El 50% de los ingresos de la UCI son motoristas y ciclistas cuando estos no representan ni el 10% del parque de vehículos: consecuencias jurídicas
¿Preocuparse por la vida sana tiene sentido cuando circulamos en bicicleta o moto?
(Imagen: E&J)
El 50% de los ingresos de la UCI son motoristas y ciclistas cuando estos no representan ni el 10% del parque de vehículos: consecuencias jurídicas
¿Preocuparse por la vida sana tiene sentido cuando circulamos en bicicleta o moto?
(Imagen: E&J)
Los datos del Registro RETRAUCI muestran un cambio radical en la siniestralidad vial: motos, bicicletas y patinetes eléctricos ya representan la mitad de los ingresos en UCI por accidente de tráfico. El fenómeno plantea nuevos retos para la responsabilidad civil, el aseguramiento y las políticas públicas de seguridad vial.
La transformación de la movilidad urbana empieza a tener un reflejo evidente en los hospitales y, previsiblemente, también lo tendrá en los tribunales. El último informe del Registro RETRAUCI, elaborado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), revela que motocicletas, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), entre ellos los patinetes eléctricos, representan ya el 50% de los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por accidentes de tráfico.
El dato supone un cambio de paradigma respecto a hace apenas una década. Si en 2015 el automóvil protagonizaba la mayor parte de los accidentes con lesiones graves que requerían ingreso en UCI, hoy la motocicleta concentra por sí sola el 32,5% de estos casos, mientras que el coche ha descendido hasta el 26%. La bicicleta representa el 13,2% y los patinetes eléctricos ya alcanzan el 4% del total de ingresos graves.
Un cambio de movilidad con consecuencias jurídicas
Más allá de la dimensión sanitaria, la evolución refleja un profundo cambio en los patrones de movilidad de las ciudades españolas. El crecimiento del uso de motocicletas como alternativa al automóvil, el auge del ciclismo urbano y la expansión de los vehículos de movilidad personal han incrementado la exposición de usuarios especialmente vulnerables.
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Desde el punto de vista jurídico, ello implica un aumento potencial de litigios relacionados con la responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación, reclamaciones por daños personales y controversias sobre la cobertura aseguradora.
Los usuarios de motocicletas, bicicletas y patinetes presentan una menor protección física frente al impacto, lo que incrementa la gravedad de las lesiones y, por tanto, puede incrementar el importe de las indemnizaciones calculadas conforme al sistema de valoración de daños personales previsto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
(Imagen: E&J)
El reto pendiente de los patinetes eléctricos
Aunque los patinetes representan todavía un porcentaje reducido de los ingresos graves (4%), su incorporación al registro confirma que ya forman parte de la siniestralidad de alta gravedad.
El legislador ha ido endureciendo progresivamente su regulación. A ello se suma la reciente reforma del Reglamento General de Circulación, que fija en 15 años la edad mínima para conducir vehículos de movilidad personal, dentro de una estrategia orientada a reforzar la seguridad vial de estos usuarios. No obstante, continúan abiertos importantes debates jurídicos, como la eventual implantación de un seguro obligatorio para determinados VMP, el incremento de las obligaciones de formación de sus conductores, la delimitación de responsabilidades entre el usuario, el fabricante y la Administración titular de la vía, así como la adaptación del régimen sancionador a una realidad de movilidad cada vez más compleja y en constante evolución.
Responsabilidad patrimonial de la Administración
El aumento de accidentes protagonizados por usuarios vulnerables también puede incrementar las reclamaciones por responsabilidad patrimonial frente a las administraciones públicas.
En numerosos procedimientos judiciales la controversia gira en torno al estado de conservación de la vía, la señalización, la existencia de obstáculos, defectos del pavimento o la ausencia de medidas de protección específicas para motociclistas y ciclistas.
La expansión de carriles bici, plataformas reservadas y nuevas infraestructuras para movilidad sostenible exigirá previsiblemente una mayor diligencia por parte de las administraciones en el mantenimiento de estas vías, especialmente cuando una deficiencia pueda guardar relación causal con lesiones de extrema gravedad.
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Un nuevo escenario para las aseguradoras
El cambio del parque de movilidad también obliga a replantear el mercado asegurador.
Mientras la responsabilidad derivada de los vehículos a motor dispone de un marco normativo consolidado, la proliferación de bicicletas eléctricas y patinetes continúa generando importantes diferencias en materia de aseguramiento, cobertura de responsabilidad civil y protección de las víctimas.
La elevada gravedad de las lesiones que refleja RETRAUCI convierte esta cuestión en un asunto de interés no solo sanitario, sino también económico y jurídico, al aumentar el coste medio de las reclamaciones y la complejidad de la gestión de los siniestros.
La prevención, también una cuestión jurídica
Los especialistas de la SEMICYUC subrayan que los datos evidencian la creciente vulnerabilidad de motoristas, ciclistas y usuarios de patinetes en caso de accidente.
La respuesta no pasa únicamente por mejorar la asistencia sanitaria, sino por reforzar las políticas preventivas, actualizar el marco normativo y adaptar la infraestructura urbana a un modelo de movilidad donde los usuarios más expuestos ya no son una excepción, sino una parte esencial del tráfico diario.
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En este contexto, la evolución de la siniestralidad obliga a preguntarse si el Derecho de la circulación, la normativa sobre seguros y las políticas públicas avanzan al mismo ritmo que lo hace la transformación de la movilidad en las ciudades españolas. Los datos de RETRAUCI también reflejan una mejora en la atención al paciente politraumatizado. Aunque los atropellos han aumentado ligeramente como causa de ingreso en UCI, del 16,1 % en 2015 al 17,4 % en la actualidad, la evolución clínica muestra un descenso de los traumatismos craneoencefálicos graves y una elevada supervivencia. La mitad de los pacientes reciben el alta de la UCI y son trasladados a planta en los cuatro primeros días, unos resultados que «avalan la calidad de la asistencia en las UCI como unidades de diagnóstico y soporte». En la misma línea, el doctor Jesús Barea coordinador nacional del registro RETRAUCI e intensivista en el Hospital Universitario 12 de Octubre destaca que la implantación de estrategias avanzadas de control de daños ha permitido reducir las complicaciones, situando la tasa de supervivencia en un 89,9 % en 2025, un dato que califica de «excelente».
Desde la perspectiva jurídica, esta mejora asistencial no implica necesariamente una menor litigiosidad. Al contrario, una mayor supervivencia supone también un mayor número de víctimas con secuelas permanentes, lo que incrementa la relevancia de la valoración del daño corporal, las reclamaciones indemnizatorias y los procedimientos de responsabilidad civil.
