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Reconocida a una trabajadora la incapacidad permanente total, pese a la mejoría de salud que alegaba la Seguridad Social

El Tribunal Superior de Castilla La Mancha ha concluido que no se cumplía la triple exigencia que ha de darse para revocar una IPT

(Imagen: E&J)

Sara Zarzoso

Redacción E&J




Tiempo de lectura: 3 min



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Reconocida a una trabajadora la incapacidad permanente total, pese a la mejoría de salud que alegaba la Seguridad Social

El Tribunal Superior de Castilla La Mancha ha concluido que no se cumplía la triple exigencia que ha de darse para revocar una IPT

(Imagen: E&J)



La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla La Mancha, con sede en Albacete, ha reconocido el derecho de una trabajadora a conservar su situación de incapacidad permanente total (IPT), dejando sin efecto la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que revocaba la IPT alegando una notable mejoría en la salud de la mujer.

El caso en cuestión se remonta al 12 de febrero de 2019, cuando la Seguridad Social, mediante resolución, reconoció a la demandante una prestación de invalidez permanente en grado de incapacidad permanente total, equivalente a aproximadamente 1.300 euros al mes. Una ayuda, según consta en la sentencia, del 55% de la base reguladora.



La incapacidad, precedida por una enfermedad común que impedía a la demandante realizar las tareas habituales de su profesión como oficial administrativa de segunda, presentaba en el momento de la concesión de la prestación el siguiente diagnóstico: hernia discal y protusión posterolateral derecha, entre otras afectaciones más, constando una notable «limitación para mantener una actividad continuada por el dolor».

Con el fin de aliviar su padecimiento, el 8 de marzo de 2019 la demandante fue sometida a una cirugía de descompresión y artrodesis. Pese a ella, el INSS llevó a cabo una revisión y volvió a dictaminar que la mujer debía conservar el grado de incapacidad permanente total. Al menos, así lo estimó en varias ocasiones entre agosto de 2019 y junio de 2020.



No obstante, llegado noviembre de 2020, la Seguridad Social —mediante un expediente administrativo de revisión de grado— aseguró haber observado «una mejoría de la demandante» y procedió a retirarle la incapacidad, argumentando que ésta ya no sufría «limitaciones anatómicas o funcionales que redujeran su capacidad laboral».



(Imagen: E&J)

El hospital sí veía una incapacidad

A pesar de esto, los informes médicos del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Guadalajara, con fechas del 14 de abril de 2019 y 27 de octubre de 2020, es decir, tanto anteriores como posteriores a dicha revisión de oficio, mantenían las mismas recomendaciones para la demandante respecto a las dolencias padecidas. Estas recomendaciones consistían en la necesidad de mantener la misma actitud funcional que antes de la intervención quirúrgica, así como en evitar realizar esfuerzos, y permanecer en bipedestación y sedestación prolongada. Estando recogida esta última en las «funciones propias» de su profesión habitual.

En protesta, la trabajadora presentó una demanda turnada al Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara que, con fecha 5 de septiembre de 2022, dictó sentencia estimatoria, dejando sin efecto la resolución del INSS y restituyendo a la trabajadora a su situación de IPT. Pero tampoco conforme con la resolución, el Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso un recurso de suplicación, argumentando un sólo motivo: infracción del artículo 194.4 del vigente texto de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Tal y como ha explicado a este medio Pedro Álvarez del Río, abogado de Lexway Abogados y responsable de llevar el caso, «es importante destacar de la sentencia que para revocar la situación de IPT se requiere una triple exigencia: la existencia de una mejora en la salud del trabajador (i), que tenga una relevancia especial que implique una situación más favorable (ii) y que esta mejoría demuestre una ausencia total de invalidez o al menos en un grado inferior (iii). Esta triple exigencia debe cumplirse simultáneamente».

Por otro lado, ha subrayado que «el INSS se basa para revocar la IPT en el informe médico de síntesis del equipo de valoración de incapacidades (EVI), que es un órgano de inspección propio donde se establece que cuando los expertos al servicio de la administración actúan como peritos y la administración como parte, esos informes no gozan de imparcialidad ni merecen un plus de credibilidad especial respecto del resto de informes médicos, ya que quien es parte no puede ser imparcial».

Por tanto, como la sentencia, ha concluido que «el INSS no puede actuar revocando la situación de IPT de un trabajador basándose, única y exclusivamente, en el informe médico de síntesis del EVI, debe recabar los informes de otros profesionales como, por ejemplo, facultativos del servicio público de salud o privados, donde objetiven una situación de mejoría evidente». Con todo ello, el Tribunal Superior de Justicia finalmente ha ratificado la sentencia de instancia, devolviendo la incapacidad permanente total a la afectada.

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Anonymous
16 días atrás

Buena noche me gustaría ponerme en contacto con el abogado que ganó el reconocimiento de incapacidad.me gustaría que me llevará mi defensa en un juicio

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Samanta 674411639
Anonymous
16 días atrás

Buenos días me gustaría ponerme en contacto con la afectada si pudiera ser.gracias

Nombre
Ines
Anonymous
16 días atrás

Muy interesante el caso
Se repiten mucho no solo en CLM en Madrid revocaciones de IPT por cien. Tomar nota de la sentencia el argumento TÁNDEM EVI – INSS es imparcial es muy interesante
Fundamental la revisión cronológica de las asistencias médicas
👍

Nombre
Carlos Medina AMEDIC PER
Anonymous
16 días atrás

Yo llevo de febrero 2022 operará de las cervicales con dos implantes y a día de hoy sigo esperando mi incapacidad porque no e mejorado e ido a peor

Nombre
Yasmina

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