PremiumLa APM suscribe una declaración institucional contra la amnistía y en defensa del Estado de Derecho
El XXVI Congreso Nacional de esta asociación mayoritaria de jueces reelige a María Jesús del Barco como presidenta
En el Congreso, celebrado en Bilbao, desde el pasado miércoles, más 200 magistrados han debatido sobre la imagen del juez en nuestra sociedad sociedad y los retos. (Imagen: APM)
La APM suscribe una declaración institucional contra la amnistía y en defensa del Estado de Derecho
El XXVI Congreso Nacional de esta asociación mayoritaria de jueces reelige a María Jesús del Barco como presidenta
En el Congreso, celebrado en Bilbao, desde el pasado miércoles, más 200 magistrados han debatido sobre la imagen del juez en nuestra sociedad sociedad y los retos. (Imagen: APM)
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha expresado su «más firme rechazo» a la aprobación de una ley de amnistía a los implicados en el proceso de independencia de Cataluña, al considerar que desautoriza al poder judicial e «implica un ataque a los pilares del Estado de Derecho».
Esta asociación, que es la mayoritaria de jueces, ha clausurado hoy su XXVI Congreso Nacional, celebrado en Bilbao, donde ha aprobado una declaración institucional «en defensa del Estado de Derecho», en la que afirma que la Proposición de Ley de amnistía vulnera el principio de igualdad y «socava gravemente» el principio de separación de poderes.
La declaración señala que “el pleno ejercicio de la potestad jurisdiccional, de acuerdo con los mandatos de la Constitución, implica el respeto, acatamiento y ejecución de las resoluciones del Poder Judicial. Desde este mandato constitucional, que se dirige a la sociedad y también a los Poderes Públicos, la APM expresa «su más firme rechazo a la aprobación de una ley de amnistía que vulnera el principio de igualdad”.
A su juicio, una norma así “carece de sustento en un régimen democrático consolidado como es España; representa una desautorización de la posición constitucional del Poder Judicial, y muy en particular del Tribunal Supremo, y, en suma, implica un ataque a los pilares del Estado de Derecho, por cuanto socava gravemente el principio de separación de poderes”.
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