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Actualidad Jurídica

¿Quién vigila al vigilante? Control de fake news y bulos: riesgos legales del fact-checking

AUTOR
María González y Dimitry Alekseev
Tiempo de lectura: 5 min

Publicado

Uno de los elementos que caracteriza el mundo actual es la facilidad existente a la hora de acceder a la información, a través de cualquier medio; redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, periódicos y revistas, y de cualquier dispositivo smartphones, tablets, ordenadores y televisores, e incluso asistentes personales como Alexa o Google Home.

La instantaneidad en el acceso a la información y la enorme diversidad de fuentes, ha supuesto lo que ha venido a denominarse “Infoxicación”, pues ha habido un incremento exponencial respecto de la difusión de informaciones imprecisas, engañosas o directamente falsas respecto de temáticas, la mayoría de las cuales son de absoluta actualidad. No es una cuestión nueva, el consumo masivo de contenidos online fomenta la proliferación de las fake news, que pueden extenderse por todo el planeta en cuestión de minutos.

“La finalidad última siempre suele ser la misma: generar desinformación a través de noticias que hacen hincapié en el sensacionalismo o creencias personales”

La finalidad última siempre suele ser la misma: generar desinformación a través de noticias que hacen hincapié en el sensacionalismo o creencias personales para conseguir objetivos tendentes a modificar las acciones que puedan tomar los consumidores de esta información. Si lo definiéramos de forma políticamente correcta, podríamos hablar de “posverdad”, es decir, de una alteración intencional de la realidad a través de la manipulación, invención u ocultación de los hechos objetivos para desencadenar acciones, omisiones u opiniones basadas en las emociones de los ciudadanos.





La preocupación colectiva respecto de la proliferación de las fake news ha provocado una reacción por parte de los estados democráticos. España, Singapur o Alemania son países que han ido adoptando acciones, con más o menos éxito, pero que en todos los casos tienen la necesidad de replantearse ante la potencial vulneración que suponen las mismas de derechos fundamentales.





A nivel europeo, se puede destacar la aprobación, en 2018, de un Plan de Acción contra la Desinformación basado en cuatro pilares:

  1. mejora de la capacidad de la UE para detectar, analizar y revelar fake news;
  2. fomento de una reacción coordinada a la desinformación, a través del Sistema de Alerta Rápida o RAS;
  3. movilización del sector privado para combatir el problema y
  4. concienciación social.

Entre las iniciativas enmarcadas en el tercer pilar señalado por la UE, encontramos el Código de buenas prácticas en materia de desinformación (entre cuyos firmantes figuraban Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Mozilla, así como distintos actores de la industria de la publicidad), y que fue aprobado unos meses antes, y donde la UE ya ha realizado un llamamiento a los firmantes para implementar las acciones y procedimientos allí identificados.

“Entre las iniciativas enmarcadas en el tercer pilar señalado por la UE, encontramos el Código de buenas prácticas en materia de desinformación”

A nivel sectorial, merece especial atención la Red Internacional de Fact-Checking (IFCN), una asociación perteneciente a la escuela de periodismo y ONG Poynter Institute que se dedica a aglutinar las entidades verificadoras de todos los lugares del planeta. Entre algunos ejemplos encontramos; Lupa (Brasil), AAP (Australia), FactCheck.org (EEUU) o JTBC (Corea del Sur), o Maldita.es, EFE Verifica o Newtral a nivel nacional. Para entrar a formar parte como una entidad verificadora, se ha de completar una solicitud, así como autoevaluación sobre el cumplimiento con los principios de la IFCN, que será posteriormente valorada y aprobada, en su caso, por un asesor externo. De forma anual, las entidades deben repetir el proceso para asegurar el cumplimiento con los principios rectores.

La especial relevancia de la IFCN encuentra su razón en que Facebook (y, por tanto, WhatsApp) ha establecido que colaborará con entidades verificadoras miembros de la IFCN para combatir los bulos y los fake news. Cualquier contenido reportado como falso o impreciso por dichas entidades podrá tener repercusiones tanto en Facebook (por ejemplo, mediante la inclusión de un aviso) como en WhatsApp, a través del ya conocido sistema de limitación de reenvíos.

¿Cuál es la metodología o mecanismo de verificación utilizado por las citadas entidades?

Respecto de la tecnología propiamente dicha, a día de hoy no es posible confiar ciegamente en la automatización de la totalidad del proceso de verificación. Sin embargo, líneas concretas de actuación sí suelen dar resultados fidedignos como, por ejemplo, la identificación y análisis de los perfiles que publican y diseminan una pieza de información. No obstante, la búsqueda de la veracidad en la información es un objetivo de muchas iniciativas basadas en inteligencia artificial – como, por ejemplo, Fake News Challenge, que persigue utilizar machine learning y procesamiento del lenguaje natural para combatir el fenómeno de las fake news. Adicionalmente, especial atención en el combate contra la desinformación merece el (cada vez más recurrido) filtro Kalman, comúnmente utilizado en los vehículos autónomos, donde partiendo de la idea de que los sensores de un vehículo no dan exactamente la verdad sino algo que se acerca a la misma, un algoritmo, junto con esta información no completamente cierta, tiene en cuenta los datos del pasado (o de la experiencia), y trata de buscar la realidad y la veracidad, a través de la asignación de unos pesos -o importancias- a distintos factores, como la reputación de la fuente o la fiabilidad del medio.

“Estas agencias suelen recurrir a metodologías de investigación propias y criterios periodísticos, sin llegar a concretar a nivel técnico las líneas de actuación en la mayoría de los casos, una corriente común tanto a nivel nacional como internacional”

Como ya se ha mencionado, no existe regulación o estándar específico que entre a regular las metodologías, procesos o mecanismos de verificación utilizados por las entidades verificadoras o herramientas enfocadas a la verificación, por lo que la corriente general se basa en la libertad en la elección sujeta al cumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad, entre otros. Tampoco -por el momento- se suelen utilizar de forma generalizada sistemas de sello que permitirían asegurar la integridad de una noticia – por ejemplo, a través del uso de las tecnologías basadas en blockchain. Para la verificación del contenido, estas agencias suelen recurrir a metodologías de investigación propias y criterios periodísticos, sin llegar a concretar a nivel técnico las líneas de actuación en la mayoría de los casos, una corriente común tanto a nivel nacional como internacional. La garantía en el resultado verificado se respalda en una declaración sustentada en el cumplimiento de los principios de imparcialidad, transparencia y objetividad, entre otros, y confirmación del contenido con las distintas fuentes, tanto oficiales como alternativas.

“No debemos olvidarnos de las ocasiones en las que la persecución de la veracidad informativa ha servido de pretexto para implementar un sistema de control y monitorización, por parte de los Gobiernos, de los contenidos contrarios a la ideología o corriente política”

En definitiva, la existencia de entidades y soluciones enfocadas a la verificación de la información no está libre de polémicas. Mientras que es indudable el valor que aporta en términos de la veracidad y calidad de las noticias, deben ponderarse también su lado más oscuro: por una parte, no existe regulación, sea internacional, nacional o sectorial, relativa las metodologías utilizadas en la verificación, hecho que inevitablemente origina dudas acerca de la transparencia y/o potencial parcialidad en la labor realizada. Por otra parte, no debemos olvidarnos de las ocasiones en las que la persecución de la veracidad informativa ha servido de pretexto para implementar un sistema de control y monitorización, por parte de los Gobiernos, de los contenidos contrarios a la ideología o corriente política; en otras palabras, censura disfrazada de la supuesta necesidad de velar por el orden público. Y aquí es donde el concepto de aurea mediocritas adquiere su máximo esplendor: mientras que la verificación de la veracidad de las informaciones se traduce en la objetividad de las decisiones tomadas a raíz de las mismas, la inclinación de la balanza hacía un excesivo control respecto de los contenidos consumidos, incluso sesgo, es un claro atentado contra los derechos fundamentales.

Sobre los autores: María González, socia de IP/IT de ECIJA, y Dimitry Alekseev, abogado de ECIJA.
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