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Sumar se querella contra el CGPJ y su presidente considera que es una maniobra política que incrementa la tensión

Los expertos consultados creen que la querella no será admitida a trámite por el Supremo

Vicente Guilarte, presidente en funciones del CGPJ (Imagen: Poder judicial)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico







Tiempo de lectura: 8 min

Publicado




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Sumar se querella contra el CGPJ y su presidente considera que es una maniobra política que incrementa la tensión

Los expertos consultados creen que la querella no será admitida a trámite por el Supremo

Vicente Guilarte, presidente en funciones del CGPJ (Imagen: Poder judicial)



Sorpresa e incredulidad ha sido la primera reacción de los operadores jurídicos ante la querella de 27 paginas presentada esta mañana en el registro del Tribunal Supremo por el diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago. A su juicio, el CGPJ se ha extralimitado en sus funciones con comentarios que han incendiado la sociedad y generado un movimiento de repulsa generalizado.

Los juristas consultados lo ven como una «nueva falta de respeto a la división de poderes, que es la esencia de las democracias liberales, y que se superpone a otra que se manifiesta en el contenido de la Ley de Amnistía». No creen que vaya a tener recorrido porque parece previsible que el Tribunal Supremo no la admita a trámite.



El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha lamentado la querella presentada la mañana de este viernes por Sumar contra él y los demás vocales conservadores que aprobaron la declaración institucional contra la amnistía, al considerar que es una «maniobra política» que solo contribuye a «seguir generando tensión» en un momento en el que se busca la «pacificación» para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

«Yo creo que esta no es la manera. Estamos intentando bajar la tensión y esto no hace más que aumentarla», ha dicho en declaraciones a la prensa desde un desayuno informativo de Fórum Europa protagonizado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y celebrado en el Casino de Madrid.



Así, interpretaba este movimiento como «una maniobra política que no tiene mucho sentido» en un contexto donde se está intentando «buscar fórmulas de pacificación, de renovación y de consenso». A su juicio, aunque «estas actitudes no van a ningún sitio», ha destacado que «es un poco lo que han hecho desde el otro lado: poner querellas señalando». «No me gusta», ha zanjado.



Por otro lado, interrogado sobre la reunión que ha mantenido este viernes con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguraba que acude a esta «primera toma de contacto» con un ánimo «insuperable», pues entiende que «empezamos de cero» para lograr la renovación del CGPJ, a punto de cumplir cinco años caducado.

En este sentido, Guilarte ha confiado en que haya un nuevo CGPJ, ya no en esta legislatura que arranca, sino «en este año», incluso en el marco de la tramitación parlamentaria de la Ley de amnistía.

Una querella contra el CGPJ

Sumar ha presentado hoy ante el Supremo una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y contra los nueve vocales conservadores -los cuales hace unas semanas presentaron una declaración contra la amnistía- por un supuesto delito de prevaricación.

La formación de Yolanda Díaz, que públicamente ha señalado la necesidad de resolver muchos de los asuntos desde el diálogo, considera en esta ocasión que esos vocales del CGPJ se excedieron de sus funciones cuando convocaron, el pasado 6 de noviembre, un pleno extraordinario en el que aprobaron una declaración institucional contra la Ley de amnistía, cuando ni siquiera se había registrado ni se conocía el contenido de la misma.

Sumar ha señalado en su querella que tanto Guilarte como los vocales Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, actuaron con falta de rigor jurídico y se posicionaron a favor del PP. Critica además que con su declaración «ilegal, arbitraria e irresponsable» contribuyeron a una mayor crispación social.

Edificio del Tribunal Supremo y CGPJ (Imagen: Economist & Juris)

«El acuerdo objeto de la presente querella, dirigido a una disposición legal que ni siquiera existía en el momento de su adopción (y cuyo texto y forma de tramitación elegida, por tanto, no se conocían), descalifica e imputa conductas gravísimas al Presidente del Gobierno en funciones, que consideramos podrían ser calificadas como desconsideración entre instituciones, contradiciendo lo que el C.G.P.J. exige en sus resoluciones previas respecto del Poder Judicial, e incluye afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo -como han explicitado un miembro del mismo órgano y su propio presidente en funciones-, en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo», señala la querella.

Consideran que el pleno fue convocado «al margen de las previsiones legales y con un objeto que excede de las facultades del C.G.P.J» y que los propios convocantes lo asumen: «en el propio acuerdo reconocen tanto su manifiesta falta de competencia para emitir la resolución administrativa que constituye el acuerdo, como su deliberada voluntad de eludirla».

Además, según se expone en la querella presentada por el partido liderado por Yolanda Díaz, se arroga la función de intérprete de la Constitución, que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. Y además, consideran que deslegitimaron la vía de la proposición de ley porque no les permitía expresar su posicionamiento, cosa que finalmente hicieron por vías no establecidas para ello.

«La actuación de los vocales querellados resulta, por tanto, ilegal, arbitraria y -dicho sea con el debido respeto- irresponsable, al trasladar a la ciudadanía un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social, máxime cuando se le dota de carácter institucional. Todo ello nos lleva a interponer la presente querella», por un presunto delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

«El hecho de que los querellados ni siquiera esperaran a que la ley de amnistía fuera, en su caso, presentada al Congreso, evidencia aún más, si cabe, que actúan con dolo: no pueden desconocer que el art. 561.1.8ª L.O.P.J. en ningún caso les autoriza a pronunciarse como órgano emitiendo un acuerdo con la naturaleza jurídica de la que lo revisten, acerca de disposiciones legales ni siquiera redactadas. Sus invocaciones a la independencia judicial y al art. 53 C.E. desconocen que el Consejo es uno de los órganos vinculados por este precepto y al principio de separación de poderes que han infringido con su actuación, sobrepasando sus competencias e invadiendo competencias ajenas, precisamente para cuestionar supuestas vulneraciones del tan invocado principio de separación de poderes constitucional», se afirma en la querella. 

«Atenta contra la división de poderes»

Para Edmundo Bal, abogado del Estado y exportavoz de Ciudadanos, este movimiento es peligroso. “Me parece increíble. Está pasando como si fuera un asunto menor esta mañana y no creo que en los países democráticos de nuestro entorno haya pasado nunca esto: que el Gobierno de un país le ponga una querella al Poder Judicial. Porque no es como dice Bolaños: «una cosa de otro partido político», es de un partido político que forma parte del Gobierno», ha puntualizado.

Desde su punto de vista, «es un atentado a la división de poderes». En cuanto al fondo, se pregunta por qué se cuestiona la legitimación del CGPJ sobre su pronunciamiento sobre la Ley de amnistía cuando éste debe velar por la independencia judicial para repudiar la Ley de Amnistía que atenta contra ella. «De suerte que los jueces están maniatados y deben sin más aplicar el efecto del perdón sin poder interpretar nada”, ha criticado Bal.

Edmundo Bal, exportavoz de Ciudadanos, ahora en la abogacÍa del Estado considera que es una maniobra que atenta contra la división de poderes (Imagen: E&J)

Desde fuentes judiciales, se insiste en que este es el primer paso para «una campaña de desprestigio del CGPJ por su no renovación». Curiosamente, el CGPJ y los vocales no tienen responsabilidad en eso. Ese es un tema de los políticos que no han llegado a un acuerdo y los vocales no son responsables.

Dentro de esa campaña, se cree también que en los próximos meses se seguirán oyendo voces desde Sumar sobre la deslegitimación del CGPJ actual, en donde van a insistir de forma notable los miembros del propio Consejo. No tienen capacidad para decidir porque ya llevan cinco años con el mandato caducado, pero lo tienen que arreglar los políticos que son los que le imputan ese extremo.

De las asociaciones judiciales tres guardan silencio públicamente aunque no esconden su malestar por esta iniciativa. Por su parte, la Asociacion de Jueces Francisco de Vitoria, a través de su portavoz Sergio Oliva que recordaba que el CGPJ es un órgano colegiado que se expresa a través del Pleno, como ocurrió en esta declaración y que muchas instituciones han realizado declaraciones contra la proposición de  ley de amnistía por su posible inconstitucionalidad y choque contra la separación de poderes, pero al parecer solo se presenta querella contra el órgano encargado de proteger la independencia judicial.

A su juicio, “ la convocatoria que hizo el CGPJ es un acto de trámite y el acuerdo no tiene contenido decisorio ni para los administrados ni para la colectividad. Por lo tanto, según la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo no hay prevaricación. Todo ello sin perjuicio, como no puede ser de otra manera, de lo que pueda decidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el ejercicio de sus atribuiciones”

Tambien reconoce que el CGPJ es un órgano paralizado por la inactividad de las Cortes Generales, entre cuyos grupos parlamentarios se encuentra el querellante. Las Cortes Generales llevan cinco años sin cumplir con su mandato constitucional de renovarlo y sin reformarlo conforme a las exigencias europeas para que 12 de sus miembros que deben ser jueces sean elegidos por los jueces. Por último, este magistrado hace un llamamiento a a respetar el Estado de Derecho y a reducir este clima de tensión y de arrastrar a la sociedad a los extremos

Desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), su secretario general, el magistrado Jesús Villegas, señala que “la querella presentada contra los vocales del CGPJ carece de fundamento  al dirigirse contra una actuación legitima de dicho órgano”. A su juicio, “trasluce una ignorancia de los principios que rigen la separación de poderes, por lo que, con toda probabilidad será inadmitida de plano”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado en un tuit la querella que Sumar ha anunciado contra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial en funciones por aprobar una declaración contra la amnistía. “Quieren una Justicia a su servicio”, ha asegurado la número dos de Alberto Núñez Feijóo.

Gamarra también ha defendido a “los magistrados del CGPJ” (en realidad son vocales), y ha señalado que “les denuncian por defender la democracia”. Ayer mismo, el PP pidió desde el Senado que el CGPJ emitiera un dictamen formal sobre la Ley de amnistía, pese a que la proposición ni siquiera ha sido tomada en consideración aún por el Congreso.

El CGPJ, contra la amnistía

Pleno del CGPJ. (Foto: CGPJ)

En esa declaración, el CGPJ acusó a Pedro Sánchez de «confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno». A su juicio, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la «abolición» del Estado de Derecho.

«El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», indicaba el texto.

Guilarte convocó ese pleno el 6 de noviembre con la declaración institucional como único punto del orden del día. La votación salió adelante por nueve votos a cinco: con los votos a favor de los ocho vocales del núcleo duro del sector conservador que forzaron la convocatoria del pleno y del conservador Wenceslao Olea, que no había firmado la petición.

El presidente interino, Vicente Guilarte, votó en blanco y los cinco progresistas que asistieron rechazaron el texto. El vocal Álvaro Cuesta, elegido en su día a propuesta del PSOE, cumplió su órdago y se ausentó de una convocatoria que consideraba “improcedente e ilegal” y donde, a su juicio, se debatió lo que considera un “panfleto político”.

Los vocales elegidos a propuesta del PP consiguieron que la institución más importante del tercer poder del Estado hiciera un severo pronunciamiento contra la despenalización del procés que en ese momento negociaban el PSOE y los partidos independentistas. La declaración no tuvo ningún efecto práctico, pero sí un innegable eco mediático.

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