Ni la Agencia del BOE sabe cuántas normas hay en vigor
El organismo ofrece un recuento de 2.306 normas que considera vigentes, pero advierte de las limitaciones de sus bases de datos y de que esa clasificación carece de valor jurídico
(Imagen: Congreso TV)
Ni la Agencia del BOE sabe cuántas normas hay en vigor
El organismo ofrece un recuento de 2.306 normas que considera vigentes, pero advierte de las limitaciones de sus bases de datos y de que esa clasificación carece de valor jurídico
(Imagen: Congreso TV)
Introducción a la paradoja de un Estado que no conoce su propio Derecho
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha reconocido, en una resolución de 23 de octubre de 2026 dictada en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, que no dispone de un inventario estadístico oficial que permita conocer el conjunto de normas con rango de ley que siguen vigentes en España. El organismo ofrece un recuento de 2.306 normas que considera vigentes, pero advierte de las limitaciones de sus bases de datos y de que esa clasificación carece de valor jurídico. La paradoja es tan llamativa que merece ser subrayada: el Estado español no sabe cuántas leyes tiene en vigor. Y no lo sabe porque la Agencia que debería saberlo, la que publica las normas y las consolida, reconoce que sus bases de datos son incompletas, que su clasificación no tiene efectos jurídicos y que la entrada y pérdida de vigencia dependen de la dinámica del ordenamiento, no de la clasificación que hagan sus documentalistas.
El dato no es una curiosidad académica. Afecta a la seguridad jurídica, al principio de publicidad de las normas y a la propia posibilidad de que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones. El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza la publicidad de las normas, y el artículo 6 del Código Civil establece que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Pero si el propio Estado no sabe cuántas leyes tiene, ¿cómo puede exigir a los ciudadanos que las conozcan? La pregunta no es retórica. Es una pregunta que afecta a los cimientos del Estado de derecho.
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