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Las principales fuerzas políticas, favorables a aumentar las competencias de los procuradores

Coinciden también en la necesidad de reformar las normas procesales, cuya tramitación quedó frustrada con el adelanto electoral

De derecha a izquierda, Txema Oleada (PSOE), María Jesús Moro (PP) y Edmundo Bal

Pablo Montes

Periodista




Tiempo de lectura: 3 min

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Las principales fuerzas políticas, favorables a aumentar las competencias de los procuradores

Coinciden también en la necesidad de reformar las normas procesales, cuya tramitación quedó frustrada con el adelanto electoral

De derecha a izquierda, Txema Oleada (PSOE), María Jesús Moro (PP) y Edmundo Bal



Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se muestran favorables a ampliar los campos de actuación e incrementar las competencias que tienen actualmente los procuradores. Igualmente, estas y otras fuerzas, dicen considerar prioritaria la reforma de las normas procesales, después de que el adelanto electoral frustrase la tramitación de las tres leyes de eficiencia que se encontraban ya avanzadas.

En el XV Congreso Nacional de la Procura, que se celebra durante tres días en Granada, el representante del PSOE, el senador Txema Oleaga, ha asegurado que frente a los países que han  optado por suprimir la procura, “para nosotros es esencial que siga existiendo y se fortalezca la profesión para garantizar la defensa del ciudadano; también apostamos por extender las competencias de los procuradores”.



En una intervención durante la que se ha marchado en torno a una docena de asistentes a la mesa, este jurista ha señalado que las tres leyes de eficiencia tenían tres ideas comunes en las que se continuará trabajando: “tenemos que ir a un sistema de información común y homologado; los procesos tienen que ser más rápidos y la justicia debe ser eficaz, por lo que hay que establecer cada vez más competencias para la procura; y la digitalización de la Justicia como presente para garantizar la eficiencia de la Justicia”.

Aunque no puede anticipar las líneas de un Gobierno que aún no se ha formado, Oleaga, ha comentado que “intentará convencer al nuevo Gobierno de que las prioridades sean: agilizar el sistema dándoles mas papel a los procuradores, poner la Justicia al servicio de los profesionales y no solo de la Administración con sistemas procesales compatibles e interoperables y recoger la opinión del justiciable en la definición de la ley”. El representante del PSOE ha vuelto a recordar la situación de estancamiento en la que se encuentra el CGPJ, con un mandato que lleva cinco años caducado y sin visos de una pronta resolución por falta de acuerdo político. Fuentes del PSOE comentan también que lo más probable es que se retomen las leyes de eficiencia y los trabajos arranquen en el punto en el que quedaron.



La representante del Partido Popular en esta mesa, diputada y secretaria ejecutiva de Regeneración Institucional del Partido Popular, María Jesús Moro ha opinado que “las tres normas de eficiencia deberían haber estado quizá en una, por una cuestión precisamente de eficiencia. Estaban alterando el producto porque no se escuchaba a los profesionales de la Justicia”, ha espetado al PSOE, del que ha dicho que “no quería suprimir los juzgados de paz por intereses cortoplacistas”. Si ha dicho que “habría que variar el tratamiento de las ejecuciones judiciales” y que “hay que cuidar como se aborda el punto neutro”.



Los tres ponentes junto a José Ramón Carrasco, moderador, presidente del Consejo de la Procura de Andalucía

Edmundo Bal: “El Gobierno temía el mal uso de los procuradores del Punto Neutro Judicial”

Por su parte, el abogado del Estado y exdiputado de Ciudadanos Edmundo Bal, ha recordado que tanto su grupo como el PNV pidieron que se atribuyera competencia procesal de ejecución a los procuradores, pero se encontraron oposición frontal del Gobierno porque tendría como resultado “una justicia de ricos y otra de pobres en función del procurador que se pudiesen permitir”. Es algo en lo que él no coincidía.

“No hubo manera de convencer al Gobierno sobre acceso al punto neutro judicial por parte de los procuradores; temían que se hiciese un uso indebido por su parte y diese lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración”, ha sostenido, mientras se preguntaba por qué no desconfiaban entonces de los letrados judiciales.

También ha afirmado que “Podemos quería recortar en ejecución, porque consideraban que suponía una privatización”. A su juicio, lo que «no querían era agilizaran los trámites de cuestiones delicadas como los desahucios”.

Respecto a lo que se ha planteado en diferentes ocasiones para ampliar las competencias de los procuradores, ha afirmado que “no le gustaba que solo se pudiese intervenir bajo el criterio del LAJ”. Bal ha animado a los procuradores a ampliar las competencias en materia de ejecución “en todos los supuestos en los que va en beneficio de la víctima y se favorece la tutela judicial efectiva”.

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