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Perfiles políticos para renovar el Constitucional

Se incorporarán cuatro nuevos magistrados: dos conservadores y dos progresistas

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Perfiles políticos para renovar el Constitucional

Se incorporarán cuatro nuevos magistrados: dos conservadores y dos progresistas



El capítulo del “Abrazo de Vergara” entre el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia (y hombre fuerte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez tras la marcha de Iván Redondo), Félix Bolaños, culmina con el nombramiento de cuatro nuevos magistrados (de doce) del Tribunal Constitucional (TC).



Ha costado casi dos años, pero al final ha habido pacto. El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo que permite la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Los nuevos magistrados del Constitucional serán el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, a propuesta del PP, así como el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán, ambos a propuesta de Unidas Podemos y PSOE.

Además del acto para renovar los magistrados de nuestro tribunal de garantías, el acuerdo entre las dos fuerzas políticas abarca otros órganos constitucionales, como el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas.

Una vez hecho público el acuerdo, ambos partidos han mostrado su satisfacción después de largas negociaciones un largo lapso marcado por el bloqueo institucional. No en vano, cada uno de ellos ha llevado al Constitucional a dos personas muy próximas ideológicamente y con alto perfil político. Cabe destacar que, con estos nombramientos, se mantiene la mayoría conservadora que hay actualmente en este tribunal.

Sobre el perfil de cada uno de los candidatos, llama la atención que todos ellos hayan sido vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP (Arnaldo y Espejel), Izquierda Unida (Sáez Valcárcel) y el PSOE (Montalbán Huertas).

Enrique Arnaldo. (Foto: Poder Judicial)

Enrique Arnaldo es el único de los tres candidatos que no es magistrado en ejercicio. Es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y letrado de las Cortes. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 1996 a 2001. Colaborador habitual de FAES, la fundación presidida por José María Aznar, cuando terminó su mandato en el Supremo fundó el despacho Estudios Jurídicos y Procesales, a través del cual defendió a secretario de Justicia del PP, Enrique López, cuando fue detenido por conducir ebrio. Arnaldo también ha sido durante cuatro años presidente del Tribunal Administrativo del Deporte.

Concepción Espejel. (Foto: Poder Judicial)

Concepción Espejel es presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta magistrada de perfil conservador y con casi 40 años de carrera ejerció como vocal del Consejo General del Poder Judicial, adonde llegó en 2008 a propuesta del PP y donde permaneció hasta 2013. Tras su regreso a la Audiencia Nacional, le tocó juzgar el Caso Gürtel, pero fue apartada del tribunal que juzgaba la primera parte de la trama porque se consideró que falta de apariencia de imparcialidad por su parte. La entonces número dos del PP, Dolores de Cospedal, se había llegado a referir a ella como “querida Concha”. Espejel ha sido la única magistrada que abogó por condenar a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos, tras el juicio celebrado contra él en la Audiencia Nacional bajo la acusación de connivencia con los líderes independentistas del procés.

Ramón Sáez. (Foto: Galde)

Ramón Sáez Valcárcel ha sido propuesto por el Gobierno a instancias de Unidas Podemos. Está considerado como uno de los jueces más progresistas de la Audiencia Nacional. Vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida en la década de los noventa, fue ponente de la sentencia que absolvió a los procesados por asediar el Parlament en 2011 —que después revocó el Supremo— y también de la que exoneró a Trapero. Al margen de su carrera como juez, ha ocupado la presidencia de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH).

Inmaculada Montalbán. (Foto: Granada Hoy)

Inmaculada Montalbán es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) —de la jurisdicción contencioso-administrativa— y ha sido vocal del CGPJ a propuesta socialista. Está considerada como una experta en materias de igualdad de género. Es miembro de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia y ha ocupado la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género tras ser elegida por el pleno del Consejo General del Poder Judicial en 2008. En cuanto a su actividad como magistrada, fue ponente de la sentencia que condenó al juez de Marbella Francisco Javier de Urquía por aceptar un soborno del exasesor urbanístico de este municipio Juan Antonio Roca a cambio de favorecerle judicialmente.

El acuerdo al que han llegado PSOE y PP es importante en tanto que desatasca una situación de bloqueo que comenzaba a hacerse insostenible. Sin embargo, hay que hacer notar que ambos partidos se han dejado para la segunda parte de sus conversaciones el aspecto más difícil sobre el que llegar a un acuerdo: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para llegar a un pacto, el PP exige una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita que los jueces elijan entre ellos al menos la mitad de los vocales del Consejo. El PSOE estaría abierto a esta posibilidad, pero aboga por que la reforma demandada por el PP sea llevada a cabo tras la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Mala recepción de los nombramientos en el Tribunal Supremo

Incluso en nuestro Alto Tribunal se ha generado cierta controversia: los magistrados del Supremo pueden llegar a entender que los recién elegidos miembros del Constitucional, al no provenir de la alta instancia, carezcan de los resortes jurídicos suficientes para poder invalidar sus resoluciones judiciales. Una cuestión de jerarquía y de conflictos competenciales entre nuestro Alto Tribunal y la magistratura de garantías constitucionales.

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