Los detectives privados destapan un fraude de más de 400.000 euros: la Justicia avala que sus investigaciones puedan conducir a una condena penal
La Audiencia Provincial de Bizkaia delimita el valor probatorio de las investigaciones privadas y los límites legales de la actuación de los detectives.
(Imagen: E&J)
Los detectives privados destapan un fraude de más de 400.000 euros: la Justicia avala que sus investigaciones puedan conducir a una condena penal
La Audiencia Provincial de Bizkaia delimita el valor probatorio de las investigaciones privadas y los límites legales de la actuación de los detectives.
(Imagen: E&J)
Muchas empresas creen que los detectives privados únicamente sirven para acreditar bajas laborales fraudulentas o casos de competencia desleal. Sin embargo, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia demuestra que su intervención puede resultar decisiva para descubrir fraudes empresariales de gran envergadura y, además, convertirse en una prueba de cargo plenamente válida en un proceso penal.
La resolución, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, confirma la condena por una compleja estafa que ocasionó un perjuicio superior a los 400.000 euros a la empresa siderúrgica Nervacero, dedicada a la fabricación de acero a partir de chatarra.
El fraude se ocultaba en la clasificación de la chatarra
La operativa era aparentemente sencilla, pero extraordinariamente difícil de detectar.
Dos trabajadores encargados de clasificar la chatarra alteraban deliberadamente la calidad del material que entraba en la planta. Material de escaso valor era registrado como si perteneciera a categorías muy superiores, lo que provocaba que la empresa pagara precios mucho más elevados de los que realmente correspondían.
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Según declara probado la Audiencia, los clasificadores actuaban de común acuerdo con responsables de varias empresas proveedoras y con determinados transportistas, repartiendo posteriormente los beneficios obtenidos mediante la manipulación de las entregas. El perjuicio acreditado entre noviembre de 2011 y mayo de 2012 ascendió a 404.812,50 euros.
La empresa detectó algo que no cuadraba.
(Imagen: E&J)
Cómo comenzó la investigación
La dirección de Nervacero advirtió que el coste medio de adquisición de chatarra era muy superior al de otras acerías del mismo grupo empresarial. Esa diferencia económica no encontraba explicación técnica, por lo que decidió iniciar una investigación interna.
Aquellas primeras sospechas terminaron convirtiéndose en una investigación mucho más amplia que permitió descubrir un sistema organizado de manipulación de la materia prima.
La clave estuvo en los detectives privados
Antes incluso de la intervención de la Guardia Civil, la empresa contrató a la agencia de detectives Winterman.
Los investigadores realizaron seguimientos, fotografiaron los camiones que accedían diariamente a la planta, monitorizaron las cargas transportadas y compararon posteriormente esas imágenes con la clasificación que los empleados introducían en el sistema informático de la empresa.
Cuando existían dudas sobre la calidad real del material, recurrían además a especialistas independientes para verificar técnicamente la naturaleza de la chatarra.
Durante meses documentaron centenares de operaciones presuntamente fraudulentas que posteriormente fueron incorporadas al procedimiento penal.
(Imagen: E&J)
La Audiencia avala plenamente la investigación privada
Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes de la sentencia consiste en el análisis del valor probatorio de estos informes. La Audiencia rechaza las impugnaciones formuladas por varias defensas y considera que la actuación de la agencia de detectives respetó plenamente la Ley de Seguridad Privada.
Los magistrados destacan que los detectives actuaron por encargo de la empresa, dentro del ámbito privado y sin interferir en ningún momento en la investigación judicial o policial.
Lejos de sustituir a la Guardia Civil, su trabajo sirvió para complementar la investigación oficial, aportando información que posteriormente fue corroborada mediante otras diligencias de investigación.
La condena no descansa únicamente sobre las imágenes obtenidas por los detectives privados. La Audiencia Provincial de Bizkaia subraya que la culpabilidad de los acusados quedó acreditada mediante una sólida valoración conjunta de todas las pruebas practicadas durante el juicio.
Así, los informes elaborados por la agencia de detectives Winterman fueron corroborados por las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, los informes periciales especializados sobre la clasificación de la chatarra, el análisis de los sistemas informáticos SAP y DINALAN utilizados por la empresa para controlar las entradas y consumos de material, la documentación mercantil y contable, los albaranes y facturas de las operaciones investigadas, los registros domiciliarios, las agendas y anotaciones intervenidas a algunos de los acusados, las declaraciones testificales y los informes técnicos elaborados por la Guardia Civil tras el estudio conjunto de toda esa información.
(Imagen: E&J)
Precisamente esa acumulación de pruebas permitió al tribunal reconstruir con precisión el funcionamiento de la trama, acreditar la participación de los distintos implicados y concluir, más allá de toda duda razonable, que existía una actuación concertada destinada a engañar a la empresa y obtener un beneficio económico ilícito.
La sentencia también recuerda los límites de la acusación
Otro aspecto especialmente interesante es que la Audiencia se niega a extender el fraude a años anteriores únicamente porque existieran indicios económicos de que las irregularidades podían venir produciéndose desde tiempo atrás.
Aunque diversos informes técnicos apuntaban a que las anomalías podrían haberse iniciado varios años antes, el tribunal recuerda que en Derecho penal las sospechas no bastan; la presunción de inocencia impide condenar por hechos que no hayan quedado acreditados mediante pruebas sólidas y concretas. Por ello, la condena únicamente comprende el periodo respecto del cual existían fotografías, seguimientos, escuchas telefónicas y demás pruebas directas de cargo.
Una sentencia de interés para cualquier empresa
Más allá del sector siderúrgico, la resolución lanza un mensaje de enorme trascendencia para el tejido empresarial español.
Las investigaciones privadas realizadas con pleno respeto a la legalidad pueden constituir un instrumento extraordinariamente eficaz para descubrir fraudes internos, proteger el patrimonio empresarial y aportar pruebas plenamente utilizables en un procedimiento penal.
La sentencia pone de manifiesto que, cuando las actuaciones de los detectives se desarrollan dentro de los límites establecidos por la Ley de Seguridad Privada y posteriormente son corroboradas por otras diligencias de investigación, pueden convertirse en un elemento decisivo para desarticular complejas organizaciones defraudatorias y sostener una condena judicial.
Datos de la sentencia:
Tribunal: Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección Sexta).
Sentencia: 297/2026, de 1 de julio de 2026.
ROJ: SAP BI 1363/2026.
ECLI: ECLI:ES:APBI:2026:1363.
Ponente: Ilma. Sra. D.ª Susana Junquera Bajo.
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