analizado, los órganos judiciales dictaron resoluciones absolutorias.

Desde la perspectiva de la defensa, considero imprescindible reflexionar sobre los efectos que puede generar esa sucesión de procedimientos para quienes tienen que afrontarlos. Porque una denuncia penal no es una cuestión menor. Implica asumir la condición de denunciado, contratar asistencia jurídica, acudir a los tribunales y afrontar las consecuencias personales, profesionales y reputacionales que todo ello puede ocasionar.

Naturalmente, cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar los hechos que considere delictivos. Pero ese derecho no convierte sus afirmaciones en hechos probados ni elimina las garantías de las personas denunciadas.

Tampoco podemos afirmar que una denuncia sea falsa por el mero hecho de terminar en absolución. Lo que sí podemos afirmar, y este asunto lo demuestra, es que la multiplicación de procedimientos no puede servir para rebajar las exigencias probatorias del Derecho penal.

Dos órganos judiciales diferentes han examinado episodios relacionados con este conflicto y han concluido que no existía fundamento suficiente para condenar a nuestros defendidos.

Creo que esta es la enseñanza más importante: la justicia penal debe examinar hechos y pruebas, no dejarse condicionar por la reiteración de acusaciones, la repercusión mediática de una empresa o las opiniones que pueda suscitar su actividad.

Porque denunciar muchas veces no equivale a tener razón, del mismo modo que ser denunciado reiteradamente no convierte a nadie en culpable.