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Derecho Civil

Un coche de 4,70 metros en una plaza de 4,25: la tolerancia en los garajes comunitarios no permite ocupar las zonas comunes

La Audiencia Provincial de Barcelona establece que la existencia de otros vehículos que también sobresalen no justifica perjudicar al propietario de la plaza contigua

(Imagen: E&J)

Rodrigo Corchero

Director ejecutivo de E&J School




Tiempo de lectura: 4 min

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Derecho Civil

Un coche de 4,70 metros en una plaza de 4,25: la tolerancia en los garajes comunitarios no permite ocupar las zonas comunes

La Audiencia Provincial de Barcelona establece que la existencia de otros vehículos que también sobresalen no justifica perjudicar al propietario de la plaza contigua

(Imagen: E&J)

Un Skoda Kodiaq de casi 4,70 metros era estacionado habitualmente en una plaza de garaje cuya longitud pintada sobre el suelo era de 4,25 metros, de forma que la parte trasera del vehículo sobresalía, ocupaba la zona común destinada a la circulación y dificultaba hasta llegar a impedir determinadas maniobras el acceso normal del propietario de la plaza contigua.

Los dueños de la plaza y el usuario del automóvil no negaban realmente que el coche sobrepasara las líneas, sostenían que el proyecto técnico utilizado para legalizar el aparcamiento en 2001 atribuía a su plaza una longitud teórica de 4,50 metros, que otros vehículos también sobresalían y que la comunidad había tolerado durante cierto tiempo situaciones semejantes.

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La Audiencia Provincial de Barcelona rechaza estos argumentos y confirma que ningún propietario puede extender unilateralmente su plaza sobre una zona común, ya que la tolerancia comunitaria puede explicar que una situación irregular haya continuado durante algún tiempo, pero no la transforma en un derecho adquirido, especialmente cuando impide a otro vecino utilizar normalmente aquello que le pertenece.

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(Imagen: E&J)

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El juzgado de primera instancia ya había condenado a los propietarios y al usuario del vehículo a respetar el perímetro linealmente delimitado de la plaza, absteniéndose de estacionar automóviles o colocar objetos que superasen sus límites. Los demandados recurrieron alegando que las líneas pintadas no coincidían con las medidas recogidas en el proyecto municipal y que las dificultades de la plaza colindante se debían a sus reducidas dimensiones, a la presencia de un pilar y a la manera de aparcar de otros usuarios.

Sin embargo, frente a las dimensiones teóricas contenidas en un proyecto administrativo, la Audiencia concede mayor valor al informe pericial elaborado después de inspeccionar y medir físicamente el garaje. Esa prueba estableció que la plaza tenía una longitud real de 4,25 metros y que cualquier vehículo de mayores dimensiones sobrepasaba las líneas e invadía la zona de rodadura y maniobra.

El proyecto de 2001 había sido redactado para legalizar administrativamente un garaje construido antes de 1976 y mejorar sus sistemas de ventilación, detección de incendios y seguridad, y no constaba que sus medidas teóricas se hubieran trasladado físicamente a todas las plazas, mientras que el informe pericial reflejaba la configuración material existente y comprobada directamente sobre el terreno, además, los recurrentes no presentaron una pericial propia que contradijera esas mediciones ni demostraron que las líneas hubieran sido alteradas indebidamente, puesto que la realidad acreditada era, la de una plaza de 4,25 metros ocupada por un automóvil de entre 4,697 y 4,699 metros.

Pero incluso si se hubiera aceptado la tesis de los demandados, el resultado habría sido el mismo, aunque la plaza midiera los 4,50 metros que figuraban en el proyecto, el Skoda Kodiaq seguiría sobresaliendo cerca de 20 centímetros y ocupando una parte del espacio comunitario.

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El núcleo más interesante de la sentencia aparece al examinar la supuesta tolerancia de la comunidad. Los demandados sostenían que no eran los únicos que estacionaban vehículos fuera de los límites y que actuar exclusivamente contra ellos suponía un trato discriminatorio, ante ello la Sala recuerda, sin embargo, que la junta extraordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2021 acordó requerir a todos los propietarios para que respetaran las dimensiones de sus plazas y evitasen invadir los elementos comunes, haciendo una referencia particular al conflicto provocado por el vehículo enjuiciado. No existía, por tanto, una autorización comunitaria que legitimara esa forma de estacionar, y aunque se hubiera acreditado la existencia de otras irregularidades, la conclusión tampoco habría cambiado. El incumplimiento ajeno no concede un derecho propio a incumplir. Que otros coches sobresalgan no permite ocupar la zona común ni perjudicar al propietario de la plaza vecina.

La convivencia en los garajes comunitarios puede admitir pequeñas situaciones ocasionales mientras no provoquen perjuicios, pero la realidad es otra cuando la ocupación se convierte en habitual y dificulta o impide las maniobras de otro vehículo, y a partir de ese momento, la tolerancia deja de ser una cuestión de cortesía y aparece el derecho del vecino a utilizar su plaza en condiciones normales.

Los recurrentes también aportaron un mensaje de WhatsApp enviado por la nueva presidenta de la comunidad en marzo de 2024, en el que se proponía solicitar presupuestos para repintar las líneas conforme a los planos antiguos. La Audiencia considera que esa posibilidad futura no modifica la situación existente: mientras la distribución no sea cambiada legalmente, todos los propietarios deben respetar las líneas vigentes.

El tribunal tampoco acepta que cada propietario pueda desconocer por su cuenta la delimitación material de las plazas por considerar que no coincide con un proyecto anterior, y si entiende que las líneas están mal trazadas, deberá promover su modificación mediante los procedimientos comunitarios o judiciales correspondientes, pero no puede corregirlas de hecho estacionando sobre el espacio común.

La Audiencia desestima íntegramente el recurso, confirma la sentencia de primera instancia e impone a los apelantes las costas de la segunda instancia y la pérdida del depósito constituido para recurrir.

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