Cómo aumentar el censo electoral a partir del exilio imaginado

La Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que desarrolla la Ley de Memoria Democrática, en su disposición adicional octava, conocida popularmente como ‘Ley de Nietos’, establece dos requisitos que deben cumplirse para que un descendiente de español exiliado tenga la oportunidad de adquirir la nacionalidad española: (1) que el ascendiente fuera originariamente español y (2) que su exilio respondiera a razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

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El problema en relación con la efectividad del cumplimiento de los mencionados requisitos se consolida al verificar que la Instrucción de octubre de 2022 establece, en la letra d) del apartado 3 de la directriz séptima, que se considera que cualquier español que abandonó España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 fue un exiliado, sin necesidad de demostrar que estaba perseguido por razones políticas, de creencia, ideológicas o de identidad sexual.

Representantes sindicales de funcionarios que tienen entre sus competencias la gestión de la tramitación de los expedientes en los registros civiles consulares solicitaron a la Junta Electoral Central que frenara las altas censales automáticas derivadas de una presunción, por considerar que esta conducta no tiene fundamento jurídico.

Al amparo de esta normativa también pueden adquirir la nacionalidad española los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

(Imagen: E&J)

Desde la aprobación de la mencionada instrucción de 2022, el Censo de Españoles Residentes Ausentes ha crecido un 20%, lo que ha implicado pasar de 2,2 a 2,7 millones de nacionales con derecho a voto. No hay que ser intrépido para vaticinar que estas cifras se duplicarán cuando los consulados terminen de tramitar las peticiones de 2,4 millones de personas que quieren ser españolas en virtud de la mal llamada ley de nietos.

Teniendo en cuenta que las denegaciones a las peticiones de nacionalidad no superan el 2% y si se mantienen las cifras de participación de anteriores comicios, habrá cerca de medio millón de votos procedentes del extranjero que pueden tener un importante efecto, especialmente en las circunscripciones pequeñas.

Tampoco se pueden olvidar los casi 800.000 inmigrantes latinos que han pedido la regularización y que, en un par de años, por razón de su origen, podrán solicitar la nacionalidad española.

Es evidente que el hecho de no exigir demostrar las razones del exilio pone en duda los objetivos perseguidos por el legislador, que ahora, en la aplicación de esta norma, parecen adaptarse a los objetivos del poder ejecutivo.

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