La Comunidad de Madrid fija en la digitalización el pilar clave para modernizar la justicia madrileña

La Comunidad de Madrid tendrá en el año 2026 un sistema judicial que funcionará de manera electrónica al cien por cien. Este ambicioso proyecto cuenta con casi 53 millones de euros para asumir la actualización del ecosistema de justicia regional y es un elemento clave de la Estrategia de Digitalización 2023-2026 de esta comunidad autónoma, que presentó el pasado mes de abril la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sus tres objetivos principales son lograr la eliminación de los documentos físicos; equipar tecnológicamente las sedes y los puestos de trabajo; e interconectar las infraestructuras judiciales con el resto de las administraciones y organismos (hospitales, instituciones penitenciarias o juzgados de otras comunidades).

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, destacó recientemente que el grado de informatización de la Justicia es actualmente del 82%, “una cifra razonablemente buena, teniendo en cuenta las dificultades técnicas y legales que entrañan la modernización de un servicio como éste, en el que entran en juego aspectos muy sensibles, sobre todo en la jurisdicción penal, y en el que hay acumulados kilómetros de archivos que hay que trasladar a formatos informáticos”, aseguró el consejero.

El reto del “Papel Cero” pasa por concluir con la implantación del Expediente Judicial Electrónico y ampliar su utilización para que abogados, procuradores, asociaciones personadas en las causas y ciudadanos, que hasta ahora solo pueden pedir que se les traslade información, entren también al sistema.

En la Administración de Justicia de Madrid se gestionan aproximadamente 2,7 millones de escritos y 8 millones de notificaciones al año, por lo que únicamente su presentación por vía telemática ahorrará alrededor de 50.000 horas diarias en desplazamientos a los usuarios.

Asimismo, ya se está trabajando en proyectos que a partir del año 2024 van a permitir reducir los plazos de tramitación entre un 10 y 20% en determinados servicios y jurisdicciones, para, progresivamente, ir extendiéndolos al resto del ecosistema judicial madrileño.

En paralelo, se incorporará próximamente el índice electrónico de los expedientes judiciales y se completará la digitalización del Archivo Judicial Territorial. Esto permitirá eliminar veintitrés kilómetros de papel y liberar espacio en los edificios públicos.

Con estas mejoras, se estima que se podrán suprimir unos 7,2 millones de archivos y documentos al año.

Otro de los proyectos en este ámbito es el Buscador 360º, una herramienta inteligente que ya se encuentra a pleno rendimiento y con la que jueces, fiscales y letrados, pueden recuperar toda la información desestructurada que forma un expediente judicial, tanto escrita como audiovisual.

Esta innovación, que ya tiene registrados 37 millones de documentos y más de 300.000 vídeos, supone un ahorro sustancial en horas de trabajo y traslada agilidad en la gestión.

Justicia y digitalización

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia, Alejandra Alonso Bernal, su directora general de Recursos Humanos y de Relaciones con la Administracion de Justicia, señala que “la modernización de las sedes judiciales y la mejora del proceso de digitalización ofrece a ciudadanos y profesionales una mayor calidad y eficiencia en sus relaciones con la Administración de Justicia”.

La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado mes de abril Gestión del cambio, un proyecto para la transformación digital integral de los empleados de la Administración de Justicia con el objetivo de que los madrileños tengan una respuesta más rápida y eficaz desde este servicio público.

Se trata de cambiar la metodología de trabajo de estos 8.000 empleados públicos en su uso de las nuevas tecnologías, ofreciéndoles atención continuada y formación especializada. La idea es la de acompañar al empleado público hacia la implantación de un entorno judicial plenamente digitalizado, con un servicio de capacitación, impulso y apoyo en este proceso innovador complementado, además, con un plan de comunicación y consultoría especifica en esta materia.

Gestión del cambio es uno de los contratos incluidos en el Acuerdo Marco de Factoría Digital del Gobierno autonómico, una propuesta de colaboración público-privada integrada por 158 empresas encargadas de aplicar soluciones en el sector público.

Alejandra Alonso Bernal, directora generan del RRHH y de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid cree que la justicia madrileña debe ser digital e interoperable en el futuro (Imagen: INAP)

Alejandra Alonso Bernal explica a Economist & Jurist que “en la actualidad, el expediente judicial electrónico se encuentra plenamente implantado en la jurisdicción civil, contenciosa y social de todos los partidos judiciales de la región, y actualmente estamos trabajando en su implantación en el ámbito penal, con el objetivo de finalizar la implantación del expediente electrónico a lo largo del ejercicio 2024”.

También aclara que la digitalización de la justicia en la Estrategia de Digitalización 2023/26 de la Comunidad Autónoma de Madrid “es un proyecto estratégico primordial en esta legislatura, dentro del proyecto global de digitalización de la Comunidad de Madrid, con el objetivo fundamental de acercar la justicia al ciudadano, facilitar el día a día a los profesionales y operadores jurídicos, y dotarla de mayor transparencia, agilidad y eficacia”.

“En este sentido, cobran especial relevancia los proyectos relacionados con la inteligencia artificial y la robotización, en los que ya estamos trabajando intensamente, con el fin de automatizar procesos que reduzcan los tiempos de tramitación y facilitar la prestación de servicios no presenciales a los ciudadanos que reduzcan los desplazamientos innecesarios”, asegura Bernal.

La directora general de Recursos Humanos y de Relaciones revela que “el CTEAJE es el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, en el que las comunidad autónomas y el Ministerio de Justicia, trabajamos y acordamos objetivos, hitos y estrategias, que permitan la modernización de la Administración de Justicia”.

Subraya que “se trata de trabajar conjuntamente con el fin de adoptar soluciones homogéneas que permitan la interoperabilidad de los sistemas, caminando hacia una justicia única y accesible parta todos”.

Operadores jurídicos, satisfechos

Para Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, este anuncio de la completa digitalización del sistema judicial para 2026 es un ambicioso proyecto que representa un avance significativo hacia la modernización y eficiencia de nuestros procesos judiciales. “Este paso hacia la digitalización completa es crucial, no solo para mantener la agilidad y la accesibilidad de la justicia, sino también para garantizar su adaptación a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada”.

En su opinión, “los objetivos de eliminar documentos físicos, equipar tecnológicamente las sedes judiciales y los puestos de trabajo, e interconectar las infraestructuras judiciales con otras administraciones y organismos, son fundamentales para construir un sistema de justicia más integrado y eficiente”.

“En el ICAM, reconocemos que la digitalización es más que una mera actualización tecnológica; es una transformación cultural en la forma en que se imparte justicia. Por ello, resaltamos la importancia de acompañar estos cambios con formación especializada y soporte continuo para los profesionales del derecho. Solo a través de una comprensión profunda y práctica de estas nuevas herramientas podremos garantizar su uso efectivo y beneficioso”.

Para Ribón este proyecto no solo es un paso hacia la modernización de nuestra justicia, sino también un modelo a seguir para otras comunidades y jurisdicciones. “Agradecemos el esfuerzo y la inversión de la Comunidad de Madrid en este proyecto, confiando en que marcará un antes y un después en la administración de justicia en nuestra región”.

Por su parte, Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, subraya que esta inversión en digitalización es necesaria para modernizar la justicia madrileña. “Los primeros que testamos cualquier avance tecnológico somos los procuradores, así fue desde la implementación de Lexnet. Nosotros hemos hecho inversiones en nuestros despachos en este tipo de plataformas. De hecho, presentamos escritos en distintos partidos judiciales, lo que ayuda a desplazarse y nos beneficia con estas herramientas telemáticas”.

García asegura que al final “hace falta que ayuden a implementar los servicios, voluntad de jueces y lajs en que esto funcione, y siendo un proyecto ambicioso hay tiempo para hacerlo. Al igual que hacemos en nuestro Colegio, que explicamos a nuestros compañeros los cambios tecnológicos que se hacen en la Administración de Justicia, el gobierno madrileño debe seguir esas pautas a gran escala. Todavía hay mucho funcionario interino y hay que procurar explicarle todos estos cambios que se producen a nivel de innovación tecnológica”.

Eugenio Ribón, decano del ICAM, y Alberto García, decano del ICAP, alineados con la transformación digital de la Justicia (Imagen: Colegio de Procuradores de Madrid)

Bolaños debe seguir el ejemplo de Madrid

Para el decano de los procuradores, “el ejemplo de Madrid es el que debiera repicarse a nivel nacional desde el Ministerio de Justicia. “Nosotros tenemos al mismo tiempo Ministerio y Comunidad. Ya le dijimos a la que fue ministra de Justicia, Pilar LLop, que el problema de la Justicia es la falta de inversión. Comparado con otros ministerios, la cantidad que se designa es muy escasa”.

Nuestro interlocutor subraya que “si para la Comunidad de Madrid la inversión es de 53 millones en algo más de dos años, la inversión que habría que hacer en Justicia es millonaria. En Madrid con esta inversión se reducen los plazos un veinte por ciento, eso significa que en primera instancia el procedimiento es de dos años aproximadamente, y un penal puede llegar a los cinco. Hay que reducir el tiempo de los procedimientos para que le llegue al justiciable, no solo a los profesionales”.

Para Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada, la Comunidad de Madrid se está tomando en serio la digitalización de la Justicia: “Está haciendo algo que está muy bien y que no han hecho el resto de las comunidades autónomas y que es coordinarse con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De esa forma se trabaja de forma más coordinada, fruto de la buena relación entre ambas entidades”.

Este experto reconoce que “nos acaban de mandar en el día de hoy el enlace al Buscador 360º, que aún no lo hemos usado, pero va a ayudar a mucho a la gestión de los pleitos por lo que parece. Por el momento la inversión que está haciendo la Comunidad de Madrid en justicia es acertada. Todos los funcionarios disponemos de portátiles, eso ayuda a teletrabajar, cuestión que no se ha desarrollado por parte del Ministerio de Justicia en otras jurisdicciones”.

Esa coordinación entre la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid y la propia Consejería de Justicia “está provocando que todo el despliegue digital que se está haciendo del expediente electrónico se haga de forma coordinada, cuestión que es de sentido común para que sea realmente efectivo. El objetivo de lograr esa digitalización plena en el año 2026 de la justicia madrileña parece que se puede alcanzar”.

Desde su punto de vista el problema radica “en la necesidad de contar con formadores presenciales que nos enseñen a utilizar estas aplicaciones y así romper la resistencia al cambio que puede haber en algunos juzgados porque no conocen a fondo el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Es fundamental tener a estos profesionales que ayuden a entender el cambio tecnológico que se avecina”.

Álvaro Pérez, letrado de la Administración de Justicia, cree que es un acuerdo que la CAM involucre a la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid para esta digitalización (Imagen: Álvaro Pérez)