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El reto de desregular tras las elecciones generales del 29N

La desregulación puede convertirse en una forma de debilitar el Estado de derecho si se utiliza para eliminar controles que garantizan derechos o que protegen bienes constitucionalmente relevantes

(Imagen: E&J)

Diego Fierro Rodríguez

Letrado de la Administración de Justicia




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado




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El reto de desregular tras las elecciones generales del 29N

La desregulación puede convertirse en una forma de debilitar el Estado de derecho si se utiliza para eliminar controles que garantizan derechos o que protegen bienes constitucionalmente relevantes

(Imagen: E&J)

Introducción a la desregulación como promesa electoral y como problema jurídico

La campaña electoral del 29N ha situado la desregulación en el centro del debate político. Vox y sus aliados internacionales han convertido la reducción de la burocracia en un eje de su discurso, y el Partido Popular ha prometido una «reconstrucción institucional» que, entre otras cosas, evite el abuso del decreto-ley y refuerce la calidad normativa.

La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha aprobado un proyecto de ley contra la hiperregulación que establece que cada nueva carga administrativa impuesta a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente, que las normas de organización tendrán fecha de caducidad y que las nuevas obligaciones solo podrán entrar en vigor el 2 de enero y el 1 de julio de cada año. La iniciativa sigue las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que relaciona una normativa más clara y sencilla con el crecimiento económico y la productividad.

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Pero la desregulación no es una tarea sencilla. No basta con derogar normas ni con prometer que se hará. La desregulación exige un diagnóstico riguroso de las cargas que realmente dificultan la actividad económica, una evaluación de los costes y beneficios de cada norma y un diseño institucional que impida que la simplificación se convierta en una excusa para eliminar garantías. Y exige, sobre todo, tener claro qué se quiere desregular, para qué y con qué límites. Porque no todas las normas son iguales ni todas las cargas son prescindibles, ni toda la burocracia es innecesaria.

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La desregulación bien entendida no consiste en reducir el número de normas, sino en mejorar su calidad y en eliminar las que no cumplen su función. La desregulación mal entendida puede convertirse en una operación de desmantelamiento de los controles que protegen derechos, medio ambiente o competencia.

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(Imagen: E&J)

El modelo de Madrid y sus lecciones

El proyecto de ley de la Comunidad de Madrid ofrece un modelo que merece ser examinado con atención. Su disposición más llamativa es la regla de compensación: cada nueva carga administrativa impuesta a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente. La regla es inteligente porque introduce una disciplina interna en el Gobierno: quien quiera imponer una obligación nueva tendrá que identificar una obligación antigua que pueda suprimirse. Pero también plantea problemas. La equivalencia de costes no siempre es fácil de medir, y la eliminación de una carga antigua puede afectar a derechos o garantías que no son equivalentes a la nueva obligación. La regla, por tanto, exige una evaluación cuidadosa y un control externo que evite que la compensación se convierta en un juego de trilerismo normativo.

La segunda disposición relevante es la caducidad de las normas de organización. La idea de que las normas deben tener fecha de caducidad para evitar que sobrevivan por inercia es sugerente, pero su aplicación práctica exige distinguir entre normas organizativas y normas sustantivas. Las normas que regulan la estructura de la Administración pueden caducar sin graves consecuencias, pero las que regulan derechos y obligaciones de los ciudadanos no pueden estar sometidas a un régimen de caducidad automática que genere inseguridad jurídica. La caducidad, por tanto, debe limitarse a las normas de organización interna, no a las que afectan a terceros.

La tercera disposición es el calendario de entrada en vigor: las nuevas obligaciones para las empresas solo podrán entrar en vigor el 2 de enero y el 1 de julio de cada año. La medida, inspirada en el modelo británico, persigue que las empresas puedan adaptarse a los cambios con previsibilidad. Es una buena idea, pero exige excepciones para los supuestos de urgencia genuina, porque la rigidez del calendario podría impedir la adopción de medidas necesarias en situaciones sobrevenidas.

(Imagen: CAM)

La desregulación y el Estado de derecho

Hay un riesgo que conviene señalar desde el principio. La desregulación puede convertirse en una forma de debilitar el Estado de derecho si se utiliza para eliminar controles que garantizan derechos o que protegen bienes constitucionalmente relevantes. La simplificación administrativa es deseable, pero no puede servir para suprimir la evaluación ambiental, para reducir las garantías del procedimiento sancionador o para eliminar los controles de legalidad que protegen a los ciudadanos frente a la arbitrariedad. La desregulación debe hacerse dentro del marco constitucional y con respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que España se sitúa en el puesto 31 de 38 países miembros en su Índice de Libertad Económica, con una puntuación de 93,1 frente al promedio de 100. El dato revela que hay margen de mejora, pero también que la desregulación no es una varita mágica. Los empresarios españoles señalan como principales obstáculos los costes energéticos, la incertidumbre sobre la política económica y la disponibilidad de mano de obra. La desregulación puede contribuir a reducir la incertidumbre, pero no puede resolver por sí sola problemas que dependen de otras variables.

La desregulación y la calidad normativa

La desregulación bien entendida no consiste en derogar normas, sino en mejorar la calidad del ordenamiento. La Ley 39/2015 establece que solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario, podrán incluirse trámites adicionales a los previstos en la norma. La evaluación previa de las normas, la consulta pública, la memoria de impacto económico y la revisión periódica del ordenamiento son instrumentos que permiten mejorar la calidad normativa sin renunciar a la regulación necesaria. La desregulación debe ser el resultado de un proceso de evaluación riguroso, no de una decisión política tomada al margen del análisis técnico.

La Comunidad de Madrid ha eliminado 738 cargas administrativas a través de su Línea Abierta contra la Hiperregulación, un servicio que permite a ciudadanos y empresas comunicar trámites que dificultan la actividad económica. La iniciativa es valiosa porque introduce un mecanismo de escucha activa que permite identificar las cargas que realmente afectan a los ciudadanos y a las empresas. Pero la eliminación de cargas debe hacerse con criterios objetivos y con evaluación de impacto, no en función de la presión política o de la oportunidad.

(Imagen: E&J)

El reto de desregular después del 29N

El resultado de las elecciones del 29N determinará el rumbo de la desregulación en España. Si el Partido Popular gobierna, es probable que impulse medidas de simplificación inspiradas en el modelo de Madrid. Si el Partido Socialista continúa en el Gobierno, es probable que mantenga el enfoque actual, que combina la regulación con la simplificación selectiva. En cualquiera de los escenarios, el reto es el mismo: desregular sin debilitar las garantías, simplificar sin perder calidad normativa y reducir cargas sin eliminar controles necesarios.

La desregulación es una tarea de largo recorrido que exige consenso, rigor técnico y voluntad política. No se resuelve con una ley ni con un decreto, sino con una práctica sostenida de evaluación y mejora. La experiencia de la Comunidad de Madrid ofrece lecciones valiosas, pero también advierte de los riesgos. La regla de compensación, la caducidad de las normas organizativas y el calendario de entrada en vigor son instrumentos útiles, pero no sustituyen a la evaluación rigurosa ni al control democrático.

Reflexiones finales sobre un reto que exige más que promesas

El reto de desregular tras el 29N no se resolverá con promesas electorales ni con eslóganes. Exige un diagnóstico honesto de las cargas que realmente dificultan la actividad económica, una evaluación rigurosa de los costes y beneficios de cada norma y un diseño institucional que impida que la simplificación se convierta en una excusa para eliminar garantías.

La desregulación es necesaria, pero no puede hacerse a costa del Estado de derecho. La calidad normativa es un bien público que exige inversión, consenso y rigor. Y el rigor, en derecho, no se improvisa. Se construye con evaluación, con participación y con control.

El 29N decidirá quién gobierna, pero la desregulación no puede ser un proyecto de un solo partido. Debe ser un proyecto de país. Y como todo proyecto de país, exige más que promesas. Exige hechos. Y los hechos, en materia normativa, se miden en calidad, no en cantidad. Porque una norma menos no es necesariamente una norma mejor. Y una norma mejor no es necesariamente una norma más simple. La desregulación es un arte que exige equilibrio. Y el equilibrio, en derecho, se llama proporcionalidad. Ojalá el próximo Gobierno lo recuerde.

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