Lesmes acusa a los partidos de llevar a la Justicia a una “situación insostenible”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, urgió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo -como responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria- a llegar a un acuerdo en las próximas semanas que traiga una solución definitiva a lo que ha descrito como “situación insostenible” de la Justicia, renovando el órgano de gobierno de los jueces o restituyéndole en la plenitud de sus competencias.

Lesmes ha hecho este llamamiento en su discurso solemne de Apertura del Año Judicial, cuya ceremonia se ha desarrollado en la sede del Tribunal Supremo y ha estado presidida por el Rey Felipe VI. Y ha sido muy claro al advertir que, de no ser atendido este llamamiento, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan” porque “resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable”.

Esta es la cuarta ocasión en la que el presidente del CGPJ pronuncia el discurso de apertura del año judicial estando en funciones ante la incapacidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo que facilite la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

“La Justicia está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia”, ha afirmado Lesmes, añadiendo que el escenario político de los últimos años, caracterizado por la permanente falta de entendimiento de los grupos mayoritarios, “está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”.

Tras recordar que los numerosos llamamientos hechos desde 2018 a las Cortes Generales y a los grupos parlamentarios para que cumplieran su deber constitucional “no han surtido efecto alguno”, Lesmes ha reiterado que “la renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”.

Felipe VI ha presidido la Apertura del Año Judicial. (Foto: CGPJ)

Una vez producida la renovación, considera que será “ineludible” abordar la reforma del modelo de elección de los vocales del Consejo, en crisis por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por apartarse de los recientes estándares europeos en materia de consejos judiciales.

A este respecto, ha señalado que, aunque “es indudable que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad para todas aquellas tareas de gobierno que trascienden del interés corporativo de jueces y magistrados por afectar a la sociedad entera”, dicho modelo “genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente los últimos años precisamente por las circunstancias que rodean a la no renovación”.

Lesmes se ha mostrado especialmente crítico con la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que evita que el CGPJ en funciones pueda realizar nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo. El presidente del órgano de gobierno de los jueces se ha mostrado contundente a la hora de hablar de esta ley, de la que ha dicho que 18 meses después de su aprobación, “sus efectos son devastadores”.

La no renovación del Tribunal Supremo, un problema igualmente -o más- acuciante

Tal como ha relatado, el número de vacantes en el Tribunal Supremo ascenderá a 20 en los próximos meses -lo que supone el 25% de sus efectivos-, que 49 de las 116 presidencias de tribunales que existen en España no están desempeñadas por un titular y que el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, al no poder ser repuestas las vacantes.

Abundando en esta idea, Lesmes asegura que “el estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia”. Además, critica que apenas un año después de la aprobación de la ley “el legislador se ha visto obligado a rectificar parcial y apresuradamente su propio criterio”, esta vez para devolver al órgano de los jueces la competencia para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, mientras que se mantiene la imposibilidad de realizar nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, “pese a ser a todas luces evidente la grave situación” a la que se ha abocado a este órgano.

Esta situación constituye, a juicio de Lesmes, “un agravio no solo para toda la Justicia, sino fundamentalmente para los propios ciudadanos, que son los grandes damnificados en cuanto destinatarios de nuestro servicio”.

Lesmes ha criticado la ley aprobada por el Gobierno que impide al CGPJ en funciones designar magistrados para el Supremo. (Foto: Moncloa)

Reivindicación de la labor de los jueces

En su intervención, el presidente del CGPJ no se ha centrado solo en los problemas y ha reivindicado lo que considera “el extraordinario servicio prestado a la sociedad española durante los últimos años por unos jueces absolutamente independientes en la defensa de nuestro Estado de Derecho que no han estado dispuestos a rendir sus togas a otros intereses que no sean los de la Justicia”.

Como ejemplos de esa labor desarrollada por los miembros de la Carrera Judicial, el presidente del TS y del CGPJ ha citado la decidida actuación ante los hechos acontecidos en Cataluña en 2017, cuando “la fortaleza de nuestro Estado de Derecho en aquel momento y la actuación posterior de los jueces a raíz de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado sirvieron para preservar nuestra convivencia y garantizar la primacía de nuestra Constitución”.

Sobre esta cuestión concreta ha hecho referencia al reciente discurso político que aboga por la “desjudicialización” del procés y que habla, “sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran estos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad”. De materializarse esa desjudicialización, ha advertido el presidente del Supremo, se pondría en riesgo el principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos, “pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política”.

También ha aludido a la lucha contra la corrupción, en la que los jueces “han actuado eficazmente, con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia Ley establece y sin que las críticas interesadas en este campo hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales”.