El Gobierno destina 180 millones para abaratar el alquiler: quién recibirá las ayudas y qué cubren

Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias, las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, recibirán 180 millones de euros del Estado para ampliar la oferta de vivienda asequible y reducir el precio del alquiler. El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el real decreto que regula la concesión directa de estas subvenciones. En la misma reunión dio luz verde a un segundo real decreto, dotado con 45 millones, para impulsar alojamientos universitarios asequibles en 2026.

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«Son dos medidas que van dirigidas a promover vivienda asequible donde más falta hace y para quienes más lo necesitan», afirmó la ministra, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior.

Cataluña concentra dos tercios del dinero

Las ayudas alcanzan a 317 municipios, donde residen más de 9 millones de personas. El Ministerio explica que el reparto se hizo con criterios objetivos: la población residente y el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo. Estas son las cuantías:

• Cataluña (271 municipios): 119,4 millones de euros.
• Euskadi (18 municipios): 31 millones.
• Navarra (21 municipios): 13,3 millones.
• Galicia (A Coruña y Santiago): 10,2 millones.
• Asturias (5 municipios): 5,9 millones.

Cataluña, el territorio con más zonas tensionadas declaradas, se queda con algo más del 66% del total.

(Imagen: E&J)

Qué podrán financiar las comunidades

Según el Ministerio, las subvenciones, previstas en el artículo 18 de la ley por el derecho a la vivienda, servirán para desarrollar los planes específicos que diseñen las comunidades para corregir los desequilibrios que dificultan el acceso a una vivienda.

Entre los posibles destinos figuran la promoción y rehabilitación de viviendas para alquiler social o asequible, la adquisición de suelo para construir, su desarrollo y urbanización, y la compra de viviendas del mercado libre para incorporarlas al parque público. Las ayudas también podrán destinarse a soluciones habitacionales alternativas y a la cobertura de avales o seguros para jóvenes. La nota del Ministerio incluye, además, la cobertura por impago de renta en los contratos de alquiler.

El encaje con la Ley de Vivienda

La ministra defendió que el real decreto cumple con la Ley de Vivienda. Esta norma exige a las comunidades autónomas, que son las competentes, elaborar un plan de acción cuando declaran zonas tensionadas, e interpela a la Administración General del Estado para que adopte medidas extraordinarias.

Rodríguez recordó que el Ministerio ya ha dado pasos en esa línea con el Plan Estatal de Vivienda, que permite a las administraciones públicas cubrir hasta el 80% del coste de adquisición de una vivienda ya construida para destinarla a alquiler asequible. Según La Moncloa, el nuevo decreto concede subvenciones directas para que las comunidades aborden planes estratégicos en la línea que sigue el Ministerio.

(Imagen: E&J)

2.000 plazas para universitarios

El segundo real decreto destina 45 millones a construir alojamientos para estudiantes y personal docente e investigador de las universidades públicas. Permitirá crear unas 2.000 plazas en una primera fase, en proyectos repartidos entre Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Cataluña, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.

Entre los proyectos figuran los de la Universidad Autónoma de Madrid, que recibe la mayor partida (13,3 millones), la de Castilla-La Mancha en Albacete (8,1), la Pablo de Olavide de Sevilla (6,5), la de Burgos (5,9), la Jaume I de Castelló (4,5), la de Jaén (3,5) y Lleida (2,9).

Rodríguez señaló que hay jóvenes que renuncian a estudiar en la universidad que quieren porque el precio de la vivienda se lo impide. Añadió que el Ejecutivo ha ido «mucho más allá de lo que le corresponde» y confió en que el proyecto «sea inspirador para las administraciones competentes».

Qué falta por conocer

Ni la nota del Ministerio ni la de La Moncloa detallan cuándo se publicarán los textos en el BOE, qué trámites deberán cumplir las comunidades para recibir los fondos ni cómo se justificará su destino. Tampoco precisan cómo funcionará la cobertura por impago de renta, un aspecto que interesa a arrendadores, inquilinos y a quienes los asesoran y que dependerá del texto final del decreto.