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Satisfacción en la Carrera Judicial por el amparo que CGPJ ofrece al magistrado Manuel García-Castellón

Los propios magistrados recuerdan que las decisiones de los jueces se pueden recurrir y que no hace falta cuestionar siempre su independencia judicial

El CGPJ da diez días a Tonxtu Rodríguez, Secretario de Estado, y a la portavoz de la Generalitat para que aporten alegaciones sobre sus comentarios vertidos contra ese juez (Imagen: Consejo General del Poder Judicial)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado




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Satisfacción en la Carrera Judicial por el amparo que CGPJ ofrece al magistrado Manuel García-Castellón

Los propios magistrados recuerdan que las decisiones de los jueces se pueden recurrir y que no hace falta cuestionar siempre su independencia judicial

El CGPJ da diez días a Tonxtu Rodríguez, Secretario de Estado, y a la portavoz de la Generalitat para que aporten alegaciones sobre sus comentarios vertidos contra ese juez (Imagen: Consejo General del Poder Judicial)



Los jueces españoles muestran su satisfacción ante la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de admitir a trámite la  solicitud de amparo formulada por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, en relación con las declaraciones realizadas por varios responsables políticos a raíz del auto dictado el pasado día 6 de noviembre en el que acordó la continuación de la tramitación de las diligencias previas 85/2019, en las que se investigan las actividades de ‘Tsunami Democràtic’.

Para algunas asociaciones judiciales el proceder del CGPJ es lógico porque señalan que ese es uno de los papeles: amparar a los jueces cuando sean cuestionados.



Frente al silencio de Jueces y Juezas para la Democracia no se hace ningún comentario sobre el tema, al igual que Foro Judicial Independiente, ahora en medio de su Congreso Anual que concluye este jueves en Vizcaya, sobre el tema, tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria como la Asociación Profesional de la Magistratura lo ven lógico.

Todas ellas coinciden en un extremo: deben pararse este tipo de ataques desde otros poderes públicos o políticos a los propios jueces porque no conducen a nada más que al descrédito de este colectivo.



Manuel García-Castellón, un juez que quiere preservar su independencia ante las presiones externas (Imagen: Consejo General del Poder Judicial)



Por su parte, la magistrada Veronica Ponte, del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Santander (AJFV), que celebra estos días su Congreso Nacional en Oviedo, explica a Economist & Jurist que “la decisión de la Comisión Permanente supone la normalización de la actuación de los órganos judiciales. Se trata de que con este amparo cualquier juez que esté en esta situación pueda mantener su independencia profesional a la hora de resolver sus asuntos”.

La figura del amparo se utiliza poco aún en este tipo de situaciones, según explica a este medio la magistrada. “El problema es que el propio juez que se siente desamparado ante estas cuestiones no suele comentar dicha situación. Normalmente se eleva la situación mediante un escrito al CGPJ y luego es el propio Consejo quien valora la situación y si lo concede como en este caso pide alegaciones a la otra parte en los diez días siguientes”, afirma.

Al final con esa resolución del CGPJ “lo que pedirá a la otra parte es que respete a la independencia judicial del juez García-Castellón. Normalmente es una declaración institucional que volverá hacer el CGPJ para que en este caso cesen las declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Tonxtu Rodriguez, como del portavoz de la Generalitat de Cataluña”.

Para esta magistrada “de cara a un buen funcionamiento de la Justicia es fundamental que cargos públicos, ciudadanos y políticos respeten la separación de poderes. Es fundamental desde otros poderes del Estado respetar el trabajo de jueces y magistrados”.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) también se valora de forma positiva la decisión del CGPJ. “Hay que recordar que este juez es la primera vez, hasta el momento, que pide el amparo en su Carrera Judicial. También ahora plantea a través de la Fiscalía defenderse ante ciertos comentarios vertidos por el secretario de Estado de Justicia”, aclara Alejandro Mariscal de Gante, coportavoz de la APM.

Al final el amparo supone que el CGPJ se dirija a la otra parte para que cese en su actitud de presionar al magistrado con ese tipo de comentarios “es una figura que está ahí pero que se ha utilizado poco por el momento. Desde esta entidad se es consciente que se perdido el respeto a la carrera judicial y cierta deslealtad institucional. Contra lo que resuelve Garcia-Castellón hay recursos no es necesario cuestionar su independencia como profesional”.

Mariscal recuerda que el comunicado que suscribieron las cuatro asociaciones judiciales venía en defensa de la Carrera Judicial y de las presiones que estaba sufriendo García-Castellón. “Ese comunicado también tenía que ver de forma indirecta con sus circunstancias personales y con todo lo que estaba pasando.  Al mismo tiempo en redes sociales se ha cuestionado también la profesionalidad de otros compañeros y ya ha habido algún jurista que incluso ha dicho que algunos magistrados habían hecho lawfare. No podemos seguir así”, apunta.

Por su parte, Jesus Villegas, Magistrado y Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), valora de forma positiva el movimiento del CGPJ. “Entra dentro de sus competencias legales del Consejo, aunque la efectividad real es muy limitada, pero si tiene un gran valor de respaldo institucional y moral a los jueces”, afirma Villegas.

También indica que “las declaraciones que hemos oído del Secretario de Estado de Justicia son inadmisibles en un Estado de Derecho. Constituyen un acto de presión sin precedentes para un juez en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.

Carrera judicial ve lógico que el CGPJ salga a amparar al magistrado como a otros con problemas (Imagen: E&J)

Manifestaciones intolerables

Hay que recordar que en un escrito registrado el pasado lunes, el magistrado García-Castellón se refería concretamente a unas manifestaciones del Secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, en una emisora de radio; y a otras de la portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa. Según el magistrado, de las declaraciones de ambos cabe inferir la intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de inquietarle o perturbarle en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El acuerdo de la Comisión Permanente señala que ya en reiteradas ocasiones el CGPJ ha afirmado que la concesión del amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene como fundamento la concurrencia de circunstancias y presupuestos que, analizados desde un punto de vista objetivo, alcancen virtualidad suficiente como para lograr la perturbación de la independencia judicial.

En el presente caso, añade la Permanente, “del relato de hechos reflejado en la solicitud de amparo efectuada, puede considerarse ab initio que existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición”, por lo que acuerda admitirla y da un plazo de diez días al Secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes. El asunto se someterá entonces de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

El acuerdo de admisión ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, p.s., el vocal Vicente Guilarte, y de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. Las vocales Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

La vocal Mar Cabrejas ha justificado su voto en un escrito en el que explica que, en su opinión, en el presente caso no concurren los requisitos para la admisión a trámite de la petición de amparo: que las actuaciones de terceros referidas por el magistrado no solo lesionan el valor de la independencia judicial, sino que además influyen en el proceso de toma de decisiones judiciales.

No obstante, ha propuesto que la Comisión Permanente adoptara una declaración en la que se pusiera de manifiesto que las declaraciones puestas en conocimiento del CGPJ por García-Castellón “resulten inadmisibles y han de calificarse en los términos justos que se merecen: un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que cuando proceden de responsables públicos y políticos adquieren perfiles de especial gravedad”.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. (Foto: Ministerio de Justicia)

Nueva petición de amparo

 Sobre este tema de última hora judicial hay que destacar que este juez que también lleva el caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, pedirá de nuevo amparo al CGPJ por las críticas del portavoz de ERC Gabriel Rufián durante el debate de investidura a su decisión de investigar por terrorismo a la dirigente de su partido Marta Rovira y al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Según ha podido saber Economist & Jurist, el magistrado de la Audiencia Nacional presentará un nueva petición de amparo en relación a estas manifestaciones, realizadas dos días después presentar una primera solicitud de amparo por las que hicieron el número dos de Justicia, Tonxu Rodríguez, y Patricia Plaja Pérez, portavoz de la Generalitat de Cataluña, insinuando que prevaricó por tomar dicha decisión en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez.

En la primera sesión del debate de investidura, celebrado este miércoles, dos días después de que el juez solicitara ese primer amparo, Rufián se sumó a las críticas a García-Castellón por decidir investigar por terrorismo a Puigdemont y Marta Rovira.

En su turno de intervención, Rufián denunció una «guerra judicial» por parte de la derecha española y del Poder Judicial «al servicio del PP» y aludió a García-Castellón, del que dijo que no sabe quién es «M. Rajoy», que «salvó a Cospedal de la Kitchen», «archivó lo del rey» y ahora imputa terrorismo a Marta Rovira porque a un hombre «desgraciadamente le dio un infarto en una mani», en referencia al bloqueo del aeropuerto de El Prat durante las protestas por la sentencia del ‘procés’, presuntamente dirigidas por Tsunami.

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