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Derecho Civil

Una viuda y su hijo se quedaron en la casa familiar tras la muerte del esposo, pero la Justicia los echa

La Audiencia Provincial de Alicante confirma el desahucio de una vivienda de Mutxamel: ser copropietario no da derecho a usarla en exclusiva frente al resto

(Imagen: E&J)

Pablo Javier Deheza

Periodista y redactor E&J




Tiempo de lectura: 4 min

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Derecho Civil

Una viuda y su hijo se quedaron en la casa familiar tras la muerte del esposo, pero la Justicia los echa

La Audiencia Provincial de Alicante confirma el desahucio de una vivienda de Mutxamel: ser copropietario no da derecho a usarla en exclusiva frente al resto

(Imagen: E&J)

Murió uno de los dueños de la casa y su viuda y su hijo siguieron viviendo en ella. El resto de los propietarios les pidió que la dejaran y, ante su negativa, acudió a los tribunales. Primero un juzgado y ahora la Audiencia les han dado la razón.

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado el desahucio de una viuda y su hijo de una vivienda de Mutxamel en la que seguían viviendo después de la muerte de uno de los copropietarios. La Sección 5ª, en su sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución), rechaza que ser copropietario o usufructuaria dé derecho a quedarse con toda la casa frente al resto de la comunidad. Impone además las costas a los apelantes y la pérdida del depósito para recurrir.

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Una ocupación que empezó por razones familiares

La demanda la presentaron siete copropietarios. Según la parte apelada, entre ellos figura la usufructuaria vitalicia de 6/14 partes del inmueble. Sostuvieron que la ocupación fue consentida al principio por razones familiares y ligada a la enfermedad del copropietario fallecido. Muerto este, la viuda y el hijo continuaron en la vivienda sin título que legitimara su posesión, pese a los requerimientos para que la dejaran.

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Los ocupantes se defendieron con un acuerdo verbal: se les habría cedido el uso a cambio de asumir los gastos de comunidad, los suministros y los impuestos. Alegaron también que el hijo es copropietario, que la viuda tiene usufructo sobre la cuota heredada y que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

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Salón de una vivienda vacío con llaves sobre la mesa

(Imagen: E&J)

El Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig estimó íntegramente la demanda el 11 de junio de 2026. Consideró que no se había acreditado el contrato verbal y que pagar suministros, impuestos y demás gastos no equivale a pagar renta ni constituye título posesorio.

Ser copropietario no basta para poseer en exclusiva

El recurso sostenía que no procedía el desahucio porque uno de los demandados es copropietario y no constaba una voluntad mayoritaria de los comuneros favorable a echarlos. La Audiencia lo rechaza con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, iniciada por la STS 547/2010 y reiterada en sentencias posteriores. La condición de copropietario no es título suficiente para poseer de forma exclusiva y excluyente. El artículo 394 del Código Civil permite usar la cosa común solo si no se perjudica el interés de la comunidad ni se impide a los demás partícipes utilizarla conforme a su derecho.

De ahí que el desahucio por precario sea la vía adecuada para poner fin a esa ocupación y que no haga falta promover antes la división de la cosa común. Son acciones distintas: la división busca extinguir la comunidad, mientras que el desahucio pretende devolver el inmueble a la posesión común.

La sentencia añade que la tolerancia de una sola copropietaria no equivale al acuerdo mayoritario del artículo 398 del Código Civil ni le permite ceder por sí sola el uso de todo el inmueble. Cita la STS 198/2023, que admitió el desahucio pedido por cotitulares del 50% de la propiedad aunque la titular del otro 50% hubiera autorizado la ocupación.

Las ausencias por enfermedad no son un «sí» a la ocupación

Los apelantes denunciaron indefensión porque no se interrogó a varias demandantes. Pedían, además, que su incomparecencia se tradujera en la ficta confessio del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al segundo señalamiento acudieron cuatro de los siete demandantes. Se interrogó a una de las actoras y la propia parte demandada renunció a interrogar a los demás presentes. La ausencia de tres demandantes quedó justificada con un informe médico: tenían problemas crónicos de salud o estaban pendientes de una intervención.

(Imagen: E&J)

La Audiencia recuerda, con la STS 21/2021, que ese efecto es una facultad discrecional del tribunal. Exige hechos concretos en los que la parte haya intervenido personalmente. El recurso no los identificaba: pretendía deducir de la inasistencia que las demandantes consentían la ocupación o no querían el desalojo. Todas figuran como actoras, representadas, y mantuvieron la demanda durante todo el proceso.

Discapacidad no es falta de capacidad

Los recurrentes cuestionaron también la capacidad procesal de dos demandantes. Los informes médicos recogen un grado de discapacidad del 65% en una de ellas y diversas patologías. La Audiencia responde que no acreditan por sí solos que carezca de capacidad: no poder asistir a una vista no equivale a no poder ser parte, otorgar representación o promover un proceso.

Se apoya en la STS 589/2021, dictada tras la Ley 8/2021, según la cual las medidas de apoyo deben ajustarse a las necesidades concretas de la persona y respetar su autonomía, voluntad y preferencias, sin que el diagnóstico determine por sí solo una falta general de capacidad. No constaba defecto de representación ni resolución que fijara una medida de apoyo representativa. La eventual necesidad de apoyos o ajustes de los artículos 7 y 7 bis de la LEC no permite concluir que falte capacidad procesal.

La Audiencia desestima el recurso y confirma la sentencia, con costas para los apelantes y pérdida del depósito. Cabe recurso de casación en 20 días desde la notificación, con depósito de 50 euros salvo que el recurrente esté exento, por ejemplo, por tener justicia gratuita.

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