Las víctimas de la talidomida confían en empezar a cobrar en 2024 y aceleran sus solicitudes para recibir las ayudas

Este verano está siendo diferente para las víctimas de la talidomida tras la publicación el pasado en el BOE, el pasado 5 de julio, del Real Decreto con las ayudas a los talidomídicos. Unas ayudas en pago único que regulan el pago de 12.000 euros por punto de discapacidad con un plazo de tres meses para solicitarlas a los afectados reconocidos por el Instituto Carlos III. El plazo concluye el próximo 5 de octubre.

La actividad de la Asociación de Afectados por Talidomida (AVITE) está siendo notable en estos días. Las consultas llegan de muchos asociados y el colofón final será la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre en la capital de España para resolver todas las dudas y dar información de la evolución de esas solicitudes presentadas al INSERSO.

“El cálculo que podemos hacer es que se han presentado más de 170 solitudes del total de trescientos asociados que somos. El resto está recabando información y los documentos que se requieren para poder optar a esas ayudas. Sabemos que el INSERSO ha contactado con alguno de ellos porque faltaba algún documento”, apunta Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE.

Basterrechea señala que ahora no hay un contacto fluido con la Administración, ni con el INSERSO ni con el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, “sobre todo producido por la situación del país tras las elecciones, las noticias indican que si el PSOE vuelve a formar Gobierno Belarra no estaría en el Ejecutivo de Sánchez, pero todo son especulaciones”.

Para Basterrechea “es un hándicap importante que con el nuevo Gobierno haya nuevo personal y ministro y tengamos que contarles todo de nuevo para que sigan activadas las ayudas ya aprobadas y que están en el BOE, pero así ha pasado en los últimos 20 años con distintos gobiernos y ministros de Sanidad, poco partidarios de ayudarnos, de ahí que hayamos llegado a esta situación tras haber interpuesto una demanda judicial en la Audiencia Nacional”.

Foto de la asamblea genral de AVITE celebrada el año pasado. (Foto: AVITE)

El 5 de octubre es la fecha tope para presentar las solicitudes. “Agosto también cuenta y estamos en la actualidad presentando solicitudes con los requisitos que nos han planteado. Es un plazo escaso, pero ya estamos operativos. Luego la Administración tiene de plazo seis meses para contestar a cada solicitud, dejando claro que, si no hay respuesta, silencio administrativo, se entenderá como positivo a todos los efectos”, apunta.

Pendiente exención IRPF

De las cuestiones que quedan por resolver, una es la exención o no de esas ayudas del IRPF. “Ahora no hay Gobierno y no podemos hablar con ellos. Con la legislación en la mano, en el IRPF del año siguiente al pago que nos ofrezcan tendríamos que pagar ese impuesto, que depende de cada comunidad autónoma podría ascender entre el 48% y el 54% del total percibido” afirma el vicepresidente de AVITE.

“Esperamos poder negociar con el nuevo Gobierno para que se nos incluya como otra excepción de las que ya vienen reflejadas en el artículo 7 de la Ley de IRPF que excluyen del impuesto a personas con VIH y víctimas del terrorismo entre otros colectivos”, aclara el vicepresidente de esta entidad

Desde AVITE se da por descontado que los pagos empezarán a recibirse en el año 2024, con lo cual creen que tienen un año por delante para negociar con el nuevo Gobierno que surja en nuestro país y poderles convencer de que ese pago único que van a recibir debería tener dicha exención fiscal por la que vienen luchando en los últimos diez años.

De hecho, por la documentación enviada desde el INSERSO a los afectados de AVITE, se deja traslucir que el proceso de pago de estas ayudas está sujeto con una partida presupuestaria del año 2024, ahora mismo sin aprobar. “Ahora el dilema es saber si habrá Presupuestos Generales del Estado para el año que viene con la situación actual de un Gobierno en minoría y un posible bloqueo institucional y nuevas elecciones en el horizonte”.

Sin embargo, “el hecho de que esté ya aprobado, en el peor de los casos obligaría al nuevo Gobierno a aprobar una partida presupuestaria de donde fuera para dar cumplimiento al RD ley de julio donde están fijadas nuestras ayudas. El INSERSO tiene que contestar a cada afectado pare evitar que los plazos corran. Como ya comenté, si no hubiera respuesta esa persona sería reconocida como afecta por talidomida y tendría acceso a la ayuda”.

El problema que había con el certificado de estar en el Registro de Enfermedades Raras, requisito que podría ser un freno para que este colectivo accediera a las ayudas, parece que se ha desbloqueado. “Es el Instituto Carlos III quien se encarga de gestionar dicho certificado. Esta entidad ha habilitado una web para que nos inscribamos y lo está gestionando de forma directa. La web ya está operativa pese a que funciona con problemas”.

En cuanto a la documentación que hay que presentar, Basterrechea aclara que hay documentos difíciles de conseguir “junto con la fotocopia del DNI y del grado de minusvalia, reclaman un certificado de la cuenta bancaria. Lo complicado está en presentar un certificado de empadronamiento de la madre mientras estaba en gestación del afectado, que es de los años cincuenta y sesenta que no está digitalizado y hay que ir al Registro Civil correspondiente, además del citado certificado de enfermedades raras”.

El problema está en los plazos “no sabemos lo que tardará el Carlos III en darnos ese certificado sobre enfermedades raras. En mi caso lo he adjuntado al informe del INSERSO. Ya tengo presentada la solicitud para que en caso de no llegar en tres meses paralice el proceso de contabilidad de ese plazo. Estamos a la espera que la propia Administración del Estado me conteste”.

De izquierda a derecha, Rafael Basterrechea, vicepresidente; Ignacio Martínez, asesor jurídico y José Riquelme, presidente de AVITE. (Foto: AVITE)

Ayudas para todos los afectados

Desde AVITE lamentan que el Gobierno no haya tenido en cuenta las alegaciones de esta asociación a la hora de presentar el real decreto y que no tuvieran acceso al borrador último tras el visto bueno del Consejo de Estado. De hecho, “nuestra reivindicación es que se extienda la condición de beneficiarios a todos los afectados y no sólo a los 130 reconocidos por el Carlos III”.

Los afectados por la talidomida llevan décadas reclamando estas compensaciones, ya que España es el único de los países que aún no había indemnizado a sus víctimas por los efectos de este medicamento que le ha generado daños de por vida a nivel físico.

El 5 de agosto de 2010 se promulgó el Real Decreto 1006/2010 que reconoce el colectivo afectado por talidomida en España y regula el procedimiento de concesión de ayudas. Éste contempla como víctimas de la talidomida a los nacidos entre 1960 y 1965, aunque la venta se inició a partir de 1957 y continuó presuntamente hasta 1973, según el vademécum (lista de medicamentos recetados) de ese año que ha documentado AVITE.

Entonces se establecieron ayudas desde 30.000 hasta 100.000 euros para quienes poseían el “certificado de talidomídico” del Instituto de Salud Carlos III y presentaban una invalidez mínima del 33%. Estas ayudas sirvieron para indemnizar a 24 afectados.

Estas 24 personas son las únicas indemnizadas hasta el momento de las 500 que calcula la AVITE que quedan vivas. Cada persona que fallece supone un ahorro al Estado de un millón de euros, indican desde la propia asociación.

Posteriormente, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó, el 24 de noviembre de 2016, una proposición no de ley sobre la protección de las personas afectadas por la talidomida. El objetivo fue ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales por la talidomida, en el período 1955-1985.

Finalmente, una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 reconoce una ayuda a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985 por un importe del resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada.

Este proceso continúa abierto desde hace cinco años y establece, precisamente, la cuantía de la ayuda del real decreto del pasado mes de julio ya en el BOE. Ahora los talidomícos esperan cobrar y ver resuelta esta pesadilla que sufren desde hace muchos años.