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Una teniente de la Guardia Civil reconoce que tenía todos los datos en su poder antes de la emisión de la OEI

"A nosotros, a nivel policial nos facilitan la información antes de que llegue al juzgado, para ver si hay algo de interés antes de solicitar la OEI", explica la teniente

Audiencia Nacional. (Imagen: E&J)

Pablo Montes

Periodista




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Una teniente de la Guardia Civil reconoce que tenía todos los datos en su poder antes de la emisión de la OEI

"A nosotros, a nivel policial nos facilitan la información antes de que llegue al juzgado, para ver si hay algo de interés antes de solicitar la OEI", explica la teniente

Audiencia Nacional. (Imagen: E&J)



Una teniente de una unidad del equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil (EDOA) en Andalucía ha reconocido ante el juez haber obtenido la información procedente de la intervención de los servidores del sistema de comunicación encriptada de la aplicación Sky ECC antes de que se emitiese la Orden Europea de Investigación a las autoridades de Francia, donde se produjo esa captación de datos.



Según ha detallado la teniente durante su declaración como testigo en el marco de una causa sobre criminalidad organizada y tráfico de drogas que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la información se remitió desde Europol a la unidad técnica de la policía judicial (UTPJ) y de ahí se derivaba a su unidad, en la provincia de Cádiz. Algunas veces pasaba previamente por otro equipo situado en Sevilla.

La localización de las personas, el contenido de los mensajes y toda la información manejada por la Guardia Civil tras ser enviada oficialmente como respuesta a la orden europea de investigación ya se encontraba previamente en su poder, según ha declarado. Esto es lo quevienen señalando desde hace meses las defensas en múltiples casos, en los que sus clientes se han visto afectados por la interceptación de estas comunicaciones. “A nosotros, a nivel policial nos facilitan la información antes de que llegue al juzgado, para ver si hay algo de interés antes de solicitar la OEI”, manifiesta la testigo en el acto a cuyo contenido ha tenido acceso Economist & Jurist.



Esta unidad no tiene acceso a todo el contenido intervenido sino a “aquello que nosotros solicitamos por ser de interés para la investigación». Se trata de peticiones que se hacen “por escrito”, afirma. A preguntas de una de las letradas que interviene en la toma de declaración, la teniente explica que una de las órdenes europeas de investigación emitidas sobre un dispositivo se amplió tras recibir informaciones de las que no disponían previamente. ¿Quién le informó de esa ampliación?, pregunta la abogada. “Eso a nivel Guardia Civil se informó genérico”, responde la teniente, que afirma que la solicitud por la que le preguntan se hace tras una incautación de droga y que sin la prueba obtenida de las intervenciones de comunicación habrían identificado igualmente a todos los investigados.



Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)

La UCO no estuvo en la videoconferencia organizada por Eurojust

En otra causa, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 1, en un oficio remitido por la Guardia Civil tras un requerimiento judicial para que, a solicitud de las defensas, se entregase una copia del acta levantada con ocasión de la participación de la UCO en una «videoconferencia organizada por Eurojust el 20 de abril de 2021» (aunque realmente la reunión fue el 9 de abril) sobre Sky ECC y Encrochat, con presencia de autoridades francesas, holandesas y británicas, se responde que “no consta la participación de ningún miembro de esa unidad” en dicha reunión. Esta es una de las cuestiones solicitadas en varios procedimientos, que la Audiencia Nacional admitió en el caso dirigido por la letrada Paloma García Sánchez.

En el auto adelantado por este medio en que la Sección tercera de la Sala de lo Penal admitía las diligencias, también se preguntaba a la Guardia Civil por la información de la que disponían de forma previa a la recepción de las grabaciones en virtud de la OEI. “Se informa que por parte de esta Unidad no consta la recepción de información por parte de las autoridades francesas previamente a la obtención de las grabaciones contenidas en el disco duro entregado por la Gendarmería Francesa, más allá de la inteligencia policial transmitida por Europol, a través de la Unidad Nacional de Europol (UNE) de España, tanto a España como a terceros países, o de las recibidas a través de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional en el marco de las Diligencias de Investigación nº 16/2020”, se puede leer en ese oficio firmado por un capitán el pasado 21 de noviembre, al que ha tenido acceso este medio.

Sky ECC es una aplicación de información encriptada que, como EncroChat, era usada por, aunque no solo, personas dedicadas a la comisión de delitos para garantizar la seguridad de sus comunicaciones. Un equipo conjunto de investigación policial, con agentes de Francia, Holanda y Reino Unido intervino los servidores de estos sistemas, primero el de EncroChat, después el de Sky. Allí encontraron una cantidad ingente de datos que fue distribuida a los cuerpos y fuerzas de seguridad de distintos países y que ha servido para incriminar a cientos de personas solo en España. Los abogados de los investigados sostienen desde un primer momento que la prueba es nula pues ha sido obtenida violentando derechos fundamentales y de una forma prospectiva, inspeccionando conversaciones en busca de elementos incriminatorios.

La Abogada General del TJUE, Tamara Capeta, se pronunció hace un mes, en el caso de EncroChat y respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal de Berlín, señalando que el fiscal es competente para emitir la OEI, si su derecho interno lo permite y dejó en manos de los tribunales nacionales el análisis de otros tantos elementos cuestionados por los letrados. «Queda claro que la respuesta no sólo genera confusión, sino que elude delimitar el alcance de la gravedad de la injerencia y la dimensión del interés público justificante, dejando esta delicada cuestión en manos de la decisión final del TJUE», manifestaron los letrados de la defensa de múltiples casos, dentro y fuera de España, en un escrito conjunto en Economist & Jurist coordinado por el abogado Ricardo Álvarez Ossorio.

Para los abogados de distintas causas consultados por este medio, el contenido de esta declaración no resulta sorprendente; lo que les desconcierta es la forma en que una miembro de la Guardia Civil reconoce que tenían todos los elementos de forma previa a que fueran formalmente recibidos tras la emisión de la OEI. «Parece que lo han normalizado, que lo tienen asumido como práctica regular», comentan. Desde la Guardia Civil prefieren no hacer ningún comentario sobre declaraciones en sede judicial de ningún miembro del cuerpo.

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