Aspectos jurídicos de una intervención de la OTAN ante un ataque nuclear ruso a Ucrania

El pasado 21 de septiembre, en un mensaje a la nación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que “si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. No es un farol”. Esto ha sido interpretado como una amenaza directa a Occidente de usar armamento nuclear si el territorio ruso -en este caso las provincias de Ucrania que pretende anexionarse después de un referéndum ilegal- es atacado.

Esta no es la primera vez que Putin amenaza con usar armas nucleares. Desde que comenzó la invasión de Ucrania ha recordado que “nuestro país tiene diferentes tipos de armas (nucleares) también y algunas más modernas que las de la OTAN” o que “Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares dos veces. Ellos crearon un precedente”.

Sin embargo, dado que las tropas rusas están teniendo graves problemas en Ucrania y que están perdiendo buena parte del territorio conquistado en esta guerra, la última amenaza del siempre imprevisible Putin parece haber sido tomada más en serio que las anteriores.

Sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves por la noche que “por primera vez desde la Crisis de los Misiles de Cuba, tenemos una amenaza directa del uso del arma nuclear si las cosas continúan por el camino que van», sostuvo el presidente estadounidense en un evento de recaudación de fondos organizado por el Partido Demócrata en el estado de Nueva York. «No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón», apuntó el mandatario.

Al margen de cuestiones militares, movimientos estratégicos de tropas o posibles respuestas a un ataque nuclear en territorio ucraniano, cabe preguntarse qué soporte jurídico podría tener esa hipotética contestación armada por parte de la OTAN o de otros actores internacionales.

Desde el punto de Naciones Unidas podría plantearse una resolución de condena por parte del Consejo de Seguridad, o incluso proponerse la creación de una coalición internacional como la que expulsó a las tropas de Sadam Hussein de Kuwait en 1991. Pero, al margen de otras consideraciones, el hecho de que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tenga derecho a veto, hace que esto sea imposible.

Las tropas rusas están sufriendo muchas pérdidas en Ucrania. (Foto: RTVE)

Cosa distinta es una hipotética respuesta armada de la OTAN. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dice: “Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas”.

Cabe recordar que Ucrania no es un país miembro de la OTAN, por lo que no sería aplicable el artículo 5. Esto, sin embargo, no es óbice para que la OTAN haya intervenido en conflictos en países no miembros.

Solo se ha activado este artículo una vez en la historia de la OTAN: tras los ataques talibanes del 11 de septiembre. Al margen de la ayuda de inteligencia en la lucha contra el terrorismo internacional, la organización militar terminó interviniendo militarmente en Afganistán. Hay que señalar que esta intervención como organización se produjo bajo el paraguas de la ONU.

Naciones Unidas puso en marcha la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, una misión de seguridad multinacional en Afganistán que participó en la guerra (2001-2014) contra los grupos insurgentes de Afganistán. La misión de la ISAF se estableció el 20 de diciembre de 2001 mediante la Resolución 1386 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde el 11 de agosto de 2003 la misión fue liderada por la OTAN. El objetivo de la ISAF era permitir al Gobierno afgano proporcionar una seguridad efectiva en todo el país y desarrollar unas fuerzas de seguridad propias.

Como ya se ha señalado, a día de hoy parece impensable que Naciones Unidas creara una fuerza similar para intervenir en Rusia, y menos liderada por la OTAN. Eso no quiere decir que la OTAN no intervendría contra Rusia si considerara que se ve obligada a ello. Existe el antecedente de Kosovo.

Entre el 24 de marzo y el 11 de junio de 1999 la OTAN realizó la conocida como Operación Fuerza Aliada, que supuso el bombardeo de Yugoslavia por parte de la aviación de la Alianza durante la guerra de Kosovo. El argumento utilizado fue que era necesario parar las matanzas de la población kosovar, que se había levantado para independizarse de Yugoslavia. Sin embargo, la guerra contra Yugoslavia fue iniciada unilateralmente por la OTAN, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sede de la OTAN en Bruselas. (Foto: OTAN)

En este sentido, algunos analistas internacionales vincularon entonces la intervención en Kosovo con lo que consideraban “un nuevo factor en el orden internacional: el Nuevo Concepto Estratégico de la organización”, adoptado en la cumbre celebrada en Washington con motivo de su 50 aniversario, el 23 y 24 de abril de 1999.

Según ha señalado la profesora Consuelo Ramón, catedrática de Derecho internacional de la Universidad de Valencia en un análisis sobre la Alianza en esos años, “esa cumbre, en efecto, puede pasar a la historia como el momento en que los 19 Estados que integran actualmente la Alianza Atlántica decidieron asumir nuevas funciones o, por decirlo con más claridad, un papel protagonista en la esfera internacional e incluso en su Derecho”.

Según el entonces secretario general, Javier Solana, se trataba de “acometer el objetivo de hacer posible una organización a la altura de los desafíos del siglo XXI y por eso resultaba necesario acordar las propuestas que garantizaran a la Alianza «las capacidades políticas y militares necesarias para abordar de manera adecuada y efectiva este reto». Este nuevo modelo “ha tenido repercusión en las relaciones entre la OTAN y la ONU y aun en el propio Derecho Internacional”, tal como destacaba Consuelo Ramón en su análisis.

Esto ha quedado patente en 2011, cuando la OTAN se hizo cargo de las operaciones militares en Libia solo 12 días después del inicio de la intervención internacional bajo mando estadounidense primero, y de una coalición internacional después. El relevo vino obligado por la incapacidad de los miembros de la coalición para relevar a EE.UU.

La cumbre celebrada por la OTAN en Madrid el pasado mes de junio aprobó un nuevo concepto estratégico que pretende dar respuestas al “desajuste” estratégico que vive la organización desde el final de la Guerra Fría y la desaparición de la URSS.

Volviendo a la cuestión sobre la base legal de una intervención de la OTAN tras un ataque nuclear contra Ucrania, aunque no forme parte de la Alianza Atlántica es una Estado soberano sometido a una agresión. Cualquier país o grupo de países podría acudir en su ayuda. Sin embargo, debería ampararse legalmente en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.