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Artículos

El castellano pierde terreno en las Comunidades Autónomas

"La nueva norma suponía la abolición de las líneas de enseñanza en castellano"

Menores portando "la estelada", bandera creada por Vicenç Albert, inspirada en las enseñas de Cuba y Puerto Rico (Foto: Google)

Redactor de Economist & Jurist

Tiempo de lectura: 6 min



Artículos

El castellano pierde terreno en las Comunidades Autónomas

"La nueva norma suponía la abolición de las líneas de enseñanza en castellano"

Menores portando "la estelada", bandera creada por Vicenç Albert, inspirada en las enseñas de Cuba y Puerto Rico (Foto: Google)



La utilización de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas que tienen un idioma propio ha sido siempre motivo de controversia. En no pocas ocasiones son utilizadas como arma política, producto de mercadeo o directamente como elemento para enfrentar a la ciudadanía de un territorio determinado o, incluso, para discriminar a quien no hable una lengua.

Antes de intentar recorrer el camino seguido por las lenguas cooficiales y cómo en algunas autonomías se intenta apartar el castellano en detrimento de los idiomas propios, parece razonable empezar por el principio y por lo que es la base del marco de convivencia en España: la Constitución.



La Carta Magna, en su artículo 3, establece que:

  1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
  3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Aunque este artículo delimita con caridad la cuestión de las lenguas cooficiales, la interpretación que se ha hecho del mismo ha encendido la mecha de la discusión. El hecho de que las lenguas propias de un territorio pudieran ser cooficiales, junto con que hay que respetar y proteger estas lenguas ha llevado al legislador autonómico a incluir en las leyes la preeminencia de la lengua propia sobre el castellano.

Estas disquisiciones no son nuevas y aparecen incluso cuando se estaba redactando la Constitución. Según un análisis realizado el letrado de las Cortes Manuel Delgado-Iribarren, por lo que respecta al Artículo 3 los debates se centraron en la obligatoriedad del conocimiento de las lenguas, sobre todo por parte de los grupos nacionalistas. “La Minoría Catalana del Congreso, por medio del Sr. Trías Fargas, defendió una enmienda (la 105) en que, además de establecer que todas las lenguas nacionales serán oficiales en sus respectivos territorios, indica que el castellano será la lengua oficial de los órganos del Estado, sin perjuicio de que los Estatutos puedan establecer el carácter oficial exclusivo, en un territorio autónomo, de una lengua distinta del castellano; y, en la 106 establecía el deber de conocer estas otras lenguas en los territorios respectivos”. Por otra parte, “el Grupo del PNV se limitó a solicitar la supresión del deber de conocer ninguna de las lenguas. Todas estas enmiendas fueron rechazadas por la Comisión y después por el Pleno del Congreso”.

Manuel Delgado-Iribarren, letrado de las Cortes (Foto: UNED)

Los Estatutos de Autonomía que se fueron aprobando establecieron las lenguas oficiales en sus territorios. En todos los casos, la redacción de los primeros Estatutos de Autonomía llevaba implícito el reconocimiento de la cooficialidad del castellano y de la lengua propia. Sin embargo, esto cambió desde el momento en que se fue aprobando la normativa que desarrollaba estos Estatutos en lo que se refiere al uso de las lenguas.

Aunque ha existido controversia con los desarrollos legislativos de varias Autonomías, buena parte de los choques se han producido por el trato que se da al castellano en Cataluña, sobre todo desde que se aprobó la Ley de Normalización Lingüística en 1983. El modelo de enseñanza de las lenguas establecido por esta norma no se desarrolló de manera efectiva hasta 1993, después de que se aprobara una reforma de la enseñanza.

La nueva normativa establecía que las escuelas tenían que elaborar un proyecto lingüístico que defina el momento y la forma de la introducción del castellano.

La aplicación de la reforma en Cataluña se hizo de acuerdo con la LOGSE, que afectaba a la totalidad del territorio español, suponía diversas modificaciones en el funcionamiento de los centros de enseñanza. Una de ellas era la obligatoriedad de elaborar un diseño curricular propio del centro, ajustado a las necesidades del alumnado y del entorno. En él se incluye, en el caso de Cataluña, un proyecto lingüístico que debía recoger la normativa vigente que establece que la lengua vehicular de los centros será «normalmente» el catalán. En realidad, la nueva norma suponía la abolición de las líneas de enseñanza en castellano, lengua que, en términos generales, quedaba limitada al área de lengua y literatura castellanas, con los refuerzos que el proyecto lingüístico de cada centro considerara necesario.

Esto chocaba con lo que estipula la Ley de Normalización Lingüística catalana en tanto que establece que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, y precisa que la Administración debe garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo.

Sin embargo, la Generalitat defendía que garantizar este derecho «no supone que deban organizarse líneas en lengua castellana, ya que existen diversas fórmulas para atender a los alumnos cuyos padres soliciten la primera atención en lengua castellana». En este sentido, la entonces directora general de Ordenación Educativa, María de los Ángeles González, afirmaba que no se puede «identificar el respeto a los derechos individuales de los alumnos con el mantenimiento de líneas castellanas que, en general, no garantizan un suficiente dominio de la lengua catalana al término de la escolarización».

Jordi Pujol, presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1980 hasta 2003 (Foto: RTVE)

A pesar de las limitaciones impuestas al aprendizaje del castellano en las escuelas, no hubo por parte del Gobierno de España una oposición muy frontal a esta norma. La Ley Orgánica de Educación de 2006 establecía que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”. En 2015, la Abogacía del Estado presentó un recurso en el que invocaba la “inactividad” de la Generalitat en aplicar esta disposición.

Entre tanto, en 2009, la Generalitat sacó adelante una nueva ley de educación catalana que establece que el catalán “es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo”. El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la misma y, aunque declaró contrarios a la Constitución algunos artículos de la norma, declaró que la inmersión lingüística era constitucional siempre que se garantizara también “el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria”.

En 2013, el Gobierno del Partido Popular aprobó la LOMCE, primera ley educativa en incluir el concepto “vehicular” para referirse al castellano. Esto, sin embargo, no ha evitado que de un modo u otro las escuelas catalanas hayan ido dejando de lado la enseñanza del castellano.

El último capítulo de esta historia de ha producido este año y tiene una doble variable.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolvió el 16 de diciembre del año pasado que los centros educativos catalanes deberán impartir, como mínimo, el 25% de las clases en castellano. Esto se traduce en que los profesores estarán obligados a utilizar este idioma en la asignatura de lengua castellana y en una materia troncal adicional, rompiendo así con el modelo de inmersión lingüística catalán. El Gobierno de la Generalitat anunció que iba a recurrir la norma.

Poco menos de un mes después del fallo del tribunal, el pasado 19 de enero, entro en vigor una nueva ley de educación, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá por el nombre de la ministra de Educación que la ha impulsado. La LOMLOE elimina la calificación del castellano como “lengua vehicular”, algo que sí incluía la LOMCE del PP, así como la afirmación de que “el castellano es la lengua oficial del Estado”.

María Isabel Celáa Diéguez, Ministra de Educación y Formación Profesional de España entre 2018 y julio de 2021 (Foto: Congreso de los Diputados)

En su lugar, la nueva norma señala que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”. Desde el Govern se escudan en esta norma para defender que su sistema educativo no se verá alterado por la sentencia del TSJC.

Cataluña no es la única comunidad que se agarra a la LOMLOE para poner en un segundo plano al castellano en las escuelas. La nueva Ley de educación de Baleares, que aun tiene que ser aprobada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma, no reconoce el castellano como lengua vehicular. El anteproyecto de ley solo da este estatus al catalán, al que define como «lengua propia» y «lengua vertebradora de la enseñanza». El castellano, la lengua oficial del estado, queda rebajada a «lengua de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo», al mismo rango que las lenguas extranjeras.

12 Comentarios
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Anonymous
6 meses atrás

Verguenza de articulo. Nada politizado y supercontrastado porque «tengo un primo que vive en Mallorca». Madridcentrismo lamentable porque lo de españolismo debería ser otra cosa

Nombre
Dani
Anonymous
6 meses atrás
Reply to  Anonymous

Per quan un article que defensi el 25% de català a les resolucions judicials a Catalunya?

Nombre
Elena
Anonymous
6 meses atrás

Lamentable, desde el título

Nombre
Rafa
Anonymous
6 meses atrás

Artículo vergonzoso y politizado que forma parte de la campaña mediática contra la lengua catalana. Indigno de una revista jurídica como la vuestra.

Nombre
Josep
Anonymous
6 meses atrás

Prestaríe vivire nesta utopía que nos amuossa’l nacionalismu español onde las nuessas llinguas compitieran conu castellanu gandando tarrén onde’l castellán nun yía patrimonial. Que reculasse l’acastellanización que vien imponiendo’l poder dende fa siegros.

Nombre
Bieciu
Anonymous
6 meses atrás

Andrés, amb tu 40 anys més- (Andrés, contigo, 40 años más). Una revista como ésta no se merece este tipo de artículos desinformando.

Nombre
Joan Carles
Anonymous
6 meses atrás

¿Tan dificil le resulta a un castellano (tristemente y por extensión a un español) entender, o mejor ,intentar comprender, que una lengua es una riqueza que define a los pueblos y les identifica y que ninguna , salvo la dominante, pretende menoscabar a la otra? ¿Se cree el autor que los catalanes hablamos en catalan (cada vez menos gracias a las ideas que el articulo promulga) para menospreciar el castellano? ¿Ha estado el autor alguna vez en Catalunya y se ha molestado en contrastar que la lengua hablada predominante en Catalunya no es el catalán? Se le ha ocurrido pensar que, a lo mejor, el catalán necesita especial protección? Segurísimo que no, tan seguro como que ni siquiera se le ha ocurrido pensar que todo lo que le han dicho al respecto de la supuesta persecución del castellano en Catalunya es una mentira enorme y un arma politica para intentar dañar la conviviencia relegando la lengua propia de Catalunya y atacándola con una saña digna de mejores causas.
Al autor le ocurre lo que Antonio Machado decia refirindose a Castilla…»el español suele despreciar lo que ignora y no se molesta en querer dejar de ignorar lo que desprecia». En Catalunya, sabe, señor articulista, se puede vivir perfectamente sin saber ni hablar catalán pero no se puede vivir sin saber ni hablar castellano. Y eso es lo que deberia de preocuparle. Y la escuela está, o debería estar, entre otras cosas, para evitar que eso ocurra. Déjennos en paz y no contribuya, sio le queda un poco de dignidad, a seguir fomentando la mentira y, de paso, la ignorancia.

Nombre
Antoni Morros, Abogado
Anonymous
6 meses atrás

No hay que imponer como hicieron en el pasado, hay que fomentar, y también dar libre elección a los padres eso es la libertad y democracia, y quitar las garras de la educación politizada y ideológica. Libertad elección, stop imposiciones nacionalistas.

Nombre
Democracia
Anonymous
6 meses atrás
Reply to  Anonymous

Exacto, basta de imposiciones nacionalistas españolas q ya duran 300 años y sin proposito de enmienda. A los colonos q no les guste tienen toda la España vaciada

Nombre
Dani
Anonymous
6 meses atrás
Reply to  Anonymous

Quitar las garras de la educación politizada e ideológica significa hacer caso a los expertos lingüistas y ayudar a la recuperación del catalán evitando así su extinción. Qué casualidad que estos padres siempre pertenecen a los mismos partidos catalanófobos y ultranacionalistas españoles. Eso sí es politizar la educación. Visto tu comentario ‘Democracia’ está claro que les da rendimiento.

Nombre
Rafa
Anonymous
6 meses atrás

Aquesta revista cada vegada fa més tuf polític nacionalista i deixa de banda els temes estrictament jurídics. Aneu a pastar fang!! (para quien no lo entienda: a la mierda!!). Por cierto, alguien se ha preguntado como es posible que con tanta «imposición», todo aquel que vive en Catalunya hable y sepa escribir en castellano??? Soy fruto de la inmersión lingüística y como puede comprobarse no tengo ningún problema. Y por cierto también, en el ámbito jurídico y ante Tribunales el castellano es la lengua utilizada en más del 90% de los procesos en toda Catalunya; que, ¿aquí aplica el 25%?

Nombre
Antoni Romaní
Anonymous
6 meses atrás

vaya falsedad. la realidad es que el castellano gana terreno día a día en todos los ámbitos

Nombre
Ramon