El Congreso tramitará la modificación de la LOPJ en lectura única

Tal como estaba previsto, el pleno del Congreso de los Diputados acordó ayer tomar en consideración la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Asimismo, se ha acordado su tramitación directa y en lectura única, debate que se celebrará hoy.

El resultado de la votación estuvo en línea con lo que se esperaba. Votaron a favor 183 diputados (PSOE, Unidas Podemos y los socios de investidura), 153 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y hubo ocho abstenciones. Sin embargo, la sorpresa surgió del propio Grupo Socialista, que introdujo en el último momento una enmienda importante en su propio texto.

Según esta enmienda, los magistrados del CGPJ tienen un plazo de tres meses para nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional que según la Carta Magna tienen que ser elegidos por el órgano de gobierno de los jueces. Precisamente la proposición de ley del PSOE pretende modificar el artículo 570 bis de la LOPJ, que prohíbe que los miembros del CGPJ puedan hacer nombramientos estando en funciones. La proposición tomada ayer en consideración por la Cámara Baja abre la puerta a que los magistrados puedan elegir a los dos miembros del Constitucional que les corresponden.

Control de los plazos

Con la introducción de esta enmienda, el Gobierno pretende que el CGPJ no se demore en la selección de los magistrados del Constitucional. Teniendo en cuenta que los nombramientos tienen que ser realizados por mayoría cualificada del pleno del Consejo, el Ejecutivo teme que las discusiones en el seno del CGPJ puedan alargarse durante meses por la falta de acuerdo entre los magistrados. De este modo, según los plazos introducidos por la enmienda del PSOE, los dos miembros del tribunal de garantías tienen que haber sido seleccionados por el CGPJ antes del 13 de septiembre.

Sede del Tribunal Constitucional (Foto: Tribunal Constitucional)

La aprobación de la proposición de ley va a dejar el camino libre el Gobierno para lograr un Tribunal Constitucional de mayoría progresista. El pasado 12 de junio expiró el mandato de cuatro magistrados del tribunal de garantías. Según la Carta Magna, dos de ellos tienen que ser propuestos por el CGPJ, mientras que los otros dos son nombrados por indicación del Gobierno.

Hoy, el Congreso va a debatir y votar la proposición y las enmiendas. Por su carácter orgánico, para su aprobación deberá alcanzar mayoría absoluta en una votación final de conjunto. En caso de superar la votación, continuaría su cauce legislativo y sería enviada al Senado, donde la Cámara Alta podría aprobar el texto en sus términos, aprobar enmiendas o un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresaría al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.

Acuerdo imposible

La presentación de esta proposición de ley ha hecho saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación de los vocales del CGPJ, que llevan tres años en funciones. El último intento de acercamiento entre los dos grupos ha partido del PP. Propuso sentarse con los socialistas a discutir la renovación del órgano de gobierno de los jueces con la condición de que fuera retirado el texto que vota hoy el Congreso, pero el PSOE se ha negado.

El principal partido de la oposición no es el único que está en contra de las maniobras del Gobierno. El propio Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su malestar por el “grave perjuicio que se está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia”. En este sentido, y tal como adelantó este domingo Economist & Jurist, el CGPJ acordó el pasado lunes pedir al Congreso que le solicite informe sobre la proposición de ley de reforma de la LOPJ. Sin embargo, la solicitud ha caído en saco roto.

Mientras, la situación que vive el CGPJ está traspasando las fronteras españolas y puede terminar provocando un problema tanto jurídico como de imagen al país. El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, en unas declaraciones a El Mundo ha mostrado su preocupación por la situación del CGPJ en España y asegura que van a seguir los pasos que dé el Gobierno.