Las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente ratifican su oposición a la amnistía en sus respectivos congresos

Dos de las cuatro asociaciones de la carrera judicial como son la Asociacion Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente celebraron sus Congresos anuales, que concluyeron este viernes, para analizar la situación del colectivo en un año complicado repleto de huelgas e incidencias con Justicia y culminado el acuerdo entre PSOE y Junts para investir al presidente del Gobierno, en el que se habla del lawfare por parte jueces y fiscales y se menciona la creación de comisiones de investigación sobre la actuación judicial.

Ambas asociaciones han ratificado su postura en contra de la amnistía porque, dicen, vulnera el principio de igualdad y ataca la separación de poderes al obligar a los jueces a sobreseer los casos del proces. Al tiempo, muestran su esperanza que el próximo ministro de Justicia se tome más en serio los problemas de la justicia, en general y de los jueces españoles en particular. Se espera que conozcamos su identidad hoy mismo.

Sobre estas cuestiones, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ( AJFV) concluyo este viernes su XXXVII Asamblea Nacional que tuvo Luger en Oviedo. Uno de los puntos a abordar fue la renovación de su Comité Nacional en unas jornadas a las que acudieron 320 jueces y que fue clausurada por Francisco Marin, presidente del Tribunal Supremo en funciones.

Tras estas jornadas, Carmen Gámiz, Teresa García, José Ignacio Martínez, Mª del Rocío Moreno, Sergio Oliva, Mª Emma Ortega, Luis Ortíz, Verónica Ponte, Pablo Sánchez conforman el citado Comité siendo el magistrado Sergio Oliva nuevo portavoz nacional.

Nuevo Comité Nacional de la AJFV tras su elección por la Asamblea General (Imagen: AJFV)

El nuevo portavoz nacional toma el testigo de Jorge Fernández, que deja el  cargo tras cuatro años de mandato.  Sergio Oliva (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 1982) ingresó en la carrera judicial en el año 2011. Licenciado en derecho y experto universitario en Criminología, Oliva es titular del Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife.

Oliva, que ya formaba parte del citado Comité, es un profundo conocedor de los problemas laborales de los jueces ya es conocido por los lectores de Economist & Jurist por su aparición en algunos reportajes y por escribir este artículo. Los que le conocen señalan que es un defensor de la independencia judicial como valor fundamental de una sociedad democrática, así como de la necesidad de acercar  la Justicia a la ciudadanía.

Renuevan en el Comité Nacional Teresa García, Verónica Ponte, Luis Ortiz, Carmen Gámiz y José Ignacio Martínez. La  Asamblea General ha elegido además como nuevos miembros a los magistrados Pablo Sánchez, María Enma Ortega y Rocío Moreno de Viana-Cárdenas..

Entre las resoluciones aprobadas, la Asamblea dio el visto bueno a  una reforma estatutaria, el  Protocolo del Comité de Ayuda al Asociado y el relativo a la elección de vocales del  Consejo General del Poder Judicial.

La XXXVII Asamblea General de AJFV expresó su preocupación ante la proposición de ley orgánica de amnistía presentada ante el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido, el máximo órgano de representación de la AJFV ha ratificado las conclusiones del análisis rubricado por el Comité Nacional  de esta asociación el 14 de noviembre.

Sergio Oliva es el nuevo portavoz nacional de AJFV (Imagen: AJFV)

La Asamblea aprobaba dicho estudio por 271 votos a favor, 117 en contra y 26  abstenciones. Este análisis se realiza en base a “la enorme incidencia que esta ley puede llegar a tener sobre los principios constitucionales de igualdad y exclusividad de  la jurisdicción, con afectación directa sobre la independencia judicial”.

“La amnistía propuesta”, explica el texto, “trata de manera desigual a aquellas personas  que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras  que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de  manera relacionada con el independentismo catalán”.

“Las tradicionales justificaciones de la amnistía de 1977 señaladas por el Tribunal  Constitucional no son adecuadas en este caso, ya que no estamos ante un cambio de  régimen, ni la amnistía responde a un consenso social amplio, ni la legislación cuyas  consecuencias se quieren eludir es ilegítima o esencialmente injusta (puesto que sigue  vigente para casi toda la ciudadanía)”, añade el análisis de AJFV.

Por otro lado, aunque en la exposición de motivos de la proposición de ley se hace “un  notable esfuerzo” por poner de manifiesto la finalidad de la amnistía y por identificar  su entronque constitucional, “ninguno de los objetivos señalados en el texto (asegurar  la convivencia democrática, promover la afección hacia las instituciones estatales,  superar la tensión social y política, etc) es real o, en caso de serlo, tiene entidad suficiente para justificar la desigualdad que provoca la amnistía”.

El comunicado abunda en el hecho de que “el verdadero objeto de la amnistía” es derogar los efectos de declaraciones judiciales de existencia de delito, algo que “afecta al principio de exclusividad de la jurisdicción, que corresponde solamente a jueces y  magistrados (artículo 117 de la Constitución)”.

Y destaca que la presentación de la proposición de ley “supone empezar a dar cumplimiento al acuerdo político alcanzado  entre PSOE y Junts”, que incluye “la previsión de que la aplicación de la ley de amnistía habrá de tener en cuenta las conclusiones que comisiones parlamentarias  puedan alcanzar sobre la existencia del llamado “lawfare”, con una oscura referencia a  la exigencia de responsabilidades”.

La gravedad de este acuerdo entre ambos partidos políticos ya fue puesta de  manifiesto por el conjunto de las asociaciones judiciales, así como por otros colectivos  profesionales relacionados con la Administración de Justicia el 9 de noviembre.

Foro Judicial Independiente en Santander

Muy cerca de Oviedo, en Santander, tenia lugar el XIX Congreso de otra asociación judicial como Foro Judicial Independiente (FJI)  al que han acudido 145 jueces de toda España. Según explica su presidente, Fernando Portillo, de nuevo reelegido por otro año, ha sido el mas numeroso hasta la fecha, superando el de Maspalomas del 2009, lo que demuestra la actividad de esta asociación.

“Llevamos veintiún años como asociación y ya tenemos una identidad propia en la carrera judicial. Nuestro objetivo es seguir creciendo porque aun más de la mitad de los jueces no están adscritos a ninguna de las cuatro asociaciones. Nosotros vendemos principios y valores, no traficamos con cargos. Tenemos muy claro hacia dónde queremos ir”, afirma Portillo.

Congresistas de FJI posan en el paseo marítimo de Santander con una pancarta que defiende la democracia (Imagen: FJI)

A lo largo de esta reunión interna, la comisión gestora informó a sus asociados más en profundidad de los acuerdos que alcanzaron las asociaciones judiciales firmantes del acuerdo de mayo de retribuciones de la carrera judicial. También se han producido debates a fondo sobre la amnistía y la problemática laboral de los jueces, ahora pendiente de que el CGPJ cumpla con la sentencia de la Sala Social del Supremo que le obliga a regular dichas cargas de trabajo.

La nueva comisión gestora del FJI está formada por los siguientes magistrados: Fernando Portillo como presidente y portavoz. Se incorporan como vocales nuevos Eva Aja, jueza de Santander, Eduardo Bernues, con plaza en Huesca, Cristina Muñoz, jueza titular en Benidorm y Alejandro Vega, juez de Sevilla

Por su parte, se mantienen en supuesto Roberto Gracia, juez de Barcelona, Victoria Muñoz, magistrada de Madrid y como suplentes Marta Lopez de Sevilla y Aaron Anduez de Melilla

Sobre las conclusiones del Congreso, la primera tiene que ver con la amnistía sobre la que ha habido un debate intenso y se impuesto la opción mayoritaria de considerarla perjudicial para la carrera judicial, lo que corrobora el comunicado que FJI lanzó el pasado 10 de noviembre.

A este respecto desde esta asociación se señala que realizará “las acciones conjuntas que procedan (con las demás AAJJ e implicando al resto de la carrera judicial y a otros operadores jurídicos) ante las instituciones europeas en defensa de la separación de poderes, de la independencia judicial y del Estado de Derecho”.

También FJI apuesta por un cambio de modelo en la renovación del CGPJ “en el caso que se haga sin modificar el sistema de elección para despolitizar el órgano, FJI ejercerá las acciones legales que procedan contra los actos dimanantes del mismo, por entender que el órgano resultante, de acuerdo con la STC 108/86 y los estándares europeos de lucha contra la corrupción, separación de poderes e independencia judicial, no tendría legitimidad democrática.”

Fernando Portillo, reelegido presidente de FJI para el próximo año (Imagen: E&J)

Respecto a dicha renovación, en el caso que se produzca, esta asociación judicial pide que “las plazas de nombramientos discrecionales pendientes se cubran mediante procedimientos objetivos de selección”.

Otros de los acuerdos planteados tienen que ver con la problemática laboral de los jueces. Así, FJI “exige al CGPJ el cumplimiento del plan de igualdad, en particular las medidas de conciliación y promoción profesional”.

También subrayan “nuestra oposición frontal a un modelo puramente productivista que nos pague más por poner más sentencias porque: a) perjudica a la calidad de la justicia; b) atenta gravemente contra la salud laboral del juez; c) degrada la función judicial y la tutela de los derechos de los ciudadanos”.

Otra de las conclusiones de este Congreso es la exigencia de FJI de “exigir al CGPJ que, de forma inmediata, cumpla con la Sentencia 581/2023, de 22 de septiembre, que le condena, y fije las cargas de trabajo a efectos de salud de la carrera judicial”.

Los jueces de FJI “apostamos por la autorregulación de la carrera judicial, pues no puede ser que el problema estructural de falta de jueces recaiga sobre la vocación y la salud laboral de miles de compañeros y compañeras”. Por último reclaman que “la pensión de jubilación debe ser acorde a la dignidad de nuestra profesión, con importes que se acerquen a las retribuciones percibidas en activo».