La pandemia impulsó la digitalización en la Justicia, que tiene por delante cuatro años para implementar una batería de cambios

Los planes para la Justicia del futuro: una conexión entre los diferentes miembros implicados y un proceso eficiente que aproveche el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, en general, y la Inteligencia Artificial, en particular, sin vulnerar los derechos humanos ni agrandar las brechas intergeneracionales o interterritoriales que ya existen. Ese es el objetivo; las fórmulas se están tratando de esbozar durante dos días en las jornadas sobre Justicia y digitalización que se están celebrando en el IFEMA (Madrid) en el marco de la presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

A principios de 2024 está previsto que entre en vigor un nuevo reglamento que contempla un paquete de medidas encaminadas a la transición digital de la Justicia en la Unión Europea. A partir de ese momento, los diferentes Estados contarán con un margen de cuatro años para implementarlas. Antes de 2028 existen otros compromisos en esta materia que los Estados deberán cumplir: por ejemplo, en 2025, todos los Estados miembros se van a tener que conectar a través del sistema de intercambio de información E Codec. Precisamente en ese año, en 2025, se espera que esté operativo EXISTA, un proyecto de cooperación judicial transfronteriza que tiene entre sus objetivos comprobar si los diferentes softwares utilizados por la Justicia de diferentes países pueden conectarse entre sí. A través de este proyecto, en el que participa España, Alemania, Países Bajos y Austria, se pretende comparar el impacto nacional que tienen las regulaciones europeas en los diferentes países, según ha detallado el representante del ministerio de Justicia de Países Bajos, Frank Would.

Gráfico del sistema de justicia digital que se proyecta para la UE. (Imagen: E&J)

“Hasta 2020 se producirán 60 reuniones diferentes y habrá un periodo de consultas públicas”, ha explicado Gösta Petri, desde la dirección de Digitalización y Transición Digital de la Comisión Europea. Petri ha señalado que del Informe sobre el Estado de Derecho en la UE se puede extraer que existe una gran fragmentación en cuanto a la digitalización entre los diferentes Estados miembro. En este sentido, admite que “queda un largo recorrido”. “La crisis de la pandemia nos ha dado oportunidad de acelerar la digitalización y nos ha abierto los ojos a nuevas oportunidades”, ha añadido.

En este foro. se ha hablado de hacer operativos los sistemas y de mejorar la interoperabilidad, de crear un entorno “amable y amigable para los usuarios”, para lo que debe existir una verdadera determinación e inversión de recursos por parte de los Estados miembros. “La digitalización requiere especialización”, ha remarcado el representante de E-Codex, Tim Holthaus.

(Imagen: E&J)

Por su parte, la representante del ministerio de Justicia de Austria ha detallado algunos de los avances que, según se ha asegurado, ponen a la vanguardia en la transición digital a su sistema de justicia. Ha explicado que tienen un sistema digital que permite integrar diferentes aplicaciones, tanto las nuevas como las heredadas; un sistema que permite la personalización y la trazabilidad de los expedientes judiciales. Igualmente, sus salas de vistas, asegura, se encuentran dotadas de pantallas para todas las partes. En España, la ministra de Justicia ha defendido esta mañana que se ha conseguido que los siete sistemas procesales sean compatibles con el Tribunal Supremo. No obstante, queda trabajo por delante para hacer que sean interoperables entre si.

Entre otras intervenciones, en las distintas mesas, ha destacado la del representante de Justicia de Polonia, cuyo sistema de justicia, especialmente en lo relativo a la independencia, ha sido puesto en entredicho en distintos informes sobre el Estado de Derecho. Karol Rzeslewicz ha explicado que se está avanzando en materia de transformación digital en su país, que desde la pandemia se están desarrollando juicios telemáticas tanto en lo penal como en civil. Ha contado también que la designación de los jueces que asumirán un se lleva a cabo a través de la Inteligencia Artificial, de forma que “se garantiza la total independencia”. En varias de las mesas se ha advertido acerca de los riesgos que pueden entrañar los sesgos que la IA tiene y que habrá que trabajar por suprimir o reducir significativamente.