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Artículos jurídicos

Fijación de honorarios de abogado en el procedimiento de tasación de costas



  • El procedimiento de tasación de costas está regulado en los arts. 241 a 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, cuya redacción ha sido objeto de múltiples modificaciones.[1] Es manifiestamente mejorable

Debe comenzarse por manifestar que es el justiciable –y no su Abogado o procurador- el que puede pedir que se tasen las costas[1] o solicitar la inclusión de determinada partida sin perjuicio que aquéllos lo hagan a nombre y por cuenta de su cliente. Esto, a pesar de lo que podría deducirse de la disposición legal que permitiría la presentación directa de la minuta y cuenta detallada, que no es sino traslación de lo que disponía el artículo 423.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

La ley no establece un plazo para solicitar la tasación. Lo que no permite es que se haga antes de que la resolución sea firme –esto es, no cabe la ejecución provisional[2]– y exige que no se hayan abonado previamente. La jurisprudencia ha resuelto que le es aplicable el plazo de caducidad de los cinco años que establece el artículo 518 LEC[3].

La tasación de costas la practica el Letrado de la Administración de Justicia. Tendrá a la vista la minuta detallada –ex artículo 243 LEC- que no debe incluir lo inútil, lo superfluo ni lo extrajudicial- y la cuenta de gastos del Abogado.





La minuta no es necesariamente una factura ni precisa cumplir con los requisitos formales de la legislación fiscal.[4] A pesar de que del texto de la ley pareciera que el importe de la minuta debe coincidir con lo que el cliente ha pagado al Abogado, ello no es así.





En efecto, por un lado, la minutano tiene que referirse a lo ya cobrado por el abogado[5]. Puede ser que ni haya cobrado ni siquiera vaya a cobrar en el futuro por dependencia, condición de funcionario, renuncia a los honorarios por designación en turno de oficio o por cualquier otra circunstancia. O, también, puede ser que el Abogado haya cobrado más por existir pacto en ese sentido[6] o que el Letrado haya cambiado.[7]

Es preciso que se individualicen los conceptos que se minutan y, aunque no se indique el importe de cada uno de ellos, sino simplemente un total, es necesario que pueda deducirse la cantidad que corresponde a cada uno, para que, en caso de que se estimen indebidos o excesivos alguno o algunos, pueda saberse lo que debe rebajarse. Para esta deducción, en caso de que se señale una suma global para todo el procedimiento podría aplicarse la distribución para cada una de sus etapas que se prevé en las normas. Esa individualización es suficiente para cumplir con la condición de detallada que exige la ley y tampoco es necesario que se citen los criterios del Colegio de Abogados.[8] El detalle no tiene otro objeto que el condenado en costas pueda “ejercer plenamente su derecho a la contradicción”.[9]

La minuta incluida en la tasación de costas puede impugnarse por indebida o excesiva.

La impugnación por indebida se produce por la inclusión, a juicio del impugnante, por no constar el detalle, por referirse a actuaciones realizadas extra processum o no ser preceptivas, ex artículos 32.5[10] y 241 LEC, o por haberse incluido partidas “inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley”, esto es, no necesarias para la defensa.[11]

Impugnada la tasación por indebida, se da traslado a la otra parte y se resuelve por decreto. La reforma imperada en 2009 del artículo 246 LEC eliminó el trámite de vista excluyendo así la posibilidad de aportar nuevas pruebas distintas a la documental y, en su caso, a la pericial.

Determinados que los honorarios del Abogado son debidos, se establecerá su cuantía decidiéndose si la reclamada es o no excesiva. Existe un límite que prevé el artículo 394 LEC, que prevé que el total de las que correspondan a Abogados y demás profesionales no sujetos a arancel no podrá exceder de la tercera parte de la cuantía del proceso, salvo que se haya declarado la temeridad del condenado en costas. Si la cuantía es inestimable –que no indeterminada- se valorará en 18.000 euros, salvo disposición en contrario por el tribunal atendida la complejidad del asunto.

A los efectos de establecerse el máximo, no debe computarse la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cuando se impugnan los honorarios por excesivos se solicitará informe del respectivo Colegio de Abogados, informe que no es vinculante.

La LEC dispone que los Abogados fijarán sus honorarios conforme a las normas reguladoras de su estatuto profesional. Sin embargo, no existen hoy por hoy tales normas que han sido eliminadas por insistencia de las autoridades de la Competencia. Los Colegios de Abogados sólo pueden elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los Abogados según establece la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Colegios Profesionales en su vigente redacción. Estos criterios no son equivalentes a los antiguos baremos sino simplemente fórmulas para determinar el importe tomando en consideración la complejidad del asunto, su cuantía, la importancia para el cliente y otros conceptos parecidos.

El artículo 246.1 LEC parece permitir al Abogado aceptar o no la reducción de sus honorarios impugnados por excesivos. Sin embargo, tal potestad no le pertenece ya que el crédito no es suyo sino de su cliente y sólo a éste le corresponde tomar decisiones en ese sentido.

En cualquier caso, aunque se vea reducido en la tasación de costas el importe de los honorarios del Abogado, el derecho de éste a reclamar de su cliente el importe que hubiesen convenido permanece inalterable.

Si bien la cuantía del procedimiento no es el único factor a toma en cuenta para la determinación de los honorarios es importante contar con su fijación en el momento de la litis contestatio prevista en los artículos 251 y 252 de la LEC. No es infrecuente que el actor alegue que la cuantía es indeterminada –valorado pues el asunto en 18.000 euros- para evitar el riesgo de una condena en costas de importancia y una vez obtenido un pronunciamiento favorable pretenda que se tome en cuenta el auténtico valor de lo debatido.

Si bien la normativa de los Colegio difiere, a mi entender, por aplicación de la imposibilidad de ir contra sus propios actos y de la necesaria seguridad jurídica respetarse la fijación de la cuantía ab initio no siendo posible el variar el criterio alegando que el valor real de lo discutido es superior. En este sentido, se inclina la jurisprudencia.[12] Lo anterior no es aplicable al demandado si no ha hecho ningún pronunciamiento en cuanto a la cuantía, pero sí, en caso contrario.

La nueva LEC introdujo una norma sobre la imposición de costas para el caso de impugnación de los honorarios de Abogado por excesivos. Si se desestima totalmente, se imponen al impugnante, pero si se estima, total o parcialmente, al Abogado. No cabe mayor absurdo. El Abogado minutante no es parte en la impugnación y cualquiera que sea el acuerdo con su cliente –demasiado frecuente es el caso de que las costas acceden en definitiva al Letrado- la impugnación ni la hipotética reducción no le afectan jurídicamente ya que las costas son de la parte y no de su Letrado.[13]

Esto supone un insólito supuesto en que se imponen las costas a quien no es parte en el asunto sino solo su Letrado.

En efecto, mientras que en el caso de que se desestime la impugnación de la tasación de costas, las costas del incidente se imponen a la parte que hubiera planteado la impugnación, lo cual resulta coherente con el criterio general de vencimiento establecido en los arts. 394 y siguientes de la LEC, en el caso en el que la impugnación se estime total o parcialmente las costas se imponen al abogado, no a la parte a la que defiende.

Y a mayor abundamiento, las costas al Abogado se imponen cuando la impugnación se estima sólo parciamente lo que estimación parcial de la impugnación lo que no es la norma habitual.

La jurisprudencia ha matizado esta rigurosa norma entendiendo que no es procedente la imposición de costas al Abogado cuya minuta coincide en su cuantía con el informe del Colegio.[14]

CONCLUSIONES

El sistema de la tasación de las costas es manifiestamente mejorable. La falta de determinación de las costas que debe soportar el condenado al carecer los Colegios de la facultad de establecer baremos accesibles al justiciable por mor de las autoridades de la competencia introduce tanto al Abogado como a la parte en una indefinición que para este último tienen consecuencias muy negativas porque a pesar de no ser parte en el procedimiento de tasación puede resultar condenado, a su vez, en costas lo que es particularmente llamativo cuando la impugnación es parcial. Urge una reforma.

 

El informe de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española formula las siguientes conclusiones en su informe que, por su concisión, transcribo a continuación:
“1. La tasación de costas solo puede solicitarse por la parte que ha obtenido a su favor la condena en costas, como titular del crédito resultante de la condena en costas que tiene la parte favorecida por la condena en costas frente a la parte condenada a su pago.
 
2. Carece de fundamento, y sería aconsejable su modificación, el art. 246.3 de la LEC en cuanto dispone que, si la impugnación de la tasación de costas por excesivos fuera estimada total o parcialmente, se impongan las costas al Abogado cuyos honorarios se hayan considerado excesivos. No debieran imponerse las costas al Abogado porque ni el Abogado es parte en este procedimiento, sino su cliente, ni los honorarios en discusión constituyen un crédito que reclame el abogado (que puede no ser ni siquiera el mismo que intervino en el litigio y cobró honorarios).
3. Por razones distintas, cabría también plantear la conveniencia de suprimir la exigencia legal de que, para la tasación de costas, haya de estar firme la sentencia que condene en costas pues, conforme a la LEC de 2000, la regla general es la posibilidad de ejecución provisional de sentencias condenatorias, sin que se entienda por qué puede ejecutarse provisionalmente cualquier pronunciamiento de la sentencia que condene a un pago y no el pronunciamiento sobre la condena en costas.
 
4. Con la solicitud de tasación de costas se ha de presentar minuta detallada del abogado que, en defensa de su cliente, solicita la tasación de costas. Pero ni la minuta tiene necesariamente que ser emitida por el abogado que ya cobró o que cobrará en el futuro los honorarios, ni la minuta tiene que contener los honorarios que efectivamente se hayan pactado para el asunto, sino aquella cantidad que, en concepto de honorarios de letrado, se entienda procedente que soporte el condenado en costas.
 
5. No resulta unánime la jurisprudencia, ni los criterios de los distintos Colegios de Abogados, sobre si en la tasación de costas, a efectos de determinar los honorarios de abogado, puede considerarse una cuantía distinta de la fijada en el proceso judicial en que se dictó la condena en costas. Entendemos que hay razones para considerar que el demandante no podrá sostener en la tasación de costas que la cuantía del asunto sea distinta de la que él mismo fijó en su demanda, pero el demandado sí podrá mantener una cuantía distinta de la fijada por el demandante, o de la considerada en el decreto de admisión de la demanda, si en el procedimiento en que se dictó la condena en costas se fijó la cuantía en indeterminada o en cantidad determinada que el demandado no pudo impugnar porque, de haberse determinado la cuantía correcta, ello no hubiera modificado el procedimiento a seguir ni la procedencia del recurso de casación.”

 

Sobre el autor: Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Doctor en Derecho. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española.

[1]  Interpretación lógica del artículo 242.2 LEC efectuada por la STS de 18 de enero de 2003, entre otras.

[2] Que sí puede despacharse por el principal e intereses ex artículo 575 LEC y si procede la imposición de costas en la ejecución provisional pueden tasarse antes que las devengadas en el asunto principal.

[3] AATS de 11 de noviembre de 2011, 11 de Septiembre de 2012 y 30 de abril de 2013, entre otros,

[4] Así lo ha resuelto la AP de Madrid el 12 de abril de 2005.

[5] STS de 26 de octubre de 2010, AATS de 3 de diciembre de 2008 y de 22 de julio de 2008, entre otros.

[6] AATS, de 16 de febrero de 2010, 8 de noviembre de 2007 y 8 de enero de 2008.

[7] SSTS 24 de noviembre de 2009 y 22 de junio de 2010

[8] SSTS de 15 de septiembre de 1989, 23 de mayo de 1996, 30 de mayo de 2008, 20 de mayo de 2000, 18 de septiembre de 2002, 10 de julio de 2009 y 22 de marzo de 2010.

[9] STC de 26 de enero de 1980

[10] Con las dos excepciones que prevé esa disposición. El artículo 31 LEC, por su parte, establece los casos en que no es preceptiva la intervención de Abogado.

[11] SSTS de 31 de octubre de 2002 y 19 y 20 de noviembre de 2003

[12] SSTS de 12 de febrero de 1996, 16 de mayo de 1998, 8 de julio de 1996, 3 de octubre de 1996, 26 de noviembre de 1997, 3 de junio de 1998, 2 de febrero de 1999, 24 de marzo de 2004 y 23 de noviembre de 2005; ATS de 21 de septiembre de 2004 y otros muchos, aunque también se ha resuelto lo contrario: SSTS de 5 de octubre de 2001 y 16 de enero de 2002, por ejemplo.

[13] En aplicación de este aserto, las costas pueden ser embargadas por una deuda del justiciable o compensadas con un crédito de la parte contraria o sufrir cualquier otra contingencia aportada por el cliente.

[14] AATS de 16 de febrero de 2010, 9 de febrero de 2010, 26 de mayo de 2009 y 15 de septiembre de 2009.

Para que se proceda a su tasación es evidente que exista previamente una condena al pago de las costas. Si bien pueden reclamarse en un declarativo[2], el empleo de este procedimiento especial permite su inmediata ejecución.

[1] por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, Ley 37/2011, de 10 de octubre, Ley 10/2012, de 20 de noviembre, RD-Ley 3/2013, de 22 de febrero, y Ley 42/2015, de 5 de octubre.

[2] Así lo ha declarado la STS de 22 de febrero de 2007, con abundantes referencias a otras anteriores.

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