Ocho vocales del CGPJ reclaman la celebración de un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la amnistía

Los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, nombrados todos a propuesta del Partido Popular, han pedido la celebración del Pleno para debatir sobre una declaración institucional que se ha hecho pública este martes. En ella califican la amnistía como una medida con efectos de «degradación» para el país y «cuando no de abolición del Estado de Derecho en España». El presidente está obligado a convocar este tipo de plenos si lo respaldan al menos cinco vocales, según el reglamento del CGPJ.

En la citada declaración, a la que ha tenido acceso Economist Jurist subrayan que «el Consejo General del Poder Judicial, ejercitando y reafirmando sus funciones constitucionales para la defensa de la plena vigencia de la Constitución, del Estado de Derecho y de la integridad de la potestad jurisdiccional, ha acordado aprobar la siguiente declaración» y que «ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción».

De igual manera, constatan que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sostuvo el pasado sábado 28 de octubre que «efectivamente ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida«, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont y añaden que el jefe del Ejecutivo añadió que «la medida se adoptará en interés de España».

Estos vocales sostienen que «confundir el “interés de España” con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política». Un principio, subrayan, amparado en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de la Constitución, «es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico».

Presidente CGPJ Vicente Guilarte. (Foto: CGPJ)

Según denuncian, aprobar la ley de amnistía «exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora».

Sánchez defiende la amnistia

Los vocales que suscriben dicha declaración afirman que «la declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención».

Por otro lado, los vocales subrayan que «no es compatible con el principio de Estado de Derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno».

Al mismo tiempo advierten de que con la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «lo que se violenta no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromiso asumidos por España» en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a nuestro país a respetar «los principios de Estado de derecho e independencia judicial».»Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España», añaden.

Asimismo , afirman que amnistiar a los líderes del procés «supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución».

Por último, indican los vocales promotores de esta iniciativa que con la inminente Ley de Amnistía se «violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales».