Perdonados casi 300.000 euros a un empresario en situación de insolvencia a raíz de que uno de sus socios le incluyera como avalista en los préstamos que solicitó

El titular de la Plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Lleida ha perdonado 294.471 euros de deudas a un empresario de la construcción en situación de insolvencia.

El juez le ha exonerado del pasivo insatisfecho tras constatar que se trata de un deudor de buena fe y, por tanto, cumple con los requisitos para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Para entender la situación de insolvencia en la que acabó este empresario es necesario remontarse al año 2015, cuando el actor y otros dos hombres más constituyeron la empresa de construcción, cuya actividad principal era hacer obras y reformas. Los tres hombres eran socios de la mercantil y durante un tiempo la empresa funcionó bien, tenía un volumen de trabajo estable, pero los problemas comenzaron cuando uno de los socios, el encargado de la administración, se encontró en situación de insolvencia personal.

Esa persona —el socio encargado de la administración de la mercantil— ya había tenido alguna empresa que había ido a la quiebra, y debido a la situación de insolvencia personal en la que estaba empezó a solicitar préstamos a nombre de la empresa sin conocimiento pleno de los demás socios, es decir, sin conocimiento del actor. Asimismo, también solicitó créditos en los que el actor y el otro socio figuraban como avalistas, sin haber otorgado éstos previamente su consentimiento.

La defensa legal del actor en el concurso, que ha estado a cargo del despacho Bergadà Abogados, matiza al respecto que su cliente desconocía que había sido incluido como avalista porque iba al notario y firmaba pensando que se trataba de financiación solicitada directamente por la empresa. “El socio se aprovechó de la confianza que habían depositado en él para actuar a espaldas de quienes hasta entonces habían sido sus amigos”, señala Marta Bergadà, abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados.

(Imagen: E&J)

Finalmente, en el año 2024 la empresa fue cerrada tras acogerse a un concurso de acreedores por no poder hacer frente a sus obligaciones. Fue entonces cuando el actor y el otro socio de la mercantil descubrieron todo.

Sin embargo, los problemas económicos del actor no cesaron con el cierre de la empresa, ya que las entidades bancarias que habían concedido los préstamos al socio encargado de la administración de la mercantil —préstamos en los que se incluyó al actor como avalista personal sin su conocimiento— vendieron las deudas bancarias a fondos buitre. Por lo que, cuando el actor reanudó su actividad profesional, le resultó inviable poder recuperarse económicamente debido al endeudamiento acumulado que tenía.

La situación económica personal del actor era tan compleja que se vio en la obligación de vender su vivienda por no poder hacer frente a los gastos y a la hipoteca de ésta. Y, aunque con la venta del inmueble obtuvo una cantidad importante de dinero que le permitió abonar parte de las deudas que tenía acumuladas, no fue suficiente.

Al respecto, Marta Bergadà afirma que cuando el caso de este ciudadano llegó al despacho, tras una investigación previa, comprobaron que se trataba de un deudor de buena fe que se encontraba en un estado de insolvencia como “consecuencia directa de circunstancias personales y empresariales sobrevenidas, absolutamente ajenas a una voluntad dolosa o negligente de incumplimiento”.

La boutique legal inició el procedimiento para que el actor pudiera acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y, recientemente, el juez de la Plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Lleida le ha exonerado del pasivo insatisfecho, perdonándole la deuda que tenía acumulada y que ascendía a casi 300.000 euros.