“Soy el más ilegal de los ilegales”: un sargento de la Guardia Civil reconoce seguimientos inventados y escuchas ilegales

Agentes de la unidad orgánica de la policía judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid (Tres Cantos) han colocado balizas de seguimiento a investigados sin autorización judicial y han grabado ilegalmente un interrogatorio a un detenido en un vehículo policial. Eso es, al menos, lo que se desprende de diversas grabaciones a las que Economist & Jurist ha tenido acceso. Los hechos que se describen en esta información y otros adicionales que este medio publicará en los dos próximos días se encuentran ya en conocimiento del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El instructor deberá decidir si resultan admisibles las pruebas aportadas por la Guardia Civil que, según el contenido de la conversación que protagoniza uno de los mandos del equipo policial al frente de la investigación, han sido obtenidas de forma irregular. Se trata, concretamente, del sargento primero Sergio Bravo, que admite, en ese diálogo, que han colocado balizas de seguimiento sin la preceptiva autorización judicial.

— Es falso todo. Esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales. De hecho, a este que vamos a detener ya le detuvimos. Nos había quitado dos balizas-, afirma Bravo.

Uno de los investigados, en efecto, había localizado dos de estos instrumentos de seguimiento instalados en los bajos de uno de los vehículos que utilizaba. Una de ellas fue advertida en abril de 2021 y se interpuso una querella que acabó archivada por falta de autor conocido. La segunda querella, tras el hallazgo de un nuevo dispositivo de seguimiento, se interpuso el pasado 30 de abril y aún no ha recaído en ningún juzgado de instrucción. Así, lo que cuenta Bravo en la conversación privada mantenida el pasado mes de abril, coincide con lo que ahora se pone de manifiesto ante el juez Pedraz.

Hablando sobre otro de los investigados, que ya había sido previamente detenido, el sargento primero Bravo reconoce que instó a los agentes a su cargo a que lo condujesen hasta el juzgado en un coche en el que pidió “meter” un micrófono para grabar un interrogatorio, lo que supone una práctica, a todas luces, irregular. Así, se vuelve a dirigir a su interlocutor.

— Les digo «montadle en el coche y le lleváis al juzgado vosotros (inaudible) encapuchaos o haced lo que queráis. Y rascadle, rascadle un poquito a ver por qué. Tiene un encuentro muy gordo con mi jefe, no sé por qué, pero ahí hay algo más, entonces rascad a ver por donde… Que nos cuente, vamos a jugarle un poquito psicológicamente a ver qué nos cuenta». Bueno, pues el tío empieza a rajar en el coche y les digo: «Oye, grabad un audio (inaudible), grabad un audio y me lo pasáis, un audio con un micro que le metemos y se le oye. Se le oye bajito, pero se le oye. Y va el tío diciendo que mi jefe va a por ellos y que no sabe por qué, que va a por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos…  Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! Pero es que, si no, a esta gente cómo les pillas. Yo no puedo ir detrás. Es que yo no puedo ir siempre… El otro día me decía mi colega: vamos tres pasos por detrás”.

Baliza localizada por uno de los investigados, deformada por efecto de la temperatura (Foto: E&J)

Conocidos estos audios, los abogados de los investigados, en esta causa compleja con decenas de personas implicadas, han mostrado al juez su rechazo ante la “absoluta falta de imparcialidad con la que está siendo conducida esta investigación policial”, al tiempo que advierten la animadversión personal que, a tenor del testimonio de Bravo, parece existir entre su superior, el teniente Abel Marín Seoane y, según los escritos remitidos por los diferentes letrados al juez, al menos tres de los investigados.

La declaración ante el juez de la persona a la que “le metieron un micrófono mientras era trasladada al juzgado”, coincide con lo afirmado por Bravo. Este medio ha tenido acceso acceso a la grabación de la toma de declaración, que consta en autos.

— Con respecto a su pregunta, es completamente falso y puedo afirmar que la Guardia Civil, con rotunda certeza, ha falsificado parte del atestado. Ellos dicen que el coche que viene a mi casa es un Audi A1 y que es conducido por un investigado llamado xxx. Dicen que es un coche caleta, que saca el dinero, que ellos lo ven como saca el dinero y que se mete en mi casa (…) y no hacen ninguna foto al coche aparcado en mi calle, cuando en el resto de ocasiones que van a mi casa, hacen fotos absolutamente a todo”. “Yo le pido por favor (…) que se investigue de verdad, si ese día se mete mi nombre en cualquier base policial, si se pasa ese coche, porque es fácil de comprobar incluso si con el posicionamiento de cualquier agente está donde dice que están, porque es completamente falso”, afirma el investigado en la vistilla de prisión, ante el juez Pedraz, que lo deja en libertad.

Informe Operativo GC. (Foto: E&J)

A lo largo de la conversación a la que pertenecen los audios de Bravo, de varias horas de duración, el guardia civil aporta datos personales de sospechosos, como nombres y direcciones de Madrid, y evidencias de que, en efecto, se está haciendo uso de balizas instaladas de forma irregular.

— Nada, que acaban de encontrar a un malo en un sitio (…) Que tengo una (inaudible). Porque el tío entrena, está súper mazado. Bueno, estaba. Ahora lo está menos, pero bueno, le tengo puestas unas alarmas y me acaba de llamar mi jefe. Entonces yo ahora pongo aquí a esta gente y…

— ¿Qué vaya para allá?- le dice la persona con la que habla.

— ¡Hombre, no voy a ir yo!- responde Bravo.

En ese momento, el sargento primero interrumpe la conversación y pide, a través de un mensaje o un whatsapp, a los compañeros que le cubran mientras él sigue en el restaurante.

— Entonces, se supone que está ahí. Lo digo por si alguno me lo podéis cubrir porque yo estoy un poco deslocalizado y para mi es imposible, ¿vale? Entonces, a ver si a algunos puede encajaros o cómo va la historia. 

El juez Pedraz está decidiendo si el interlocutor del sargento Bravo en esta conversación se convierte en testigo protegido en esta causa. 

De ser ciertos estos hechos, podrían ser constitutivos de varios delitos. Por un lado, de revelación de secretos, castigado en el artículo 417 CP con pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Por otro, por colocar balizas ilegales y grabar una conversación en el vehículo policial, sin la preceptiva autorización judicial, podrían ser inhabilitados durante un tiempo mínimo de dos años y un máximo de seis (536 CP). Además de la violación de derechos fundamentales con una intromisión ilegal en la intimidad de la persona, estos hechos supondrían una vulneración del artículo 588 de la LECrim. Si, como dice en esa conversación, también se han inventado seguimientos que han aportado a una causa judicial, firmados por seis miembros del grupo, los responsables podrían ser castigados con penas de tres a seis años de prisión y con inhabilitación especial de dos a seis años por faltar a la verdad en la narración de los hechos (390.4 CP).

 La Circular 4/2019 del Ministerio Fiscal apunta que la colocación de balizas incide en el derecho fundamental a la intimidad personal. Las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden realizar seguimientos personales, en el marco de una investigación, sin necesidad de autorización policial. Sin embargo, la utilización y colocación de dispositivos de seguimiento y localización está sometida a la previa autorización judicial.

Además de la responsabilidad penal, el régimen disciplinario de la Guardia Civil, en su artículo 8.8 y 8.9, contempla como faltas graves la violación del secreto profesional y la emisión de informes o partes de servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen. Estas faltas pueden acarrear desde suspensión de empleo de un mes a tres meses a la pérdida de destino.

Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)

Agentes en dos lugares simultáneamente e informes de seguimientos con imágenes de Google Maps

Según consta en los autos, los abogados que defienden a varios de los investigados se han quejado durante meses de algunas de las actuaciones de los miembros de la Guardia Civil. Algunos de ellos no dudan en afirmar que los informes han sido falseados y han presentado al juez, por ejemplo, los metadatos con los que corroboran que, al menos en una de las actas de seguimiento, con fecha 5 de mayo de 2020, figura un agente de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil que no estaba en ese lugar, en un vehículo en movimiento. Donde realmente se encontraba en el momento del seguimiento, según defienden ante el juez los abogados, es en las instalaciones de la unidad en Tres Cantos, firmando una citación oficial para una testigo que debía comparecer en otra causa. No es el único documento que generó y firmó personalmente durante las horas en las que, según el acta policial, se encontraba participando en un seguimiento.

Concretamente, el agente se encontraba haciendo gestiones relativas a la Operación Sanitario, en la que se señaló al delegado del Gobierno en Madrid como responsable de la propagación del Covid por permitir las manifestaciones del Día de la Mujer. Un informe que, según advirtió Eldiario.es, estaba plagado de inexactitudes y datos erróneos obtenidos en prensa. El secretario que firmaba aquel informe era el mismo miembro del cuerpo que se encuentra al frente de esta causa, el superior del sargento Bravo, el teniente Abel Marín Seoane.

Según ha podido comprobar Economist & Jurist, varios de los informes de seguimiento contienen imágenes obtenidas de Google Maps en lugar de fotografías realizadas por los propios agentes participantes en el dispositivo. Es el caso de los seguimientos fechados en los días 5, 11, 21 y 29 de mayo de 2020. En alguno de los informes, los agentes justifican: “La actitud de los objetivos es vigilante en todo momento, lo que dificulta enormemente que se capten fotografías”.

Informe con imágenes Google Maps

Imagen Google Maps que aparece en el informe

La Guardia Civil borra las imágenes de una investigación en curso

Por parte de los abogados, se han solicitado ciertas imágenes a las que se hace referencia en las diligencias y que la Guardia Civil “no ha estimado necesario conservar”. Así, según un informe del propio instituto armado fechado el 22 de abril del 2022, “las imágenes no resultan ser prueba necesaria, toda vez que existe testimonio del agente que presenció los hechos y únicamente se aportan como elemento supletorio y estético de los informes operativos”. En otro punto se lee que “los fotogramas son cuantos datos constan en la unidad dado que el protocolo establecido por la misma a la vista del elevado volumen de grabaciones y del espacio que ocupan, hace materialmente inviable su conservación, estimando asimismo la falta de necesidad de dicha conservación, dado que como se ha expuesto, los fotogramas no son sino un plus”.

“También se han podido verificar graves incoherencias en la redacción del atestado, como afirmar en un acta de vigilancia que determinada persona, en el mes de mayo titulaba un vehículo del que solo fue su propietario meses después, lo que claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó- con suma torpeza- a posteriori”, se puede leer en uno de los escritos dirigidos a Pedraz. En efecto, en las actas de mayo los agentes vinculan a uno de los sospechosos con un vehículo que fue adquirido el 18 de junio. Además, según el registro de la base de datos en la que los cuerpos policiales consultan las matrículas de los vehículos, los miembros del equipo de investigación, que figuran con sus respectivas tarjetas de identificación profesional, empezaron a indagar sobre el vehículo el día 21 de septiembre. A partir de ese momento, las consultas de los agentes son reiteradas.

Según consta en otro escrito de uno de los abogados, el 27 de octubre de 2021, los agentes aprovecharon la solicitud de devolución de un vehículo incautado para citar a una persona investigada como testigo, con obligación de decir la verdad y se le hicieron preguntas que “nada tenían que ver con el vehículo”, por lo que muestra la más “absoluta repulsa, indignación y queja ante esta excesiva, torticera e ilegítima actuación policial”.

Imagen Google Maps

Informe con Imagen Google Maps

Las diferentes peticiones de imágenes solicitadas por los abogados con fecha 6 de octubre de 2021, 11 de enero de 2022 y 28 de febrero de 2022 han sido respondidos de forma similar por la Guardia Civil: “A juicio de esta instrucción resulta palmario que la finalidad buscada con la diligencia de prueba solicitada por la defensa no es sino buscar de una forma inexplicable el fallo en el procedimiento, así como generar esfuerzos procesales y dilaciones indebidas, estando cubierta mediante otros medios probatorios incluidos en el atestado como son los testimonios de los agentes que presencian los hechos () Se debe tachar de innecesaria la diligencia de prueba solicitada () que simplemente se sustenta en el desgaste de las autoridades implicadas en la causa”. Y añaden que “el derecho de defensa no es ilimitado” y que no proporcionar las imágenes solicitadas no lo vulnera.

En el marco de esta causa también se ha advertido el seguimiento de un investigado al que sitúan en un domicilio que no adquiere hasta un mes y una semana después: “De nuevo se observa un operativo que nunca ha existido y con el mismo modo de proceder, si bien esta vez la mentira resulta aún más llamativa, pues ni siquiera se referencian los TIPs (tarjeta de identificación profesional) de los agentes que habrían llevado a cabo el seguimiento, respaldando de nuevo el relato con una fotografía extraída de Google Maps, obviamente sin mencionar la fuente de dicha imagen, guiándose de otra fotografía, tomada meses después de () entrando en el mencionado portal, sin darse cuenta de que no es hasta el 11 de noviembre cuando () adquiere ese inmueble y que en ese momento ni siquiera tenía llaves del portal”, se puede leer en un escrito fechado el 11 de enero de 2022.

No es la única queja expresada por los abogados sobre la actuación de este equipo de investigación. Sobre la mesa de Santiago Pedraz también hay algún escrito, como el que tiene fecha del 25 de marzo de 2022, en el que una letrada se queja de “las calificaciones que la Guardia Civil hace de sus peticiones considerándola “asombrosa, absurda e irrisoria”. “Este tipo de manifestaciones están empezando a ser una tónica en el tono y el lenguaje utilizado por la unidad actuante”, asegura.

El Tribunal Supremo absolvió recientemente a varias personas condenadas a penas que sumaban más de 20 años de prisión porque los guardias civiles habían utilizado diversos medios sin autorización judicial, vulnerando los derechos fundamentales de los detenidos. En este caso, la defensa de alguno de los investigados ha solicitado que las conclusiones del equipo policial no sean tenidas en cuenta como prueba. Varias de las representaciones pusieron en duda la credibilidad de los informes de la Guardia Civil durante las primeras fases de la instrucción y consideran incomprensible que se hayan asumido en la causa.

La Guardia Civil asegura que no tienen conocimiento de ninguna actuación irregular por parte de miembros del cuerpo. Si alguien tiene pruebas, añaden, debe acudir a un juzgado y denunciar. “No nos consta nada de ese tipo y, por tanto, no hay ninguna investigación abierta”, concluyen.

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Si desea aportar alguna información adicional sobre este caso, puede escribir a investigacion@economistjurist.es