La sanidad pública pendiente de ser universal

Por Carlos Suárez González. Abogado. Miembro de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía.

Desde el 1 de enero de 2012 un nuevo colectivo, los parados de larga duración que hayan agotado la prestación por desempleo, ya pueden disfrutar de la sanidad pública gratuita de la que hasta ahora estaban excluidos sus integrantes.

Pero aún quedan fuera de este servicio público algunas profesiones liberales cuyos miembros ejercen su actividad por cuenta propia, como abogados, procuradores y arquitectos, quienes todavía tendrán que esperar para poder equipararse al resto de ciudadanos a la hora de percibir el servicio público de salud al que tienen derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución.

Son los únicos profesionales, unas 90.000 personas, que pese a estar pagando los mismos impuestos que el resto de los españoles se han quedado fuera por cotizar en las mutualidades de previsión propias de su colectivo en lugar de hacerlo en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.

Y esto es importante destacarlo pues produce una insoportable discriminación que puede estar vulnerando el principio de igualdad, ya que la sanidad se financia con impuestos y no con cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, algunas Comunidades Autónomas, a las que están trasferidas las competencias sanitarias, como Cataluña y Extremadura ya han regulado la inclusión de estos colectivos en sus servicios de salud, garantizando así la sanidad, entre otros, a todos los abogados. En Galicia está previsto para los abogados del turno de oficio y en Castilla-León lo tienen también los abogados jubilados.
Hemos estado a un paso de conseguirlo en plenitud con la Ley General de Sanidad Pública aprobada en el último pleno del Congreso de los Diputados del 22 de septiembre, pero, finalmente, se dejó sin resolver esta antigua reivindicación, que de forma incomprensible se ha venido posponiendo a lo largo de los últimos 25 años desde la promulgación entonces de la Ley General de Sanidad.

La disolución de las Cortes en septiembre pasado, por la convocatoria de elecciones generales, cerró la puerta, en el último minuto, a lo que parecía estar acordado por todos los grupos parlamentarios posponiendo la solución definitiva de ese derecho fundamental y supeditarlo a la elaboración de un reglamento por el que se regulará su aplicación en el plazo máximo de seis meses desde el 1 de enero de 2012 fecha de entrada en vigor de la Ley.

Al parecer uno de los principales escollos de peso para que no saliese adelante esta cobertura hay que encontrarlo en la difícil situación económica, pues según algunos estudios, dado el coste de la medida, que no llegaría a 25 millones de euros, no parecía oportuno asumir ante el fin de la legislatura. Cantidad, por otro lado, no tan significativa si se tiene en cuenta que el gasto sanitario público es superior a los 60.000 millones de euros.

La Mutualidad de la Abogacía lleva reclamando y trabajando insistentemente para superar el fin de la discriminación histórica, de hecho, hace más de tres años que se constituyó la Ponencia Abogacía y Asistencia Sanitaria Universal, entre la Mutualidad y el Consejo General de la Abogacía con el propósito de aportar su conocimiento e impulsar el trabajo parlamentario que aún no ha terminado.

“Todo ello en colaboración con otras instituciones profesionales, señaladamente la Hermandad de Arquitectos”.

En este tiempo la labor institucional de los miembros de la Ponencia ha sido de gran importancia, realizando múltiples gestiones de distinta índole, tanto durante la tramitación de la Ley en el Senado, como en el Congreso de los Diputados donde también fue votada positivamente por todos los grupos de la Comisión de Sanidad.

Queda pues esperar que, en el plazo de seis meses a partir del 1 de enero de 2012 establecido en la Ley, quede resuelta definitivamente esta injusta situación y todos los profesionales puedan igualarse con el resto de ciudadanos que ya disfrutan de este derecho de todos.

Seguiremos trabajando con la misma intensidad, entusiasmo y dedicación en representación de los abogados y otros profesionales, para que sus derechos sean efectivos sin ninguna limitación ni condicionamiento.

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